Cermi muestra satisfacción por el hecho de que la Ley de Atención a Personas con Discapacidad recoja sus peticiones

 

Cermi muestra satisfacción por el hecho de que la Ley de Atención a Personas con Discapacidad recoja sus peticiones

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Publicado 14/09/2017 18:53:16CET

SEVILLA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (Cermi Andalucía) ha celebrado que el Pleno del Parlamento andaluz aprobara la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad: las entidades miembros del Cermi Andalucía han mostrado su satisfacción por el hecho de que la ley recoja sus reivindicaciones.

La nueva Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, que sustituye a la Ley 1/1999, quedaba aprobada con el voto en contra del PP-A, la abstención de IULV-CA y el respaldo del PSOE-A, Podemos y Ciudadanos.

En una nota, Cermi Andalucía ha valorado que la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad se adecúe a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, texto ratificado por España a finales de 2007.

El Grupo Parlamentario Socialista ya presentó el pasado martes el proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad a las entidades del sector en una Jornada de Parlamento Abierto a la que asistió una nutrida representación de las entidades miembros del Cermi Andalucía. De igual modo, una amplia delegación del Cermi Andalucía, encabezada por su presidente, José Manuel Porras, estuvo presente este miércoles durante la aprobación de la ley en el Parlamento.

FEAFES CELEBRA LA CUOTA DEL 1% DE EMPLEO

El presidente de Feafes Andalucía Salud Mental, Manuel Movilla, ha celebrado que la nueva Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía prevea la reserva de un 1 por ciento de la oferta de empleo público para la discapacidad a las personas con problemas de salud mental.

La nueva normativa aprobada en el Parlamento andaluz, recuerda Feafes en una nota, recoge una norma esencial para el colectivo de personas con problemas de salud mental y obliga a las administraciones públicas a reservar un 1 por ciento de las plazas tanto de ofertas de empleo público como en las bolsas de trabajo temporal destinadas a personas con discapacidad (10%) para ser ocupadas por personas con problemas de salud mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

La aprobación del artículo 28 supone "un punto de inflexión para la conquista de derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, que desde hace más de 25 años se está defendiendo desde el movimiento asociativo de familiares y personas con enfermedad mental". Esta medida se incorporó en el proyecto de ley tras la participación de Feafes Andalucía Salud Mental en el proceso legislativo de la mano del Cermi Andalucía.

"Se trata de una apuesta clara y directa del Gobierno andaluz por lograr la inserción social y laboral del colectivo, acabar con el estigma y la discriminación que les afecta y que en igualdad de condiciones con otro colectivo les hacía quedar fuera de los procesos de selección o de los puestos de trabajo", según constata el último informe del Instituto Nacional de Empleo (INE) sobre empleo de personas con discapacidad, que señala que la enfermedad mental es la segunda discapacidad con menor tasa de empleo, bajando un 0,5 por ciento desde 2014, hasta llegar al 15,9 por ciento --por detrás de la discapacidad intelectual--.

Movilla afirma que "es un momento de satisfacción para nosotros por muchos motivos, pero sobre todo porque por fin vemos que nuestro trabajo, a través de la participación y la reivindicación del movimiento asociativo, ha logrado saldar una deuda histórica a tantas personas que, como yo, nos hemos visto privados del acceso a los derechos más básicos de ciudadanía".

La federación andaluza presentó las enmiendas y aportaciones incidiendo en la especial vulnerabilidad de estas personas por el estigma y la discriminación que sufren, en la necesidad de adoptar medidas específicas que fueran aplicables a las personas con problemas de salud mental en concreto.

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