GRANADA, 5 May. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Francisco Álvarez de la Chica, ha considerado este jueves que la convocatoria de oposiciones para maestro para el próximo curso en la Comunidad Autónoma tiene "amparo jurídico y político" y ha asegurado que el Gobierno de España no le ha comunicado "ni oficial ni extraoficialmente" que vaya a recurrirlas, como sí ha hecho ya en otras comunidades por incumplir lo estipulado en la Ley de Presupuestos Generales.
En declaraciones a los periodistas en Granada, el consejero ha querido mandar en ese sentido "un mensaje de tranquilidad" a los más de 35.000 opositores en Andalucía, y ha señalado que a ellos les corresponde "estudiar y prepararse bien" y a la Administración Autonómica "disponerlo todo para que las oposiciones se celebren cuando están previstas".
Según ha indicado, en Andalucía la decisión de convocar la oferta pública de empleo cumple la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que permite, en su artículo 23.1, "concentrar un 10 por ciento de crecimiento en plazas de funcionario en aquellos aspectos que considera esenciales", y además cumple "con los andaluces estableciendo en la educación su principal política".
"Tenemos el sistema educativo más importante de España, el que más crece y que más va a crecer en el próximo curso, ya que uno de cada tres alumnos del país será andaluz. Por tanto necesitamos de los recursos humanos, maestros y maestras, para atender nuestra obligación como Comunidad Autónoma. Es nuestra responsabilidad y así lo estamos haciendo", ha mantenido el consejero, que ha informado además que, de producirse algún requerimiento por parte del Gobierno, el Ejecutivo andaluz defenderá "con la máxima lealtad institucional" sus planteamientos, que considera "ajustados a derecho y con fundamente políticos".
Así, ha afirmado que las oposiciones no han sido recurridas y que, en el caso de que lo fueran por la Abogacía del Estado, la Junta de Andalucía tendría un plazo para hacer las alegaciones correspondientes. "Nosotros entendemos que cuando acordamos la manera y el número de plazas de la oferta pública de empleo lo hicimos con el conocimiento y el acuerdo con el Ministerio de Administraciones Públicas, que es el competente en la función pública en España, por lo tanto el Gobierno tenía pleno conocimiento", ha dicho.
