COAG denuncia que "parte del aceite no se corresponde con la etiqueta" y pide al Ministerio, que "lo sabe", contundencia

Miguel López (2d), junto a Gregorio López, Juan Luis Ávila y Antonio Rodriguez.
EUROPA PRESS
Actualizado 28/01/2015 14:19:18 CET

JAÉN, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en Andalucía ha afirmado que "una parte del aceite" de oliva que se comercializa en España "no corresponde a lo que marca la etiqueta", por lo que ha instado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), que "lo sabe", a actuar con contundencia contra "especuladores y chorizos".

Así lo ha manifestado este miércoles en Jaén en rueda de prensa el secretario general de la entidad, Miguel López, quien, junto a su homologo en la provincia jiennense, Juan Luis Ávila, y los responsables estatales de Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa, Gregorio López y Antonio Rodríguez, han analizado la situación de este sector.

"Ya no queremos intervención, sencillamente ordenar los mercados, trabajar con dignidad y para eso hay que obtener una renta digna y salarios razonables", ha dicho para aludir a los costes de producción, como electricidad, gasóleo o fertilizantes --que, además, en estos últimos casos no están reflejado la bajada del precio del petróleo--, que continúan "asfixiando" a los agricultores. A su juicio, deberían "costar menos", pero se está "especulando y se permite", de ahí que haya reclamado a las autoridades de competencia que hagan algo.

En cualquier caso, no son los costes el único problema del sector oleícola, sino que lo tiene "también en los precios", punto en el que ha considerado que "no puede ser" que en España, que aglutina un tercio del mercado mundial, se sitúen ahora en los 2,80 euros por kilo, y en "menos" hace meses, frente a los seis de Italia o los tres de Grecia.

Para el secretario general de COAG-A, incluso dando por bueno ese precio, a partir del cual comienza a haber rentabilidad, "sería un mirlo blanco". Sin embargo, "no es la realidad permanente" de un sector que "están desactivando económicamente" y poniendo a los productores "a los pies de los caballos" con prácticas como "guerras de precios, venta a pérdidas o productos reclamo" de las que están "hartos".

Al respecto, ha afirmado que en España "hay una parte de aceite" de oliva, que ha preferido no especificar "de momento", en la que "lo que va dentro no corresponde a lo que marca la etiqueta" y existen "algunos" que hacen "aceites a la carta a la demanda de la distribución".

"Esto ha estado ocurriendo y somos conscientes de que está ocurriendo. Lo que pasa es que no teníamos certeza, no podíamos, por así decirlo, demostrarlo. En estos momentos, sabemos y nos consta que el Ministerio tiene datos", ha aseverado López, quien ha reclamado que los ponga sobre la mesa y aplique el marco legal existente para ir "a muerte" contra "especuladores y chorizos" para sacarlos del mercado.

Ha abogado, además, por dejarse "de rollos" ante quienes puedan afirmar que esta denuncia puede significar que se va a "tirar el mercado al suelo" o se genere alarma, ya que lo que los consumidores piden en honestidad y controles, de modo que "si ven que funcionan (esos mecanismos de vigilancia), el mercado va a funcionar de una manera correctísima".

SITUACIÓN "INACEPTABLE"

Así las cosas, ha exigido a las instituciones competentes que actúen, como "están obligadas", para frenar una situación "inaceptable", "maltratando de esta manera a un cultivo primordial", del que dependen directamente más de 300 pueblos y entre 600.000 y 700.000 personas en Andalucía, donde significa el 30 por ciento de la superficie cultivada, 169.000 explotaciones y la generación de dos millones de jornales que se traducen en 103.000 puestos de trabajo fijos.

Al hilo, el secretario general de COAG-Jaén --que ha dejado claro que no se habla "de un fraude alimentario", sino de que "lo que pone la etiqueta no se corresponde con lo que hay dentro en cuanto a la calidad"-- ha exigido "contundencia" en esas actuaciones por parte de las administraciones.

En este sentido, Ávila se ha preguntado de qué sirven sanciones que por su cuantía apenas tienen consecuencias para quienes realizan este tipo de prácticas y ha considerado "increíble" casos anteriores, como que desde la Junta en su momento no se ofreciera marcas implicadas.

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