El Consorcio de Bomberos culpa al Consistorio de La Carlota de los retrasos en la legalización de su Parque

 

El Consorcio de Bomberos culpa al Consistorio de La Carlota de los retrasos en la legalización de su Parque

Jurado y Gutiérrez en la rueda de prensa
EUROPA PRESS/DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
Publicado 03/12/2014 16:49:41CET

CÓRDOBA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba, Manuel Gutiérrez, ha responsabilizado este miércoles al Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba) del retraso en el proceso de legalización de las obras de construcción del Parque de Bomberos de la localidad.

Para ello, ha detallado en rueda de prensa, junto al actual gerente del consorcio, Juan Carlos Jurado, una serie de incongruencias administrativas y de gestión del anterior equipo de directivo del Consorcio, y también de ejecución, por parte de la empresa constructora.

Manuel Gutiérrez ha calificado como "despropósito administrativo" todo el proceso de construcción, empezando por la propia cesión del terreno donde actualmente se ubica el Parque. Así, ha explicado que "en 2007 el Ayuntamiento debió entregar el solar para construir el parque libre de edificaciones y rasateado a cota cero, pero fue el Consorcio quien pagó la demolición de la nave, por 40.000 euros, y sufragó el relleno de la parcela, con un coste de 150.000 euros".

Además, el también vicepresidente tercero de la institución provincial ha señalado que "un tercio de la parcela que ocupa el Parque no es del Consorcio, y el Ayuntamiento se comprometió a cederla, siendo consciente de que no era propietario" y, desde el Consorcio "insistimos en la necesidad de que se produzca esa cesión".

En esta línea, el gerente del Consorcio ha indicado que "había una zona verde de unos tres metros lineales (unos 300 metros cuadrados) que se había invadido y una falta de protección ignífuga en los pilares del edificio. Por ello, en 2013 se solicitó al Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU) que realizara el proyecto de legalización, subsanando estas deficiencias".

En este sentido, Jurado ha agregado que, "a nuestra iniciativa, se ha retranqueado tres metros de la valla perimetral derecha al detectar la invasión de suelo reservado a zona verde pública. También se han subsanado las deficiencias básicas para la legalización del Parque, incluyéndose las obras que se realizaron fuera de proyecto y sin procedimiento de contratación".

Por otro lado, Gutiérrez ha indicado que "el Ayuntamiento tardó dos años en otorgar la licencia de implantación de actividad y la licencia de obras se otorgó prácticamente con la obra terminada". A este respecto, Juan Carlos Jurado ha informado que "ha sido en julio de este año cuando se ha concedido la licencia de apertura -habiéndose solicitado en 2009-, con la que se ha podido contratar la luz, y evitar la luz de obra, que se estaba utilizando hasta la fecha".

Ambos representantes de la dirección actual del Consorcio han lamentado, además, que se haya construido un nuevo colegio en las proximidades del Parque, "con el peligro evidente que esto supone. Nos hemos visto obligados a exigir la modificación de la zona de salida, ya que la que se ideó tampoco se ha llevado a efecto y dudamos que se haga".

Por otro lado, el presidente del Consorcio ha comentado que "se trató de eludir la bonificación del 75% del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), que tiene recogida en la ordenanza de este impuesto, aplicable a obras que sean consideradas de especial interés y utilidad municipal para el proyecto de legalización".

Por último, Manuel Gutiérrez ha informado que continúa la causa iniciada en el Juzgado de Posadas por la contratación sin procedimiento administrativo de las obras complementarias a las incluidas en el proyecto, así como por la duplicidad en la facturación de algunos conceptos y la adecuación de sus precios al valor mercado.

Además, por iniciativa del juzgado maleno, se sigue sigue un proceso en el Tribunal de Cuentas sobre el posible alcance del perjuicio de los intereses públicos, tanto por acción, como por omisión, estando citadas las partes en marzo de 2015.

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