El Consultivo concluye que el caso de Inmaculada es una limitación del esfuerzo terapéutico negativa no punible

Actualizado 01/03/2007 13:47:28 CET

Sostiene que la normativa "no deja lugar a dudas" y que existen ejemplos de que no es punible la interrupción de un tratamiento

GRANADA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Consultivo de Andalucía ha dictaminado que el caso de Inmaculada Echeverría, la mujer ingresada en el Hospital San Rafael de Granada con una distrofia muscular progresiva y que pide que se le desconecte del respirador que la mantiene con vida, es una limitación del esfuerzo terapéutico negativa y "adecuada a derecho", por lo que considera que la actuación de los profesionales sanitarios que procedan a la desconexión del aparato de ventilación mecánica "no puede considerarse punible".

Este dictamen, hecho público hoy y que sólo ha obtenido un voto en contra, responde de esta forma a las cuestiones que la Consejería de Salud le solicitó acerca de si la solicitud de limitación del esfuerzo terapéutico y negativa al tratamiento con ventilación mecánica efectuada por la paciente podía considerarse adecuada a derecho.

También resuelve la duda planteada por el departamento del ramo sobre si, en el supuesto de que la anterior consulta se sustancie con un dictamen afirmativo, la actuación de los profesionales sanitariosprocediendo a la desconexión del aparato de ventilación mecánica podría considerarse punible desde el punto de vista jurídico.

En concreto, el Consejo Consultivo sustenta su dictamen tras analizar la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente y determinar que "la idea capital subyacente" es que las prestaciones sanitarias "no se pueden imponer contra la voluntad del paciente que, consciente y libremente, las rechaza, aunque se trate de una situación de riesgo para la vida".

Con todo, la misma resolución agrega que la citada ley exige requisitos dirigidos a asegurar la manifestación "autónoma, libre y consciente" de la voluntad del paciente, añadiendo ciertos requisitos y deberes, acordes con la relevancia de las decisiones adoptadas en este ámbito y exigibles también por razones de seguridad jurídica.

Además, puntualiza que la solución a las cuestiones planteadas pasa por el examen de los derechos fundamentales concernidos, de la jurisprudencia y de la interpretación de las normas que regulan la autonomía de los pacientes y el consentimiento por éstos de los tratamientos médicos, así como por la regulación que efectúa el Código Penal para la protección de la vida y de la integridad física y moral.

LA NORMATIVA "NO DEJA LUGAR A DUDAS"

Aún con ello, argumenta que la normativa de la ComunidadAutónoma de Andalucía, en concreto la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía, concibe el principio de autonomía de la voluntad del paciente en unos términos tan amplios "que no dejan lugar a dudas sobre la posibilidad de que la falta de consentimiento para una determinada intervención o asistencia, la revocación del mismo o el rechazo de un determinado tratamiento son decisiones lícitas, aún cuando puedan acarrear situaciones que comprometan gravemente la salud del paciente y lleven incluso a la muerte".

Por ello, el Consejo Consultivo entiende que las normas jurídicas analizadas "permiten que cualquier paciente que padezca una enfermedad irreversible y mortal pueda tomar una decisión como la que ha adoptado Inmaculada Echevarría".

En estas circunstancias, continúa el dictamen, el Consejo entiende que se trata de una petición "amparada por el derecho a rehusar el tratamiento", al tiempo que recuerda que, si bien el Convenio de Oviedo sienta como regla general el consentimiento libre e informado del paciente para la práctica de una intervención en el ámbito de la sanidad, el mismo consentimiento puede ser retirado libremente --por el paciente-- en cualquier momento.

ACTUACIÓN PROFESIONALES

Siendo así, "resulta exigible la conducta debida por parte de los profesionales sanitarios para que sea respetado el derecho de la misma a rehusar los medios de soporte vital que se le aplican", continúa el escrito.

"Centrándonos en la punibilidad de la conducta de los profesionales sanitarios, el Consejo Consultivo de Andalucía constata cómo la práctica generalidad de la doctrina penal excluye, en todo caso, que sea delito la llamada eutanasia pasiva indirecta, porque una cosa es matar mediante un acto directo, y otra cosa dejar morir por la interrupción de un tratamiento tras la solicitud del paciente", sentencia el Consultivo.

Así, y a modo de "ejemplos más relevantes" que la doctrina penal denomina eutanasia pasiva indirecta. el dictamen cita los casos de cesación de suministro de medicamentos, rehusar el tratamiento oncológico en los casos de cáncer terminal y, "precisamente y muy señaladamente", la interrupción de la ventilación mecánica mediante la desconexión de los aparatos.

El pasado 21 de noviembre Inmaculada Echevarria solicitó mediante escrito dirigido al equipo médico responsable de su atención, y a la Consejería de Salud, la suspensión del tratamiento con ventilación mecánica que viene recibiendo en los últimos 10 años en el Hospital San Rafael de Granada, por parte de la Unidad de Ventilación Mecánica Domiciliaria del Hospital San Cecilio de Granada, suspensión que conducirá, con casi total probabilidad, al fallecimiento de la paciente, a causa de la avanzada enfermedad muscular irreversible que padece.

La Comisión Autonómica de Ética e Investigación Sanitarias deAndalucía emitió recientemente un informe al respecto, opinando que la solicitud de la paciente puede encuadrarse como un "rechazo del tratamiento", expresado como "revocación" del consentimiento previamente emitido para recibir tratamiento de soporte vital mediante ventilación mecánica.

Rafael Catalá

Rafael Catalá

Ministro de Justicia

28/11/2017

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