Consumidores andaluces denuncian "abusos" en la refacturación a usuarios de eléctricas aludiendo a un supuesto fraude

Publicado 02/03/2018 16:24:25CET

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía (Cpcua), máximo órgano de consulta y representación de los consumidores y usuarios de Andalucía, ha denunciado abusos por parte de las eléctricas a la hora de refacturar a los usuarios con hipotéticos casos de fraude.

Para ello, el Consejo ha emitido un informe en el que pone de manifiesto el "creciente aumento" en el número de expedientes en los que las eléctricas "acusan a los consumidores de supuestos fraudes en el suministro eléctrico" y donde "se reclaman cantidades desorbitadas amparadas en el uso de prácticas poco garantistas y de una deficitaria regulación".

El Consejo, integrado por las organizaciones de consumidores Adicae-Andalucía; Al-Andalus; Facua Andalucía y UCA-UCE, estima asimismo en un comunicado que "son muchas las irregularidades que se están produciendo por parte de las compañías eléctricas tanto en la falta de capacidad de los operarios encargados de realizar las instalaciones eléctricas, como con los procedimientos de refacturación que, en muchos casos, vulneran derechos fundamentales de los usuarios".

La tipología más común asociada a estos conflictos "está relacionada con casos en los que la empresa comercializadora, o la propia distribuidora en ausencia de contrato, pone en conocimiento del usuario, la detección por parte de operarios (normalmente de empresas subcontratadas) de una presunta alteración en la instalación eléctrica o el contador tendente a obtener un ahorro en la factura eléctrica".

Para el Consejo, los argumentos de la denuncia "son dudosos, debido a que las pruebas sobre las que se sustenta no se presentan o el hecho de que sea cuestionable la capacidad e imparcialidad de las personas encargadas de levantar las actas". Ha añadido que "en numerosos casos, incluso, el usuario no ha recibido comunicación previa de la actuación, no aparece su firma en el acta dado que la supuesta actuación se ha realizado en su ausencia, generándose por tanto una situación de desprotección absoluta".

De esta forma, lamenta que "el usuario afectado se ve con un requerimiento de pago de unas cantidades excesivas bajo la amenaza del corte de suministro ante su impago, o incluso pudiendo ser imputado un delito".

El Consejo ha explicado que las supuestas pruebas aportadas por las eléctricas "son actas de operarios perteneciente en la mayoría de los casos a empresas subcontratadas por la distribuidora y que obviamente no tienen condición de agentes de la autoridad, siendo por tanto partes interesadas en el procedimiento sancionador".

REVISIÓN DE LA LEGISLACIÓN

El Cpcua estima que "es necesaria una revisión y un mayor desarrollo de lo establecido en la legislación vigente, ya que la falta de precisión y ciertos vacíos normativos han provocado prácticas absolutamente abusivas por parte de las eléctricas, carentes de la transparencia necesaria y que vulneran de forma clara los derechos de los consumidores".

A su juicio, "es fundamental aclarar la aplicación de los criterios de estimación de la energía o potencia no facturada en los supuestos en los que se demuestre la existencia de fraude y también introducir especificaciones que permitan diferenciar situaciones de fraude de otras que pudieran ser solo anomalías y que requerirían un tratamiento distinto".

El Cpcua ha recordado que el suministro eléctrico "es hoy por hoy un servicio básico", por lo que entiende que "se deben poner en funcionamiento las herramientas necesarias para paralizar cortes y requerimientos de pagos en aquellos casos en los que el usuario ponga en duda los hechos manifestados por las distribuidoras; presentado una reclamación ante la administración competente hasta la resolución de la citada reclamación, a fin de no vulnerar el derecho a la presunción de inocencia".

Los consumidores andaluces han apuntado que esta problemática "no ha pasado desapercibida para muchos organismos e instituciones, que se han pronunciado respecto a su existencia y a la necesidad de cambios normativos".

En este sentido el Cpcua analiza en su informe los pronunciamientos del Defensor del Pueblo (España); el Defensor del Pueblo Andaluz; la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia; la Consellería d*Economía, Industria, Turisme i Ocupació de la Generalitat Valenciana; la Junta de Castilla y León o la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía; así como también, desde el ámbito judicial y diversas sentencias.

El ha manifestado que es "consciente de que el fraude por manipulación de las instalaciones eléctricas indudablemente existe", por lo que "debe ser perseguido y sancionado, pero, eso sí, debe hacerse con todas las garantías que establece el Estado de derecho".

Antonio Sanz Cabello

Antonio Sanz Cabello

Delegado del Gobierno en Andalucía

03/05/2018
Rafael Catalá Polo (Presentador de D. Antonio Sanz Cabello)

Rafael Catalá Polo (Presentador de D. Antonio Sanz Cabello)

Ministro de Justicia

03/05/2018

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