SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
En la conmemoración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, el Consejo de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía (Cpcua), en el que se integran Adicae-Andalucía, la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, AL-Andalus, la Federación de Consumidores y Usuarios en Acción Facua-Andalucía y la Unión de Consumidores de Andalucía UCA-UCE, ha denunciado la desprotección de los usuarios ante "los reiterados excesos" del sector financiero puestos de manifiesto en los últimos años, marcando la actualidad y generando una alarma social evidente.
En una nota, Cpcua ha indicado que "la sucesión de abusos" ha tenido su peor expresión en casos de notorio y generalizado alcance. Así ha detallado la comercialización "indiscriminada, engañosa y en ocasiones fraudulenta" de productos financieros y de inversión de carácter complejo o tóxico a consumidores sin el perfil adecuado para los mismos; o la sistemática utilización de prácticas y cláusulas abusivas en los contratos de crédito y préstamo, tales como los suelos hipotecarios, los intereses de demora abusivos, las cláusulas de vencimiento anticipado o la repercusión a los consumidores de los gastos de inscripción y registro.
Asimismo, también ha señalado la introducción e incremento "injustificado" de comisiones por "operaciones inherentes a la práctica bancaria habitual, sin que éstas respondan a servicios reales ni a su auténtico coste", además del gasto para el bolsillo de la ciudadanía de "unos rescates bancarios propiciados por una gestión temeraria trufada de prácticas que han llegado a lo delictivo en algunas de las antiguas cajas de ahorro".
A su juicio, "todas estas prácticas son expresiones evidentes de la sistemática incapacidad y falta de voluntad política y administrativa de ejercer un control efectivo y eficaz sobre la actuación de unas entidades que han aprovechado ese escenario para buscar el lucro de sus gestores con una avaricia desmesurada y carente de cualquier atisbo de conciencia o respeto sobre los derechos de sus clientes".
Los órganos reguladores --Banco de España principalmente, pero también la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y, en menor medida, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones-- han sido "mudos testigos, cuando no cooperadores por omisión, en todos estos excesos", ha apuntado.
A su juicio, el regulador bancario "se ha inhibido", cuando no ha apoyado "descaradamente" a las entidades financieras, ante abusos declarados como tales por los propios organismos judiciales, como las cláusulas suelo. Y en los casos en que han reconocido la existencia de malas prácticas, ha sido "incapaz de desplegar" su capacidad sancionadora, coercitiva y disuasoria, ante "los sistemáticos y vergonzantes incumplimientos de sus resoluciones no vinculantes".
En este sentido, ha destacado que su actuación ha resultado cuestionable hasta el punto de ser investigados sus responsables por su intervención ante sucesos como los propiciados por Bankia, con perjuicios a miles de consumidores y usuarios. "No lo ha hecho mejor la CNMV ante la comercialización masiva de participaciones preferentes, obligaciones subordinadas y productos tóxicos similares a consumidores que pensaban que sus ahorros estaban seguros en depósitos garantizados", ha subrayado.
CAPACIDAD SANCIONADORA
El Consejo de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía ha señalado que la autoridades de consumo competentes en la protección de los consumidores "tampoco ejercen sus funciones ni su capacidad sancionadora frente a los abusos bancarios".
Este "despropósito", a su juicio, solo ha podido ser enmendado "parcialmente" por la actuación de los tribunales de justicia, "no exenta de dificultades tales como la sobresaturación de causas, la falta de recursos e incluso cierta actitud proteccionista en las más altas instancias sobre entidades sistémicas".
Ante este escenario, el Cpcua quiere poner el énfasis en visibilizar la situación de "desprotección" de los consumidores ante "los abusos" de los operadores del sector financiero. Así, ha reclamado que el Gobierno de España inste a los organismos reguladores a intensificar sus funciones de inspección y control, dotando de carácter vinculante a sus resoluciones y obligando al ejercicio de sus potestades sancionadoras y coercitivas de forma proporcional al beneficio obtenido de las prácticas abusivas.
De igual manera, ha pedido la Administración andaluza que despliegue toda su capacidad de inspección y control y sancione de ser el caso con "el máximo rigor y proporción al beneficio obtenido". Además, ha exigido que se dote a los órganos jurisdiccionales de los medios y recursos necesarios para atender "la avalancha" de demandas contra las entidades bancarias.
