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| Foto: PSOE |
SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Parlamento andaluz, Fuensanta Coves, ha emitido una resolución en la que deja claro a los grupos parlamentarios que a la hora de formular sus preguntas ante el Pleno del Parlamento al Ejecutivo autonómico siempre "debe existir relación directa entre el objeto de lo que se pregunta y la acción de Gobierno".
Esta resolución se produce después de que en el pasado Pleno del Parlamento andaluz se retirara del orden del día una pregunta formulada por el PSOE al Consejo de Gobierno sobre ciertos hechos acaecidos en el Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga), gobernado por el PP. El grupo popular demandó la retirada de esa pregunta al entender que el asunto por el que se preguntaba, en modo alguno, tenía algo que ver con la acción del Ejecutivo.
En su resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, Coves señala que el artículo 161.1 del Reglamento del Parlamento, en línea con lo establecido en los artículos 188.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados y 162.1 del Reglamento del Senado, que prácticamente vienen a reproducir el artículo 128.2 del Reglamento de la Cámara de Diputados de Italia, delimita el concepto de pregunta con respuesta oral en pleno de un modo que resulta extensible al resto de las preguntas, refiriéndose solo al aspecto positivo de su contenido sin estimar preciso, quizás por obvio, delimitar negativamente el concepto en relación con las materias que no pueden ser objeto de pregunta, circunstancia esta que produce no pocos problemas interpretativos.
Añade que existe previsión en nuestro sistema constitucional de que las presidencias de las cámaras tengan la competencia de "interpretar en los casos de duda" el Reglamento parlamentario, con la finalidad de resolver diversos problemas que una interpretación dudosa de las normas puede provocar.
Recuerda que las preguntas parlamentarias constituyen un instrumento específico de control que proporciona información a los ciudadanos a través de los partidos y los medios de comunicación, "información que resulta indispensable para que el Gobierno se sepa expuesto a los electores en cada uno de sus actos".
Por ello, según Coves, lo característico de las mismas es que versen sobre puntos concretos y determinados de la acción del Ejecutivo, por lo que deberán referirse a materias que sean de su responsabilidad y competencia. "En caso contrario las mismas no deberán ser admitidas a trámite", apunta.
Añade que lo que establece el artículo 161.1 del Reglamento del Parlamento para las preguntas orales en pleno, de aplicación a todas las preguntas, cuando señala que las mismas deben interrogar "sobre un hecho, una situación o una información, sobre si el Consejo de Gobierno ha tomado o va a tomar alguna providencia en relación con un asunto, o si va a remitir al Parlamento algún documento o a informarle acerca de algún extremo", ha de ser entendido en el sentido "de que siempre debe existir relación directa entre el objeto de lo que se pregunta y la acción de gobierno".