SEVILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha alertado sobre las "carencias, insuficiencias e inequidades" que, a juicio de la institución que encabeza, se dan en la comunidad autónoma andaluza en el acceso a los postulados y mecanismos incluidos en la ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de muerte, normativa en la que, pese a verse su articulado respetado y cumplido con carácter general, sí se observa que dichos derechos y garantías "no llegan por igual a todas las personas ni en todo el territorio".
Ésta es una de las principales conclusiones del informe especial 'Morir en Andalucía. Dignidad y derechos', presentado este jueves por la Defensoría en el Parlamento andaluz tras hacer llegar Maeztu el documento al presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán.
Considera el Defensor que, no obstante el esfuerzo "considerable" que la administración ha desplegado para atender y asistir a las personas y familiares de pacientes que afrontan una enfermedad terminal, el mismo "no ha sido suficiente" para cubrir las demandas al no estar "plenamente vigente" en un territorio tan amplio como el andaluz.
El informe, asimismo, dedica un apartado a la eutanasia y el suicidio asistido, aspectos de los cuales Maeztu, a pesar de que los mismos no se ven tratados en la ley autonómica, considera que debería hablarse por ser "un debate que está ahí" y que es inaplazable. Por ello, ha adelantado su intención de reunirse con los grupos parlamentarios para propiciar una "reflexión", al tiempo que califica de "conveniente" que la ciudadanía andaluza pueda posicionarse al respecto.
Al respecto, ha recordado que se trata de un tema en el que priman los aspectos morales y éticos, así como la conciencia personal --de hecho, Maeztu ha afirmado no verse en disposición de emitir un posicionamiento como Defensor al margen de su propia postura individual--, algo que "hay que respetar". Llevándolo al derecho, "se pueden poner plazos y requisitos, pero la legalización no puede ir más allá de aspectos de ese tipo", ha afirmado.
De esta manera, en su reunión con los grupos pretende ofrecer "elementos de juicio" para llevar a cabo un debate, "uno de los más importantes que debe afrontar nuestra sociedad próximamente", sobre el asunto; pese a ser de competencia estatal, la Defensoría considera que sería "bueno" que del diálogo parlamentario pudiera salir una propuesta de hoja de ruta.
Maeztu ha apuntado al progresivo envejecimiento de la población, con el consiguiente aumento de las patologías, y a las nuevas prestaciones asistenciales como puntos básicos que comienzan a justificar la redacción del informe --"no desde la perspectiva médica, sino jurídica"--, con el cual se quieren afrontar los problemas derivados de la cultura, que aún perdura, de "no querer mirar a la muerte".
GARANTIZAR MEDIDAS PARA "MORIR CON DIGNIDAD"
"Todos los seres humanos aspiran a vivir dignamente, pero también se requiere una muerte digna", ha resumido, recordando al respecto que "la muerte sigue siendo inevitable, pero ya no llega pronto y rápido". Por ello, como premisa fundamental, "tenemos derechos y nos tienen que garantizar medidas para morir con dignidad".
De esta manera, se han llevado a cabo jornadas de debate y reflexión con los colectivos o sectores mas directamente implicados --los pacientes y cuidadores, los profesionales y los gestores--, diversas visitas para conocer la realidad de los dispositivos hospitalarios destinados a esta atención y una encuesta anónima a través de la web del Defensor dirigida a los afectados para trasladar sus experiencias.
Como conclusión general, la Oficina del Defensor establece que "el sistema no llega a todos aquellos que lo necesitan, lo que provoca que muchos pacientes que serían tributarios de cuidados paliativos fallezcan sin llegar a recibirlos".
LA ATENCIÓN PALIATIVA A MENORES, DEFICITARIA
El Defensor ha citado varias carencias específicas, siendo una de las más importantes la reseñada falta de igualdad en el acceso a los medios y recursos de los cuidados paliativos, algo en lo que se ven especialmente perjudicadas las zonas rurales, pues la principal brecha se establece entre los entornos urbanos y aquellos más alejados de un hospital de referencia. De esta manera, se ha observado una especial incidencia de esta problemática en la provincia de Jaén, mientras que, como ejemplo, en Málaga habría grandes diferencias entre comarcas como la Costa del Sol, bien atendida, o la Axarquía, con carencias.
La atención paliativa a los menores es, según el informe, "uno de los aspectos más deficitarios del sistema", con atención particular a la carencia de especialistas y la falta de resolución de la atención del paciente pediátrico en el domicilio, "lo que determina que un porcentaje muy elevado de niños y adolescentes estén falleciendo en los hospitales en contra de sus deseos y el de sus familias".
La necesidad de actualizar el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos o la "asignatura pendiente" que supone la situación de los pacientes no oncológicos se unen, asimismo, a la falta de medios personales y materiales en los recursos avanzados de paliativos. Cobra importancia la situación de personas que no pueden elegir por vivir solas --unas 300.000 mayores de 65 años en Andalucía, el 75 por ciento mujeres-- y existir pocos recursos residenciales.
Maeztu también ha citado los problemas que en Urgencias y la UCI se dan para que se respete el derecho a la intimidad del paciente, que por ley debe pasar su etapa terminal en una habitación individual y con sus familiares, algo que, continúa la institución, "no siempre es posible, cuando son necesidades que se tienen que respetar siempre".
"Por lo que se refiere al cumplimiento de los deberes de información y a la garantía del consentimiento informado se ha mejorado bastante, pero hay que incrementar las habilidades de los profesionales para que puedan establecer con los pacientes y sus familiares un auténtico proceso comunicativo que conduzca a la adopción compartida de las decisiones", subraya el Defensor.
El ente, que también hace hincapié en el escaso número de declaraciones de voluntades vitales anticipadas registradas, subraya por último una serie de conclusiones específicas de entre las que destacan algunas como la insuficiencia de la información a los pacientes en lo relativo al pronóstico de la enfermedad, la conveniencia de hacer desaparecer el "estigma" que en cierta medida conlleva la catalogación de un paciente como paliativo o resolver eldéficit de conocimiento de la ciudadanía respecto de los derechos que le asisten en relación con la toma de decisiones al final de la vida.
