SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, tomará declaración por videoconferencia el próximo día 15 de febrero al director general de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Javier Thibault, en calidad de testigo en la pieza separada que investiga el ERE el restaurante Río Grande de la ciudad hispalense y que recibió 1,3 millones en ayudas de la administración andaluza.
Además de Thibault, también comparecerán el día 15 como testigos y a través de videoconferencia el subdirector general de Programación y Actuación Administrativa del Ministerio, Juan Manuel Gutiérrez Hurtado, y la vicesecretaria general técnica, Raquel Peña Trigo.
Así lo ha acordado la juez instructora María Núñez Bolaños en una providencia, con fecha de 30 de enero de 2018 y a la que ha tenido acceso Europa Press, después de la petición realizada por los tres responsables del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en un escrito fechado el 24 de enero del mismo año.
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, señalan que han sido citados para el próximo 15 de febrero para comparecer en calidad de testigos. En este sentido y "debido a la distancia entre nuestro domicilio y la sede del Juzgado, así como por razón de nuestras funciones", solicitan que dicha actuación procesal se efectúe a través de videoconferencia u otro sistema, garantizando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa".
Cabe recordar que la instructora, en el auto por el que abrió esta pieza, relata que fue el 15 de julio de 2005 cuando Carmen García, administradora de Río Grande, presentó en la Delegación de Empleo un ERE que afectaba a 12 de los 33 trabajadores de esta empresa, alegando para instar el ERE causas "organizativas" y la existencia de unos resultados negativos, "especialmente" en el año 2004, a pesar de que los datos aportados por la Agencia Tributaria y declarados por Río Grande a través de su Impuesto de Sociedades evidencian que la empresa declaró unos beneficios de 1.250.594,42 euros.
INFORMACIÓN AL MINISTERIO
En el marco de esta pieza y por medio de un auto dictado el día 26 de octubre de 2017 y consultado por Europa Press, la juez María Núñez, a petición de la defensa de Carmen García, acordó pedir al Ministerio de Empleo "certificación comprensiva" sobre el "número y cuantía" de las ayudas sociolaborales concedidas al amparo de la Orden de 5 de abril de 1995, la edad media de los trabajadores beneficiarios de dichas ayudas, el porcentaje de fondos públicos aplicados en las ayudas en relación con el montante total del coste, y el órgano que concedió dichas ayudas.
La juez también reclama que informe sobre los casos en que la concesión de las ayudas fue sometida al Consejo de Ministros, sobre si en la concesión de las ayudas se respetaron los principios de publicidad y concurrencia; el número, y en su caso, fecha y detalle de las ayudas formalizadas a través de la formalización de pólizas de renta, y, en tal supuesto, "identificación de los mediadores y de las compañías aseguradoras".
Al hilo, la magistrada también pide al Ministerio de Empleo que informe sobre la forma, en el supuesto anterior, de elección de la compañía aseguradora, y sobre si las ayudas comprendían la prima neta y los gastos de adquisición.
De igual modo, acuerda libra oficio al Ministerio de Empleo a fin de que remita copia "auténtica" de los expedientes administrativos instruidos previos a la promulgación de la Orden Ministerial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 5 de octubre de 1994 y a la Orden de 1995, así como de los Reales Decretos 908/2013 de 22 de noviembre y 3/2014 de 10 de enero que actualizaron las referidas normas.
INFORME DE JAVIER THIBAULT
Previamente a este petición de la magistrada, Javier Thibault, en respuesta al requerimiento de la juez en julio de 2017 para que aportara una relación de las ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas por el Ministerio desde el año 2001 hasta 2011 --periodo investigado en los ERE--, envió un informe en el que reconoce que Empleo no realizó ningún concurso público para las citadas ayudas, que se otorgaron por el régimen de "concesión directa".
En este sentido, el director general de Empleo aporta en el informe un listado de 220 ayudas concedidas entre 2001 y 2011 donde precisa las empresas que recibieron las mismas, la aseguradora, el tomador de la póliza, el organismo que efectúa el ingreso y el importe en euros de cada una de las ayudas, que oscilan entre 13.760,49 euros y 22,2 millones y que suman unos 300 millones en total.
No obstante, "no se aporta ninguna documentación relativa a concursos públicos de adjudicación de ayudas al no haberse celebrado ninguno en el periodo citado", apunta el director general de Empleo.
De este modo, Thibault informa a la juez de que la concesión de ayudas extraordinarias entre 2001 y 2011 se realizó en los supuestos y condiciones que se establecen en la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995, cuyo artículo tercero "establecía que las ayudas podían ser solicitadas conjuntamente por la empresa y los representantes de los trabajadores, o directamente por éstos últimos, acompañando una memoria explicativa en la que constasen los motivos por los que se solicitaba, la cobertura solicitada y el coste económico individualizado".
El director general de Empleo, en este informe fechado el 18 de septiembre y consultado por Europa Press, señala que, "a la vista de los motivos alegados y de la documentación acreditativa aportada, la Dirección General de Trabajo resolvía directamente sobre la concesión de las ayudas, condicionada a la disponibilidad presupuestaria existente".
Al hilo de ello, precisa que la Orden Ministerial de 1995 "no contemplaba, en cambio, la realización de concurso público alguno para la concesión de dichas ayudas", razón por la que la entonces Dirección General de Trabajo "tramitó todas estas solicitudes por el régimen de concesión directa".
Una forma de proceder que, según añade, "sucede en la actualidad" tras la aprobación del Real Decreto 908/2013, de 22 de noviembre, por el que se establecen las normas especiales para la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.
