Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 03/09/2010 17:44
Las federaciones del sector público de los sindicatos UGT y CCOO convocaron una concentración "masiva" de empleados públicos el día 22 de septiembre en el palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, en contra del decreto ley de reestructuración del sector público de la Junta.
UGT-A explicó en una nota que el consejo regional de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT-A, compuesto por la Ejecutiva Regional de esta federación y los secretarios generales de las ocho provincias andaluzas, se reunió el 2 de septiembre, en Consejo Regional Extraordinario para estudiar las medidas que adoptaría para mostrar su "disconformidad y protesta" al decreto 5/2010 de reordenación del sector público andaluz y estableció un calendario de actuaciones para el mes de septiembre.
De esta forma, fuentes de FSP UGT-A indicaron a Europa Press que además del día 22, el día 16 ambas centrales sindicales convocaron concentraciones conjuntas en contra del decreto ley ante las delegaciones del Gobierno de la Junta en cada provincia.
Asimismo, según el comunicado, se iniciará una campaña de recogida de firmas entre los empleados públicos de Andalucía en contra del decreto, unas firmas que se entregarán en la concentración del día 22 ante San Telmo, donde también se hará entrega de los acuerdos alcanzados en el seno de comités de empresa y juntas de personal rechazando el decreto.
Además, FSP UGT-A acordó convocar concentraciones todos los días del 13 al 21 de septiembre en todos los centros de trabajo de la Administración de la Junta en toda la Comunidad.
Durante el mes de octubre la Comisión Ejecutiva Regional de FSP UGT-A propone que se realicen paros de una hora de duración dos veces a la semana, en días alternos, en todos los centros de trabajo de la Junta de Andalucía.
Estas movilizaciones se suman a las medidas judiciales emprendidas contra este decreto ley de reordenación del sector público y contra el decreto ley de "recortes" en la administración autonómica, que incluye "importantes recortes salariales y pérdida de poder adquisitivo para los empleados públicos de la Junta".