Exjefe de Finanzas de IDEA asegura que "nunca" se pagaron ayudas de los ERE sin que Empleo enviara fondos

El presidente del tribunal del caso ERE llega a los juzgados de Sevilla
EUROPA PRESS/ARCHIVO
Actualizado 16/05/2018 21:33:34 CET

SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Juan Vela Quiroga, director de Administración y Finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), anterior Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), entre 2004 y 2008, ha declarado como testigo en la tarde de este miércoles en el juicio que celebra la Audiencia Provincial contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y directas a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, asegurando que la agencia "nunca" pagó ayudas de los ERE sin que la Dirección General de Trabajo enviara los fondos para ello.

En virtud al convenio marco firmado en julio en 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA se encomendaba al instituto a pagar las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con fondos del programa presupuestario 31L de la citada dirección, que se allegaban al ente instrumental mediante transferencias de financiación. Estas ayudas sociolaborales a trabajadores y sociolaborales se materializaban en convenios particulares o específicos firmados entre la Dirección General de Trabajo y el IFA.

Vela Quiroga, que trabajó en IFA/IDEA desde 1992, estando también en la Unidad de Control Financiero Permanente entre 1999 y 2001, ha explicado, a preguntas del presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, que "sólo se pagaban" los convenios de ayuda cuando se recibían los fondos del programa 31L por parte de la Dirección General de Trabajo.

De esta manera se explica, según Vela Quiroga, el desfase que se recogía en las cuentas de IFA/IDEA, esto es, el desfase viene por la diferencia entre el volumen de crédito consignado en el programa 31L para el pago de las ayudas y el volumen de convenios de ayudas que asumía y firmaba la Dirección General de Trabajo. "Para poder atender los convenios era necesario aportar más importe adicional" por parte del órgano concedente de las ayudas, ha indicado a este respecto.

Vela Quiroga ha insistido en que los convenios "sólo se atendían" por IFA/IDEA en la medida en que se contaba con partida presupuestaria, añadiendo que la Dirección General de Trabajo sí podía firmar convenios aunque no hubiera partida para su pago, "de ahí el exceso que pone de manifiesto el exceso".

"El convenio particular 'per se' no tenía efectos financieros en IDEA hasta la llegada de fondos", ha ahondado, por lo que "cuando se aportaron créditos se liquidaron en su totalidad los convenios", solucionándose el desfase presupuestario.

"AJENO" A LA FISCALIZACIÓN DE EMPLEO

De otro lado, Vela Quiroga ha señalado que tuvo conocimiento de los informes de la intervención sobre el Control Financiero Permanente, al que estaba sometido anualmente IFA/IDEA, y de los auditores externos de PriceWaterHouse. Sobre los informes de la intervención, en los que entre otras cuestiones recogían que las transferencias de financiación no eran el mecanismo adecuado para financiar las ayudas o la falta de fiscalización previa de las ayuda, el testigo ha manifestado que no hacía indicaciones para la agencia, sino para la Consejería de Empleo. Además, ha manifestado que la intervención "nunca" ordenó la suspensión de los pagos de las ayudas.

En este sentido, ha asegurado que en Administración y Finanzas eran "ajenos" a la fiscalización que desde la Dirección General de Trabajo, así como "ajenos" a que los convenios no habían sido fiscalizados en la Dirección General.

Precisamente, sobre los informes de la intervención y los auditores de cuenta y el desfase presupuestario, Vela Quiroga ha señalado que "nunca" instaron a Administración y Finanzas para que se hiciera algún ajuste, puesto que el desfase "no afectaba patrimonialmente a la agencia".

A preguntas del abogado defensor del ex director general de IDEA Jacinto Cañete, el testigo ha asegurado que el desfase en las cuentas de la agencia era conocido por la intervención de la Junta, los auditores externos, en la cuenta general de la Junta, la Cámara de Cuentas y el Parlamento.

La Secretaría General de IFA/IDEA "nos proporcionaba copia de los convenios firmados para su contabilización y pago". Vela Quiroga, que ha ratificado sus dos declaraciones en fase de instrucción como imputado en esta pieza y en la causa matriz de los ERE --de las que fue excluido--, ha asegurado que no le consta que en su departamento hubiera "convenios sin firmar o faltaran" como declaró su sucesor en el cargo, Antonio Diz-Lois, ante el juzgado de instrucción.

Vela Quiroga ha explicado que IFA/IDEA, a través de Administración y Finanzas, pagaba las ayudas sobre la base de los convenios y la cuantía recogida en los mismos. "No teníamos más información", pues los expedientes de concesión obraban en la Dirección General de Trabajo.

La copia del convenio, a la que tenían acceso, en lo referente a ayudas sociolaborales, recogía el importe y la entidad a la que había que abonar el dinero, en muchos casos compañías aseguradoras. "No figuraban en el convenio ni beneficiarios, cuantía por trabajador o periodo", ha añadido.

"PRIORIDADES" DEL PAGO

Según ha indicado, el director general de Trabajo ordenaba el pago de las ayudas a través de un escrito remitido por fax o correo electrónico, indicando "las prioridades" del pago, precisando en este sentido que no recuerda haber recibido indicaciones para priorizar de otros responsables de IFA/IDEA o de la Conserjería de Empleo o Innovación como los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández, el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo o los exviceconsejeros de Empleo y de Innovación, Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román, respectivamente: todos ellos, procesados en esta causa.

A este respecto, el exalto cargo de IFA/IDEA ha reconocido que recibieron "llamadas" solicitando y requiriendo los pagos desde aseguradoras, si bien ha explicado posteriormente que los convenios sólo establecían vinculación entre la agencia y la Dirección General de Trabajo y no con un tercero. "Nunca se llegaron a la agencia reclamando dinero" los beneficiarios, trabajadores o empresas, ha apuntado.