Experta advierte de la "vulneración" generalizada de derechos fundamentales del nuevo Plan Director de Parques en Doñana

 
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Experta advierte de la "vulneración" generalizada de derechos fundamentales del nuevo Plan Director de Parques en Doñana

Marismas del Parque Nacional de Doñana
CSIC
Publicado 25/11/2016 12:35:36CET

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La letrada experta en legislación medioambiental Pilar Martínez ha alertado de la "vulneración" generalizada de derechos fundamentales del nuevo Plan Director de la Red de Parques Nacionales, que se debe aplicar en el espacio natural de Doñana. Este documento es el instrumento normativo que fija las directrices que han de seguir los planes de uso y gestión de los 15 parques nacionales existentes en España determinando las limitaciones y prohibiciones en cada área, zonificada con diferentes intensidades restrictivas.

Doñana, según recuerda en una nota el bufete Pilar Martínez Abogados, ocupa una extensión total de 108.086 hectáreas, 54.251 de las cuales pertenecen al Parque Nacional de Doñana, declarado en 1969. Desde 2005 cuenta con un Plan de Uso y Gestión (PRUG), que ahora deberá adaptarse a las directrices de la nueva normativa.

La letrada asegura que los profesionales especializados en materia medioambiental confiaban en que este plan resolviese los conflictos y el descontento existente entre los propietarios de terrenos enmarcados en la red de parques nacionales. "Lamentablemente, nos encontramos con un instrumento duro y exigente en lo que a restricciones y limitaciones de bienes y derechos particulares se refiere", ha explicado Martínez.

"Son cuestiones de gran calado sobre vulneraciones generalizadas de derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad, a la seguridad jurídica o a la defensa, pero también a otros derechos de los ciudadanos, como a la propiedad privada y la función social que ésta debe cumplir; el derecho a la libertad de empresa; o a ser resarcidos por la privación de bienes y derechos que estas figuras imponen para el territorio y los habitantes a los que afecta", prosigue la abogada.

Martínez recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara respecto a la necesidad de incluir una memoria económica con partidas presupuestarias específicas para hacer frente a las necesarias indemnizaciones y compensaciones, por las limitaciones y restricción de derechos y bienes patrimoniales legítimos y previamente consolidados de los propietarios de terrenos afectados por las figuras de protección medioambiental.

La abogada ha alertado de la "ambigüedad" del documento en este aspecto, lo que dificulta la defensa de los propietarios perjudicados. "Se recoge una disposición derogatoria única, en la que se remite a la nueva norma, la elaboración y aprobación de los planes de uso y gestión que se encuentran en marcha --ha manifestado--. Nos preguntamos si se piensa tener en cuenta en dicha elaboración la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo en cuanto a inclusión de esta memoria económica para las indemnizaciones o si la administración pretende ampararse en esta ambigüedad con la que ha creado la norma para defender una posición contraria a tal jurisprudencia".

A juicio de la profesional, también es "vaga y poco precisa" la Ley 30/2014 del 3 de diciembre sobre Parques Nacionales, lo que genera "indefensión e inseguridad jurídica", quedando cualquier actuación, sometida a la voluntad subjetiva de la autoridad medioambiental de turno que decida sobre cuestiones de gran trascendencia para los afectados.

NORMA "INTERVENCIONISTA"

Martínez aprecia, además, un gran "intervencionismo" por parte de la administración en el decreto teniendo en cuenta, además, que en la mayoría de los casos los espacios naturales se declaran sobre terrenos de propiedad privada. "Esta norma se puede calificar de absolutamente intervencionista y expropiadora de derechos privados --prohibición de vehículos, principio de no intervención en la naturaleza, incompatibilidad de la caza, pesca, actividades recreativas y aprovechamiento de animales silvestres--, que se concretan en los planes de uso y gestión.

En ese momento "se consuma el daño sobre los bienes y derechos que se hallan dentro del mismo, siendo el momento adecuado para demandar ante los tribunales y defender tales derechos", ha expuesto, finalizando su análisis al asegurar que "estamos ante mucho más, y peor, de lo que ya conocemos".

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