Exvocales de IFA/IDEA declaran que "no tenían dudas" de la legalidad de ayudas concedidas en los ERE

Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el juicio por los ERE
POOL - Archivo
Actualizado 15/05/2018 16:56:38 CET

SEVILLA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y directas a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha continuado con la fase testifical este martes, siendo el turno de tres exvocales del Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), quienes han señalado que "no tenían dudas" o "preocupaciones" sobre la legalidad de las ayudas.

Así lo ha manifestado en primer lugar Ángel Garijo Gálvez, secretario general de Innovación de la Junta entre marzo de 2004 y octubre de 2009, tiempo en el que fue miembro del Consejo Rector de IFA/IDEA, que aprobaba las autorizaciones de pago de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis concedidas por la Dirección General de Trabajo en virtud del convenio marco firmado en julio
de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA, por el que instituto pagaría las ayudas con cargo al programa presupuestario 31L de la Dirección General, que allegaría los fondos a través de transferencias de financiación. En este sentido, las ayudas de importe inferior a 450.000 euros tenían que ser aprobadas por el director general de IFA/IDEA, las que iban de esta cantidad a 1.200.000 euros por el Consejo Rector y las superiores a esta última tenían que ser ratificadas por el
Consejo de Gobierno.

Garijo Gálvez ha indicado que el Consejo Rector de IFA/IDEA aprobaba las autorizaciones al director general para firmar el convenio particular de ayuda, cuya cuantía aprobaba la Dirección General de Trabajo, mientras que la agencia sólo ejecutaba el pago. En este sentido, ha señalado que las ayudas a empresas y sociolaborales no era algo "excepcional" en el trabajo del Consejo Rector, "ni importante".

Además, ha asegurado que "no le preocupaba" la aprobación de estas ayudas porque entendía que la Consejería de Empleo "había cumplido con toda la normativa" para la concesión de las mismas.

LA ASESORÍA JURÍDICA IFA "GARANTIZABA" LA LEGALIDAD

Del mismo modo, ha apuntado que la Secretaría General y la asesoría jurídica de IFA/IDEA "garantizaba" la legalidad de todo lo que llegaba al Consejo Rector, que sólo efectuaba la aprobación del pago, sin que se registrara "discusión" alguna sobre estos asuntos, que se aprobaban como "automatismos".

Por otro lado, Garijo ha asegurado que "nunca se entregaban los convenios particulares" a los miembros del Consejo Rector, sino "medio folio o uno", en el que se recogía la empresa, la cuantía y la cuenta de la Dirección General de Trabajo de manera "escueta".

Sobre el desfase en las cuentas en IFA/IDEA por la desviación entre los compromisos adquiridos por la Dirección General de Trabajo para la concesión de ayudas y los fondos allegados a la agencia para su pago, Garijo ha indicado que tuvo conocimiento en una sesión de julio de 2007 del informe de auditoria externa de IFA/IDEA realizado por PriceWaterHouse en se recogía una incertidumbre.

"No me preocupó en absoluto porque no era un desfase sino una falta de recepción provisional de fondos", ha afirmado. En este sentido, ha señalado que el viceconsejero de Empleo Agustín Barberá --procesado en esta causa-- se comprometió a aportar los fondos.

Precisamente, sobre los informes externos de auditorias, ha indicado que le daban traslado de "un resumen" y de los "resultados", mientras que los informes de Control Financiero Permanente al que estaba sometido IFA/IDEA no eran trasladados al Consejo Rector. "No teníamos responsabilidad de control, que era cuestión de la Intervención", ha afirmado.

Garijo ha asegurado que el convenio marco de 2001 lo conoció en la fase de instrucción de esta causa, en la que estuvo imputado, pues en las sesiones que asistió "no llegó esa documentación". A este respecto ha dicho que el que fuera secretario general del IFA entre 2004 y 2009, Miguel Ángel Lucena, y el exjefe de la asesoría jurídica de IFA José Antonio Ávila "dijeron taxativamente que nunca enviaron el convenio marco al Consejo Rector".

En los mismo términos se ha pronunciado el director general del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Felpe Romera Lubias, que fue vocal del Consejo Rector de IFA/IDEA entre 2007 y 2013. La aprobación de las ayudas era "un trámite" frente al resto de subvenciones que otorgaba la agencia, ha declarado, puntualizando que la agencia no otorgaba la ayuda, "lo que hacía era pagar".

Romera, que también estuvo imputado en la causa inicialmente, no conoció el convenio marco hasta la fase de instrucción, precisando que "nunca" escuchó hablar de ayudas sociolaborales y sí de las ayudas a empresas en crisis con ocasión de los convenios.

"NUNCA TUVO DUDAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO"

De otro lado, ha expresado que los informes de auditoría le daban "tranquilidad" y que "nunca supo en el Consejo Rector sobre los convenios firmados por el director general en virtud de su cuantía (inferiores a 450.000 euros)para ayudas sociolaborales".

Sobre los convenios, Romera ha señalado que "no tenían relevancia", pues era una cuestión "de trámite", ya que no se aprobaban subvenciones, sino "una orden de pago". En este sentido, "nunca" tuvo dudas sobre que el procedimiento "era absolutamente legal". "No teníamos elementos para dudar de la legalidad", ha añadido.

Juan Carlos Soriano Hernández, el tercero de los exvocales de IFA que ha declarado este martes, fue viceconsejero, por parte del Partido Andalucista, de Relaciones Institucionales entre 1996 y mayo de 2004. En octubre de 2001 fue nombrado vocal en el Consejo Rector de IFA hasta noviembre de 2012 y posteriormente fue nombrado de nuevo en diciembre de 2013 hasta octubre de 2014.

Ha señalado que los convenios de ayudas no eran objeto de debate en el Consejo Rector y ha explicado que en una sesión de septiembre de 2003 se "opuso" a la aprobación del convenio por el Consejo Rector para una campaña de publicidad del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con cargo al programa 31L de la Dirección General de Trabajo porque "no era objeto del IFA, sino de la Consejería de Empleo".

Entonces, el presidente del IFA, el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, explicó que el instituto era "un ente instrumental" de la Junta y estaba capacitado para ello, lo que le hizo cambiar su postura, algo a lo que influyó, según ha asegurado, la presencia del jefe de la asesoría jurídica del IFA en el Consejo Rector y el jefe del Gabinete Jurídico de la Junta como vocal, Francisco del Río --uno de los procesados en esta causa--.

LA ASESORÍA JURÍDICA Y EL JEFE DEL GABINETE JURÍDICO

Ha afirmado que no considera "ilegal" las ayudas y lo hace en base a la presencia de la asesoría jurídica del IFA y de Francisco del Río como vocal, pero también a que los asesores de la Viceconsejería que ostentaba leían el orden del día de las sesiones y la documentación que enviaban, así como los asesores del Partido Andalucista. "Yo iba con tranquilidad porque cuatro departamentos jurídicos no vieron nada y con la certeza de que era correcto", ha manifestado.

En este sentido, ha declarado que la asesoría jurídica era la responsable de velar por la legalidad de los que trataba en el Consejo Rector, "no es capacidad mía saber o no si es legal", ha insistido.

Preguntado por el abogado defensor de Francisco del Río, Soriano ha indicado que éste no planteó "ilegalidad" de los acuerdos aprobados, comentando que propuso al Consejo Rector que se hiciera un informe por el gabinete jurídico sobre los acuerdos que había que aprobar. "Me dijeron que era competencia de la asesoría jurídica de IFA", ha concluido, pues Del Río actuaba como un vocal más.

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