Jordi Castilla, miembro de la directiva de Facua Andalucía, comparece en el Parlamento para presentar propuestas de mejora al texto
SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
El directivo de Facua Andalucía Jordi Castilla ha comparecido este martes ante la Comisión de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática del Parlamento de Andalucía para exponer las valoraciones y propuestas de mejora de la federación para el anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía.
En su intervención, según un comunicado, Castilla ha comenzado incidiendo en la necesidad de incluir el principio de protección y respeto a los consumidores y su derecho a recibir información contrastada y de calidad para "evitar casos en los que prime más el interés comercial que la veracidad".
Por esta razón, considera "preocupante" que la nueva ley no prohíba expresamente la inclusión de publicidad en los informativos de televisión. "No compartimos que en la norma sólo se estipule que, en la emisión de aquellas formas de publicidad distintas de los anuncios televisivos, deba superponerse una transparencia para indicar que es publicidad", ha asegurado.
De igual forma, Castilla ha criticado que no haya un desarrollo específico en la nueva ley sobre formas de regulación de la publicidad, remitiendo a los mecanismos de autorregulación y los códigos de buenas prácticas. "Ha quedado acreditado que no siempre son efectivos como forma de control y por ello se necesita una regulación externa", ha afirmado.
También ha incidido en que el nuevo texto de la ley "deja la puerta abierta a que las marcas hagan publicidad encubierta mediante el patrocinio de eventos deportivos o sociales", por lo que ha pedido especial vigilancia para que no se utilice esta figura de tal forma.
Por eso, entiende que "debe guardarse una especial cautela ante la posibilidad de que la contribución de instituciones, empresas o fundaciones a la producción de obras audiovisuales sea para promocionar su actividad, imagen o marca".
Además, el directivo de Facua Andalucía ha recordado que es necesario establecer plazos para poner en marcha el desarrollo reglamentario de la ley, para así garantizar "una eficaz aplicación de la norma".
