SEVILLA, 17 May. (EUROPA PRESS) -
Facua Andalucía ha considerado este miércoles "raquítica" la multa que la Junta de Andalucía ha impuesto finalmente a Endesa por un fraude "masivo" cometido desde 2006 por valor de 1,6 millones de euros, pese a que "el beneficio ilícito obtenido podría rondar los 400 millones de euros".
"Es lamentable que, además, la Junta no obligue a la compañía a devolver el dinero defraudado a todos los consumidores, pese a que sobrefacturó de forma generalizada a sus clientes desde al menos 2006", ha señalado en una nota la organización de consumidores, que ha detallado que "Endesa ha devuelto el dinero cobrado de más sólo a los usuarios afectados de acuerdo a sus propios cálculos y sólo a aquellos que en 2015 eran sus clientes, pero podría haber muchos más afectados".
Según ha explicado, la compañía subió la potencia contratada a cientos de miles de clientes aprovechando un cambio en la tensión nominal en la red de distribución al que le obligaba el Gobierno. Con esta modificación al alza en la potencia contratada, incrementó automáticamente lo que cobraba por el término fijo en la factura de la luz de forma generalizada en Andalucía.
Facua-A ha detallado que el expediente sancionador de la Junta resuelve con una sanción de 1,65 millones de euros, correspondiente a tres infracciones leves continuadas --dos de 600.000 euros y una de 450.000--. "Y esto, pese a las numerosas infracciones graves, graves y leves detalladas en el informe del Servicio de Energía de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta del 22 de diciembre de 2014, que resultaría en una sanción de 800 millones de euros (el 10% del negocio de Endesa en Andalucía, sanción máxima permitida por la Ley del Sector Eléctrico)", ha apuntado.
Este fraude de Endesa tiene su origen en un cambio de tensión que se dio en toda la red. Este cambio se produjo en 2003 (un año después de la publicación del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en el BOE, en 2002), pero no fue hasta 2006 cuando se publicó la tabla oficial de potencias normalizadas para todos los suministros de baja tensión (Resolución de 8 de septiembre de 2006).
Esto obligaba a las compañías eléctricas distribuidoras a revisar al alza la potencia contratada de sus clientes. Sin embargo, la ley prohibía expresamente que este aumento se repercutiese a los consumidores y para evitarlo el Gobierno ofreció a las eléctricas un coeficiente corrector que evitaba el incremento en la factura de la luz.
"Sin embargo, Endesa no lo aplicó y, por lo tanto, a cientos de miles de usuarios se les modificó la potencia contratada y desde entonces han venido pagando más cara la electricidad en sus hogares".
