SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha destacado el compromiso del Gobierno andaluz para agilizar la tramitación de los planes urbanísticos "sin mermar la participación de los ciudadanos en dicho proceso ni de restar seguridad jurídica o rigor técnico a los planes que se aprueben".
Durante su intervención en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz a petición de Ciudadanos y PSOE, el consejero ha apostado por incrementar el protagonismo de la administración local y concebir la intervención de la Junta de Andalucía a modo de supervisión general. En definitiva, con esta reforma se pretende reducir a la mitad el plazo de tramitación total de los planes y simplificar el procedimiento de los mismos, sobre todo de los destinados a emitir aprobaciones parciales del documento.
Según Fiscal, todo este proceso debe asentarse sobre tres pilares básicos: lograr un modelo de ciudad sostenible que mejore la calidad de vida de sus habitantes, promover la actividad económica a través de un planeamiento respetuoso con el medio ambiente e impulsar la participación ciudadana para que la próxima década cuente con una norma "fruto del trabajo de todos".
En esta línea, ha recordado que gracias al proceso participativo abierto con los distintos agentes sociales se ha elaborado un decálogo de medidas recogido en un documento suscrito el pasado día 12 de diciembre de 2016. En él se recoge el compromiso por la reactivación económica y el crecimiento sostenible mediante una serie de actuaciones dirigidas a la agilización y simplificación del procedimiento de aprobación del planeamiento urbanístico y la flexibilización del proceso de planificación.
Respecto a dichas medidas, el consejero ha aclarado que las cuatro primeras tienen como objetivo mejorar los mecanismos que residen en la propia Consejería, la quinta en obtener una aplicación informática que permita a los ayuntamientos la tramitación electrónica de los instrumentos de planeamiento, mientras que la sexta tiene como objeto dotar al suelo urbano de un ámbito propio de planificación y regulación, manteniendo en el documento de planeamiento general las determinaciones estructurales de esta clase de suelo.
Según ha explicado Fiscal, la séptima de las medidas está destinada a la implantación de actuaciones en suelo no urbanizable, basada en la armonización de la legislación sectorial y urbanística. Con la octava se reformaría la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para que los planes generales se ciñan sólo a las determinaciones de carácter estructural simplificando al máximo su contenido y acercando así el concepto de plan general al de 'Master Plan', establecido en otros países europeos. De esta manera se pretende dotar a Andalucía de un cuerpo normativo propio en materia de urbanismo, revisando íntegramente toda la regulación actual y deslindando el régimen competencial que corresponde a cada una de las administraciones que intervienen en la tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento.
La novena de las medidas hace referencia a la elaboración del reglamento de desarrollo de la reforma de la LOUA, mientras que la décima se centrará en la 'Elaboración de un manual para la tramitación del planeamiento urbanístico.
LA POSTURA DE LOS GRUPOS
La parlamentaria del PP Ana Vanessa García se ha mostrado partidaria de una reforma "integral" de la LOUA y un análisis "profundo" de todos los procedimientos con modificaciones, así como una mayor coordinación de todos los agentes y entes implicados.
"Se necesita que no se vayan haciendo reformas que parecen improvisadas", ha precisado García, que aunque ha reconocido que el actual consejero es "más realista" que su predecesora, María Jesús Serrano, es preciso llevar a cabo un procedimiento de modificación que no suponga aplicar "parches".
Por parte de Podemos, la diputada Carmen Molina ha subrayado que, para su formación, no hay que poner el acento en la flexibilización y sí en recuperar el patrimonio y el suelo de una ocupación "expansiva" y un urbanismo "sobredimensionado", con un impacto "imborrable" en la calidad de los paisajes. Se precisaría, así, una política "ambiciosa que adapte los edificios al clima y atienda las necesidades sociales".
En lo tocante a Ciudadanos, la parlamentaria Marta Escrivá ha incidido en la necesidad de encontrar el "equilibrio" entre los tiempos de "incoherencias y casi de fuera de normativa" respecto al urbanismo y el actual "frenazo" en la gestión. La clave, aduce, está en superar las problemáticas con que actualmente cuenta un Consistorio para sacar adelante un plan general de ordenación urbanística, con una redacción "concreta y correcta", frente a un abordaje "fragmentado y caótico" con muchas modificaciones puntuales "inconexas".
Por último, el diputado del PSOE Rodrigo Sánchez ha calificado a la LOUA de "gran instrumento para el desarrollo socioeconómico de nuestros pueblos", aunque con la conveniencia de "adaptarse a los nuevos tiempos" tras más de una década de vigencia. "Lo importante es que lo que se haga, se haga bien", ha apostillado.
