Precisa que "ahora vienen más embarazadas y no se están registrando a sus hijos nacidos en España"
CÓRDOBA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Provincial de Córdoba advierte de que "es posible" que en la localidad cordobesa de Puente Genil e "incluso en el centro de Cruz Roja haya extranjeros residiendo que son controladores" respecto a mujeres víctimas de trata, por lo que ha sugerido a la institución humanitaria que "ponga cámaras, conforme a la legalidad, que podrían aclarar las circunstancias de algunas marchas" de mujeres.
Así se recoge en la Memoria Anual de la Fiscalía Superior de Andalucía referida al año 2015, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que se destaca "el esfuerzo realizado" por la Sección de Menores de la Fiscalía de Córdoba y las indicaciones que hace en su memoria, en relación a la problemática de las mujeres inmigrantes con menores de filiación desconocida y posibles víctimas de trata.
En concreto, se señala que la situación es "casi como hace tres años, con las mujeres que vienen con sus menores y se marchan sin que apenas se haga nada", a lo que agrega que "a día de hoy, todos los menores que llegan son reseñados e inscritos en el Registro de Menores extranjeros no acompañados".
También, "se les realiza la prueba de ADN y hay más agilidad en la obtención de resultados que se suelen facilitar al mes, aproximadamente". En algunos casos, "las madres han solicitado algún documento que les acredite el resultado positivo de esas pruebas y se les ha dado", precisa el Ministerio Público, que remarca a tal efecto que "en todos los casos los resultados han sido positivos".
No obstante, la Fiscalía califica de "lamentable la falta de recursos y de acuerdos de colaboración con entidades especializadas", puesto que "para menores víctimas de trata no hay recursos en Andalucía", aunque "sí en otras comunidades autónomas, pero son reacias a admitir menores de otras comunidades".
Además, indica que "tampoco hay recursos para acoger a madres con niños cuando no reconocen su condición y están en proceso de identificación, que pudiera evitar la traumática separación de uno y otro, tanto previa a la intervención del servicio de protección, como posterior, en fase de reintegro".
Ante ello, la Fiscalía sostiene que si se contara con esos recursos que evitaran la separación de los menores y garantizara la posibilidad de trabajar con las madres, "posiblemente el Servicio de Protección adoptaría medidas sin tantas reservas o incluso podrían derivarse directamente por las ONG".
Mientras, apunta que las medidas cautelares del Código Civil "solo sirven para posponer la salida de las unidades familiares durante un tiempo". Ello podría ser "aprovechado para realizar una intervención especializada, más específica que la que se ofrece en Cruz Roja, pero no da tiempo a obtener resultados", argumenta el Ministerio Público.
PROTECCIÓN "MUY DIFÍCIL"
En cualquier caso, reseña que la experiencia acumulada en esta materia permite establecer que la protección de estos menores es "muy difícil", siendo "el principal obstáculo la falta de colaboración de las mujeres", porque se trata de mujeres víctimas de violencia de género que "se niegan a ser protegidas, pero que tienen adecuados vínculos afectivos y comportamiento adecuado con sus menores hijos".
Asimismo, detalla que "los servicios sociales y los equipos de tratamiento familiar no intervienen, ni el Servicio de Protección", al tiempo que añade en la memoria que "ahora vienen más embarazadas y no se están registrando a sus hijos nacidos en España, al no estar clara su inclusión con arreglo a los criterios del Protocolo Marco que ha limitado las escasas posibilidades que acogía la instrucción policial".
QUE SE IMPLIQUEN LAS INSTITUCIONES
Ante la situación que ha sido esbozada, desde la Fiscalía se plantean alternativas como contar con recursos donde derivar a estas mujeres "cuando niegan su condición", previo a un recurso especializado en víctimas de trata. Y es que, "las mujeres que tras separarlas de sus hijos, pese a seguir negando su condición, han ido a un recurso específico, algo forzadas como condición para recuperar a los mismos, han acabado marchándose", según se relata en el documento.
Por tanto, "hace falta un recurso intermedio, donde se pueda trabajar con ellas unos meses, aisladas del entorno del centro de recepción, similar al aislamiento en que se encuentran los menores con trastorno de conducta". Estos son centros con características "peculiares".
De igual modo, propone lograr que los servicios de protección o sociales realicen convenios con entidades especializadas para trabajar con las mujeres con hijos a cargo que la Policía ha identificado como víctima de trata. "Lo mismo que el Protocolo Marco destaca la importancia de las entidades especializadas en la detección, sería contar con ellas en el período de identificación", expone el Ministerio Público.
Aún así, considera que la aportación de estos recursos "no debe recaer en exclusiva en los servicios de protección", dado que "ello implicaría dejar al margen a mujeres víctimas que niegan su condición que están sin menores", a la vez que precisa que "el problema de la trata en mujeres que se niegan a ser protegidas, acompañadas de menores, y el vacío legal, que por ahora no permite el control de los menores nacidos en España hijos de estas mujeres", pone de manifiesto que "junto a la perspectiva de protección de menores, coexiste la de violencia de género".
Ante ello, defiende que "en la búsqueda de soluciones deben implicarse las instituciones que velan por la protección de las mujeres víctimas de violencia de género", una perspectiva destacada en instrumentos internacionales y convenios y expresamente recogida en una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona.
No en vano, comenta que "en la medida que la mujer no se reconoce como víctima, quedan en este momento paralizadas las pesquisas policiales desde el enfoque del derecho penal, pero persisten las posibilidades de protección y con ello, de futura colaboración".
En el ámbito policial, al margen del periodo de restablecimiento, la Fiscalía entiende que "se puede proponer otra medida de protección, como se deduce del Protocolo Marco". Y así, "el alejamiento del centro e intervención de entidades especializadas para completar la identificación, con derivación a otro tipo de recurso", según se aconseja en la memoria.
