Susana Díaz: "Quieren recurrir de nuevo en el TC la dignidad de los trabajadores públicos en Andalucía"
SEVILLA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de la Nación ha expresado "discrepancias" sobre dos apartados de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018 relativos a la regulación de las retribuciones del personal público de la administración autonómica y ha acordado con la Junta designar un grupo de trabajo que proponga una solución que evite un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC).
En concreto, el Ejecutivo central cuestiona el articulo 18.2 y la disposición adicional undécima del presupuesto andaluz en vigor, que establecen que "la retribución íntegra anual del personal del sector público andaluz no será inferior a 1.000 euros mensuales por jornada completa en catorce pagas".
La creación del grupo de trabajo constituye un paso previo a la presentación de un recurso ante el TC por parte del Ejecutivo central en caso de que ambas administraciones no alcancen un acuerdo sobre los apartados de la norma en los que mantienen "discrepancias".
En concreto, Gobierno y Junta decidieron el pasado 8 de marzo poner en marcha un grupo de trabajo al respecto en la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, según un acuerdo suscrito por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y que publica este jueves el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
CRÍTICAS DE SUSANA DÍAZ
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, se ha referido a este asunto este jueves en un debate con el presidente del PP-A, Juanma Moreno, ante el Pleno del Parlamento, donde ha dicho que el Gobierno central quiere recurrir de nuevo en el Tribunal Constitucional "la dignidad de los trabajadores públicos en Andalucía", después de lo que pasó con la jornada laboral de las 35 horas semanales.
Díaz se ha pronunciado a este respecto después de que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, le haya reclamado durante el debate que han mantenido ante el Pleno del Cámara la subida de los sueldos de los profesionales sanitarios andaluces porque son los "peor" pagados de España.
La presidenta ha criticado que Moreno pida un incremento del presupuesto andaluz de sanidad de entre un 25 y 35 por ciento para que el capítulo uno, gastos de personal, suba un 80 por ciento y, sin embargo, "nos quieren recurrir en el Tribunal Constitucional que Andalucía apruebe que no haya ni un solo trabajador público que gane menos de 1.000 euros" en esta comunidad. "¿Qué congruencia es esa?", le ha preguntado.
"Quieren recurrirnos de nuevo en el Tribunal Constitucional la dignidad de los trabajadores públicos en Andalucía", ha sentenciado la presidenta.
APERTURA DE NEGOCIACIONES PARA EVITAR UN RECURSO
En el acuerdo alcanzado en la Subcomisión de la Comisión Bilateral de Cooperación, los representantes de Gobierno y Junta deciden "iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas" en relación con el artículo 18.2 párrafo tercero y la disposición adicional undécima del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2018.
Ante esas "discrepancias" expresadas por el Gobierno sobre la regulación de las retribuciones del personal público de la Junta, ambas administraciones han decidido "designar un grupo de trabajo para proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias la solución que proceda", así como comunicar este acuerdo al TC "a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)".
Este artículo de la LOTC amplía de tres a nueve meses el plazo que tiene el Gobierno de la Nación para presentar recurso de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones autonómicas si se produce un acuerdo en la Comisión Bilateral sobre "iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias pudiendo instar, en su caso, la modificación del texto normativo".
