Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 24/09/2008 14:57
El juicio previsto para hoy contra la empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A (FCC), concesionaria del servicio de vertederos de la provincia de Granada, que fue denunciada por UGT por incumplimiento del convenio provincial, ha sido aplazado al solicitar a las partes el titular del Juzgado de lo Social número 1 que CCOO se sume a la demanda.
Según explicó a los periodistas la abogada de la acusación, el magistrado entiende que, como CCOO representa a trabajadores afectados, debe sumarse a la causa, por lo que solicitó a las partes que amplíen la demanda en un plazo de cuatro días, tras el que se fijará una nueva vista oral.
La letrada de UGT argumentó que la empresa debe aplicar las subidas salariales fijadas en el convenio provincial y en el acuerdo colectivo alcanzado en marzo con los trabajadores, el cual puso fin a una huelga que se se prolongó durante siete semanas.
No obstante, el punto número cinco de ese acuerdo colectivo indica que la subida salarial de los trabajadores estaría sometida a que el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de la provincia (Resur) incrementara el canon de la empresa, lo que hasta la fecha no se ha producido.
La abogada de la acusación señaló que esta cláusula es nula, puesto que condiciona el cumplimiento del acuerdo colectivo "a la voluntad de un tercero que no estaba sentado en la mesa de negociaciones y que no tiene responsabilidad subjetiva sobre las condiciones de los trabajadores", por lo que consideró que la empresa "se está intentando escudar en esto para no cumplir el convenio" que, según dijo, "se firmó en una situación crítica para conseguir la paz social".
Por otra parte, el representante legal de FCC indicó que la aplicación de la subida salarial está sometida a la citada cláusula e insistió en que la empresa "no es más que una gestora de servicios con un canon cerrado, de modo que si la Administración no lo revisa no podrá afrontar el incremento del sueldo de los trabajadores", que rondaría el 50 por ciento, añadió.
El letrado calificó además de "medida suicida" la posibilidad de que la empresa pague lo que adeuda a los trabajadores desde la firma del acuerdo colectivo --que según UGT asciende a 6.000 euros por trabajador-- y presente luego un "quebranto económico" a la Diputación de Granada para que asuma este incremento salarial.
El secretario de Organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Granada, Francisco Montoro, explicó a los periodistas que los trabajadores de FCC cuentan con un sueldo medio de unos 700 euros, mientras que el incremento salarial fijado en el acuerdo colectivo corresponde a unos 400 mensuales por empleado.
Así, UGT solicita a la empresa que pague los 6.000 euros que adeuda a cada trabajador desde que entrara en vigor el 1 de enero de 2008 el acuerdo colectivo.
Para Montoro, la solución al conflicto se dará cuando la empresa pague a los trabajadores lo que está fijado en el convenio y presente posteriormente el expediente de quebranto económico o que, en caso contrario, "FCC rescinda el contrato y se vaya con Diputación a los tribunales", ya que "ahora mismo el problema lo tienen los trabajadores.