SEVILLA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los grupos parlamentarios han reclamado al Gobierno andaluz que, por un lado, determine definitivamente la población de consorcios andaluces dependientes de la Junta y que controle sus presupuestos y cuentas anuales, y, por otro, que adopte medidas que permitan la disminución de los saldos pendientes de justificar, sobre todo, en los que afecta al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Los cinco grupos parlamentarios, PSOE-A, PP-A, Podemos, Ciudadanos e IULV-CA han presentado varias propuestas de resolución referidas a los consorcios de la administración andaluza, al informe anual de fiscalización de la Cámara de Cuentas relativo a la cuenta general de la Junta correspondiente al ejercicio de 2016.
A este respecto, el PSOE-A plantea que se vele por que cada año se integren en el presupuesto todos los consorcios dependientes de la Junta, con el fin de que sean objeto de control por parte de la administración y pasen a formar parte del resto de entidades que conforman el presupuesto autonómico.
Otra demanda del PSOE-A a la Junta consiste en que continúe las medidas que permitan la disminución de los saldos pendientes de justificar, tales como propiciar el cumplimiento de la obligación de justificación de los beneficiarios y agilizar las comprobaciones por
los órganos gestores de la documentación justificativa, procediendo, en su caso, al reintegro de las cantidades pagadas y no justificadas debidamente.
Por su parte, el PP-A pide en sus propuestas de resolución instar a la Junta a determinar definitivamente la población de consorcios, con el fin de que sus presupuestos y cuentas anuales sean objeto del control por parte de la administración autonómica, y pasen a formar parte del resto de entidades que conforman el presupuesto y cuenta general de la comunidad. Asimismo, aboga por la elaboración de una orden de contabilidad cuyo ámbito se extienda a los consorcios.
El Grupo Popular también reclama al Ejecutivo andaluz que determine la población de entidades minoritariamente participadas directa o indirectamente por la administración, y que facilite la información relativa a porcentajes y valores de dichas participaciones.
BLOQUEO DE POLÍTICAS DE EMPLEO
El PP-A también propone instar a la Junta a agilizar el proceso de revisión de los libramientos pendientes de justificar del Servicio Andaluz de Empleo, "que asciende a 114 millones, dado el nuevo incremento del registrado en 2016". Según el PP-A, es muy negativo para la mejora del empleo la parálisis "en el procedimiento de comprobación de las justificaciones de los libramientos de pago en política de empleo", puesto que se mantiene el "elevado nivel de los libramientos pendientes de justificar en el Servicio Andaluz de Empleo, en la Consejería de Economía y en la de Empleo, Empresa y Comercio".
A su juicio, hay que corregir esta situación porque "bloquea el normal desarrollo de las políticas de empleo, dificulta la detección de posibles irregularidades y fraudes en la gestión y uso de fondos públicos, además de hacer peligrar los reintegros oportunos ante la posibilidad de caducidad del procedimiento". Insta a la Junta al cumplimiento estricto de la normativa que regula las ayudas, incentivos y transferencias libradas y pendientes de justificar exigiendo su inmediata justificación o su reintegro, y estableciendo las sanciones oportunas.
En cuanto a las propuestas de Podemos e IULV-CA, también piden que el Gobierno andaluz determine definitivamente la población de consorcios, con el fin de que sus presupuestos y cuentas anuales sean objeto del control por parte de la administración autonómica, y que
ofrezca información completa a la Cámara de Cuentas respecto de las participaciones directas e indirectas y sus modificaciones en cualquier tipo de entidad pública o privada.
También demandan que la Junta adopte medidas que permitan la disminución de los saldos de libramientos pendientes de justificar, procediendo en su caso al reintegro de las cantidades no justificadas con el fin de minimizar el riesgo de prescripción de los posibles reintegros y de caducidad de los ya iniciados.
Respecto a las propuestas de Ciudadanos, se pide determinar definitivamente la población de consorcios dependientes de la Junta, con el fin de que sus presupuestos y cuentas anuales sean objeto del control por parte de la administración de la Junta de Andalucía; que se elabore una orden de contabilidad cuyo ámbito se extienda a los consorcios, y que se facilite un listado de sociedades mercantiles en las que participa minoritariamente la Junta y en qué condiciones.
