SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero ha comparecido este jueves como investigado ante la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE irregulares, y ha dicho que él no tomaba las decisiones y que simplemente "documentaba los compromisos políticos".
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que Guerrero, uno de los principales investigados en la causa, ha comparecido en la mañana de este jueves como investigado ante la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla en relación a las ayudas concedidas a los ayuntamientos sevillanos de Los Palacios y Villafranca y Alcolea del Río.
De este modo, y según han indicado las mismas fuentes consultadas, Guerrero se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar por consejo de su representación letrada, aunque ha solicitado manifestar que el director general de Trabajo no tomaba las decisiones y que únicamente "documentaba los compromisos políticos".
En relación al Ayuntamiento de Alcolea del Río, la juez María Núñez citó a declarar como investigado a Guerrero mediante un auto fechado el pasado día 11 de enero en el que atendió la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción a tal efecto.
Y es que la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social habría concedido al Ayuntamiento de Alcolea del Río sendas ayudas de 60.000 euros --pagadas en 2003 y otra en 2004-- con cargo a la partida presupuestaria 31.L para la celebración de la Feria de Desarrollo Rural Equivir.
Hay que recordar que Guerrero permanece encausado en la pieza del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso ERE, de manera que la Fiscalía pide para él ocho años de cárcel y 30 años de inhabilitación por sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
En el auto referido, la magistrada dio traslado a las partes personadas de la petición realizada por el Ministerio Público para que esta pieza separada sea declarada de especial complejidad, lo que le permitiría contar con 18 meses más para finalizar la instrucción en virtud de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija los plazos de la instrucción para las causas sencillas y complejas.
