Informático que trabajaba para el 061 se enfrenta a cárcel por ventas falsas en internet y estafa

Actualizado 07/02/2012 16:34:39 CET

El fiscal pide que Emergencias Sanitarias, la Consejería de Salud y la empresa de la que era empleado sean los responsables civiles subsidiarios

GRANADA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 42 años que trabajaba por cuenta ajena para una empresa subcontratada por la Consejería de Salud para desempeñar funciones informáticas en el servicio del 061 se enfrenta a seis años de prisión y al pago de multas de 4.320 euros por supuestamente haber utilizado identidades falsas para vender productos por portales especializados en Internet que nunca llegaban a sus destinatarios y por lograr transferir a sus cuentas cantidades de otras personas ajenas, hasta un total de casi 25.000 euros.

La Fiscalía le atribuye por ello dos delitos continuados de falsedad de documentos oficial y mercantil y otros dos de estafa y solicita que haga frente a indemnizaciones a los afectados por valor de 25.895 euros, cantidades de las que hace responsables civiles subsidiarios tanto a la empresa para la que trabajaba, Qualytel Teleservicios S.A., como a Emergencias Sanitarias y a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, de iniciales F.B.C., sin antecedentes penales, llegó a crearse una identidad ficticia manipulando un DNI a nombre de una persona inexistente y con él se abrió una cuenta en septiembre de 2007 en una entidad financiera y se registró en la web dedicada a la compraventa entre particulares Ebay.

Con esa identidad falsa acudió a un establecimiento de Carrefour en Granada el 16 de octubre de 2007 para solicitar un préstamo personal por importe de 20.000 euros con su DNI falso, y una nómina y declaración de renta también 'inauténtica', con el objetivo de quedarse y no devolver el dinero, que recibió posteriormente, concretamente 19.600 euros.

Asimismo, insertó anuncios en páginas como las de Ebay o segunda mano de cámaras de fotos o teléfonos móviles en noviembre de 2007 que no llegó a enviar a las personas que se interesaban por los artículos y que le hicieron transferencias por importes de más de 2.700 como pago de los productos, todo con los datos falsos ya mencionados.

Por otra parte, el acusado, como empleado privado por cuenta ajena de la empresa Qualytel Teleservicios S.A., subcontratada por la empresa pública Emergencias Sanitarias, desempeñaba funciones informáticas en relación con el servicio 061 que presta la Consejería de Salud. Utilizando su servicio informático, entre los meses de febrero a octubre de 2008, abrió desde una IP perteneciente a la Sociedad Andaluza para el desarrollo de la información SAU (SADES), de la Junta, tres cuentas corrientes, dos con identidades falsas y una tercera haciendo uso de los datos de un hombre que había obtenido de su inscripción en la Federación de Pádel.

En esas cuentas eran ingresadas unas cantidades que el procesado logró transferir a través de Internet de cuentas corrientes ajenas mediante un procedimiento que "no ha podido determinarse con exactitud" pero que suponía "necesariamente" una manipulación informática. Para "enmascarar" aún más la operación, a través de la IP de la Junta de Andalucía, logró usar la IP del ordenador de terceras personas ajenas a los hechos, de forma que éstas aparecieran como ordenantes de la transferencia, de manera que, si se llegaba a sospechar sobre la ilegalidad de la operación bancaria, la investigación condujera al ordenador del tercero.

Para obtener las cantidades transferidas, procedía a extraer en cajeros automáticos próximos a su domicilio o lugar de trabajo mediante las tarjetas de crédito que las entidades bancarias de las cuentas abiertas proporcionaban y que remitían, junto con el pin, a los domicilios que había reseñado en su solicitud, todos ellos deshabitados.

El hombre, que permanece en libertad provisional, será enjuiciado en un Juzgado de lo Penal en fecha que aún no ha sido señalada. La Fiscalía ha solicitado que declaren como testigos en la vista cerca de una treintena de personas, entre afectados, policías nacionales y locales y guardias civiles.

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