SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
Victoria López Gutiérrez, quien fuera interventora delegada en la Consejería de Empleo entre 2005 y 2008, ha declarado este martes como testigo en el juicio de la pieza política de los ERE irregulares, en la que ha defendido la labor que realizó ella y sus compañeros en la intervención en los hechos investigados y ha señalado que al órgano gestor de las ayudas, la Dirección General de Trabajo, se le dijo en reiteradas ocasiones que "lo estaba haciendo mal y no le importó".
López Gutiérrez, que continúa como interventora en la Junta para fiscalizar entes de interés público, durante su declaración en el juicio que celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que concedían las ayudas sociolaborales y directas a empresas en los ERE irregulares, ha expuesto que el Control Financiero Permanente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), "hizo informes y dio avisos de que se hacían mal las cosas", cuestionando que "en qué norma dice que hay que decir las cosas más de una vez".
Cabe recordar que en virtud del convenio marco de julio de 2001 entre la Consejería de Empleo e IFA, este ente materializaría el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con fondos del programa presupuestario 31L, gestionado por la propia Dirección General, que ésta allegaría a IFA/IDEA a través de transferencias de financiación, herramienta que, según las acusaciones, permitía eludir la fiscalización previa de las subvenciones dadas.
Durante el interrogatorio el abogado defensor del ex director general de Trabajo Juan Márquez ha preguntado a la testigo cómo es posible que el Control Financiero Permanente, en las diferentes reuniones de coordinación celebrada a lo largo de estos años, no le dijera a la intervención delegada que estaba fiscalizando de conformidad las transferencias de financiación cuyo uso era inadecuado para el pago de las ayudas de los ERE.
En este sentido, López Gutiérrez ha señalado que, cuando el Control Financiero Permanente dice que "se hacían mal las cosas", "cómo es que no arregla el que lo hace mal", el gestor de las ayudas, la Dirección General de Trabajo.
"No me diga que --intervención delegada en Empleo y Control Financiero Permanente-- tenemos que coordinarnos y arreglarlo, cuando es el gestor, al que se le dice que está haciéndolo mal una, dos, tres,..., quien lo tiene que hacer y no le importa, no le interesa y sigue haciéndolo mal", ha expresado.
"SÉ LO QUE NO HICIERON LOS QUE DEBIERON HACERLO"
López ha defendido la labor de la intervención, común a todos porque era una actuación reglada. "Sé lo que hice y estaba bien, y sé lo que no hicieron los que debieron hacerlo".
La testigo, a la que el tribunal ha tenido que llamar la atención para que se limitara a responder a las preguntas que le estaba haciendo el representante del Ministerio Público, no recibió comunicación por parte de la Intervención General o el Control Financiero Permanente sobre posibles problemas por el uso de la transferencias de financiación para pagar ayudas dadas por la Dirección General de Trabajo, precisando que esta herramienta no contiene datos de justificación porque se supone que la justificación está en la Ley de Presupuestos al ser pagos a un ente.
De otro lado, López Gutiérrez ha explicado que para no fiscalizar de conformidad las transferencias de financiación "no basta con que me lo digan, sino que tienen que dar una norma se incumpla", asegurando que "jamás me han dado una orden que no fuera respaldada por una norma, ni para reparar ni para dejar de reparar".
Igualmente, ha indicado que la naturaleza propia de las transferencias de financiación figura en la Ley de Presupuestos y es que va a financiar de manera genérica al ente al que se destina, en este caso a IFA//IDEA.
"DESCONOCÍAMOS EL DESTINO FINAL" DE LOS FONDOS
López Gutiérrez, preguntada si sabía el destino final de las transferencias de financiación del programa 31L para financiar las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo y pagadas por IFA/IDEA, ha subrayado que "no es cierto, en absoluto, por no decir algo más fuerte, que yo conociera que las transferencias iba a financiar nada más allá que para lo podía ir".
En este sentido, ha planteado que si entre las funciones genéricas de IFA/IDEA estuviera el pago de ayudas a las prejubilaciones y para que las transferencias de financiación fuesen "legales o adecuadas", la concesión de estas ayudas tenían que ser "actividades propias" del ente.
Al hilo de esto, el abogado defensor del exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha insistido a la testigo cuál hubiese sido la conducta legal del interventor en la Consejería si hubiera tenido constancia de que las transferencias de financiación iban a financiar estas ayudas de los ERE pagadas por IFA/IDEA. "La conducta legal está basada en normas y la intervención no actúa de manera caprichosa, arbitraria o discrecional", ha respondido, asegurando: "Yo y todos los interventores desconocíamos el destino final de las transferencias de financiación".
López, que en varias ocasiones ha rechazado hablar de "supuestos", ha manifestado que "jamás ha hablado de elucubraciones y no voy a venir a esta sala a hacer elucubraciones e imaginar".
Por otro lado, la testigo ha resaltado la "profesional, correcta y técnica" actitud de la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina, acusada en este juicio, en la tramitación de los expedientes de transferencias de financiación.
Entre otras cuestiones, la testigo ha indicado que en la intervención "no tenían ni idea" de posibles problemas o alarmas por el uso de las transferencias de financiación del 31L. Además, ha expresado que era imposible disponer de crédito en la Dirección General de Trabajo superior al recogido en los presupuestos, aunque ha expresado que "si se omitía la fiscalización previa, era posible todo".
