SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de IULV-CA va a defender este jueves ante el Pleno una proposición no de ley (PNL) por la que reclama que la Cámara autonómica apoye introducir financiación del sistema público de pensiones a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) cuando las cotizaciones sociales no alcancen para garantizar la acción protectora de la Seguridad Social "y unas pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes".
En virtud de la iniciativa, recogida por Europa Press, IU pide que la Junta inste al Gobierno central a suprimir las tarifas planas, bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social, "que sólo han venido a abaratar los costes de las contrataciones para las empresas, sin traducción en creación de empleo de calidad y que suponen una fuerte pérdida injustificada de ingresos para la Seguridad Social".
Asimismo, la coalición de izquierdas aboga por potenciar la actividad de la Inspección de Trabajo, y modificar las infracciones y su régimen sancionador en el Texto Refundido "para mejorar la lucha contra el fraude a la Seguridad Social".
Otra de las reclamaciones de IU es eliminar el factor de sostenibilidad, "contrario al principio de suficiencia recogido en el artículo 41 de la Constitución y del índice de revalorización"; además de restituir la edad de jubilación en los 65 años y que, a partir de los 61 años, las personas con 35 años cotizados puedan jubilarse sin penalización.
La formación de izquierdas también quiere flexibilizar los requisitos para acceder a la jubilación anticipada, a la jubilación parcial y suprimir los incentivos al retraso de la jubilación, e incorporar las horas extraordinarias en el cálculo de la base reguladora y recuperación de la cuantía del 60 por ciento de la misma a partir de los seis meses de percibir la prestación, actualmente en el 50 por ciento.
Entre otros asuntos, IU ve necesario fijar la cuantía mínima del subsidio por desempleo en el 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), actualmente en el 80 por ciento del Iprem, elevando todos los subsidios en función de las cargas familiares hasta un 133 por ciento.
Y también solicita que el Gobierno central recupere el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, actualmente 55 años, extendiéndolo a las personas fijas discontinuas y a las personas trabajadoras de régimen agrario, elevando su cuantía al 75 por ciento del SMI.
EN ANDALUCÍA
En cuanto a las medidas que debe adoptar el Gobierno andaluz en este marco, IULV-CA defiende que debe reclamar la intensificación de la labor de Inspección en los sectores que presentan mayores índices de precariedad y temporalidad en Andalucía, así como destinar a ellos de manera preferente los recursos del programa Seguridad, Salud y Relaciones Laborales gestionado por la Junta a través de la Consejería de Empleo.
Por otro lado, aboga por fiscalizar el cumplimiento de los convenios colectivos y las cláusulas sociales por parte de las empresas adjudicatarias de servicios externalizados, así como paralizar la privatización de los que aún se gestionan directamente desde la administración autonómica.
Para justificar la iniciativa, la formación que lidera Antonio Maíllo argumenta que entre los colectivos más castigados por la crisis están los pensionistas, cuyo poder adquisitivo está "en caída libre" y "en cuyas espaldas recae no sólo la ardua tarea de subsistir con sus mermadas pensiones, sino en muchos casos ser el sostén de sus familias".
De este modo, advierte de que la viabilidad del sistema no está en peligro porque se gasta más, "algo que los datos desmienten de manera categórica, sino porque se ingresa menos debido al deterioro de la calidad del empleo", una circunstancia que debe conducir "a adoptar medidas que mejoren tanto las condiciones laborales como a incorporar los PGE como nueva fuente de financiación del sistema junto a las cotizaciones".
"Es imprescindible y urgente abordar una reforma integral del sistema público de pensiones, con el objetivo de garantizar este derecho y hacerlo de manera suficiente, actualizada y conforme a los principios constitucionales que lo consagran", agregan desde IULV-CA.
