Condenan a más de 50 años de prisión a los siete acusados de prostituir a menores en Baños

 

Condenan a más de 50 años de prisión a los siete acusados de prostituir a menores en Baños

Actualizado 30/11/2007 20:57:43 CET

JAÉN, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sección primera de la Audiencia Provincial de Jaén ha condenado a un total de más de 50 años de prisión a las siete personas, entre las que se encuentran los padres de las víctimas, acusadas de prostituir y de abusar sexualmente de unas menores de Baños de la Encina (Jaén).

Según explicó a Europa Press uno de los abogados de la defensa, el magistrado ha impuesto una pena de 14 años y nueve meses de prisión para el padre de las niñas por sendos delitos de abuso sexual, otros dos de prostitución y uno más de tenencia ilícita de armas. De igual modo, a este hombre de 60 años de edad le exige el pago de una multa de unos 720 euros. Por su parte, la madre de las niñas ha sido condenada por dos delitos de prostitución a la pena de dos años de prisión así como al pago de una multa de 720 euros.

El resto de los condenados son diversos vecinos de la localidad que, en concreto, han sido penados con 14 años de prisión en el caso de Antonio N.C. por dos delitos de abuso sexual y, por otro lado, dos años de prisión para José C.R. De igual modo, tanto Juan Antonio B.D., como Francisco R.V. y Ramón L.J. han sido condenados a que cada uno de ellos ingrese durante siete años en la cárcel por ser culpables respectivamente de delitos de abuso sexual.

Con respecto a los otros tres procesados, entre los que se encontraban los tíos de las niñas, sobre los que el ministerio fiscal a la hora de elevar de definitivas sus conclusiones retiró la acusación, el juez ha decretado su absolución. El fallo judicial recoge igualmente en concepto de responsabilidad civil que las niñas sean indemnizadas en más de 200.000 euros.

PRIMERA SESIÓN DE LA VISTA.

Este juicio se celebró durante varios días en la sección primera de la Audiencia Provincial de Jaén tras celebrar su primera sesión el 12 de noviembre. En ese primer día, todos los acusados negaron las acusaciones que se les imputan y señalaron el carácter "agresivo" y "mentiroso" de los niños y, especialmente, de una de ellas.

Los padres de las menores, que ahora tienen entre 18 y nueve años, aseguraron que "nunca" han abusado de sus hijos ni los ofrecieron a otros vecinos para que lo hicieran a cambio de dinero o regalos. "No me he portado nunca mal con ellos. Al revés, conmigo se portaban mal, incluso tuve destrozos y me insultaban. A lo mejor es que querían dinero de cuando vendí la casa y como no se lo daba han dicho esto. Son muy mentirosos", dijo el padre, que también afirmó que la minusvalía psíquica de dos de sus hijas "ha podido tener influencia" en sus acusaciones.

No obstante, la menor que denunció estos abusos sexuales declaró ese mismo día que su padre "abusó en muchas ocasiones" de ella y que junto a su madre fue quien la prostituyó. De hecho, explicó que mantuvo "muchas relaciones" con el padre, que la "ataba y pegaba" y que, incluso, en una ocasión la forzó junto con otro de los hermanos. "Creo que comenzó mi padre y mientras tanto mi hermano me sujetaba los pies y después fue él", señaló y añadió que, además, su padre también mantuvo relaciones con varios de sus hermanos.

En cuanto a la acusación de prostitución, la chica, que testificó mediante videoconferencia, afirmó que fueron sus padres los que la prostituyeron. "Él cobraba dinero y estoy segura porque se lo daban delante mí", indicó.

Tras tres sesiones de testificales y pruebas periciales, el ministerio fiscal elevó a definitivas sus conclusiones y pidió para los siete acusados, una vez que retiró la acusación contra tres procesados, una pena total de 92 años de prisión. El fiscal reclamaba para el padre 27 años y nueve meses de prisión y para la madre pedía ocho años de prisión mientras que para el vecino de Antonio N.C. exigió que fuera privado de libertad durante 25 años. Para los otros cuatro procesados pidió penas que oscilaban entre los tres y los 15 años que sumaban en total 32 años.

El letrado de la acusación particular, ejercida por la Junta de Andalucía, se adhirió a las conclusiones del fiscal y las defensas de los acusados insistieron en solicitar la libre absolución de sus patrocinados.

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