Juzgan hoy a un vecino de Jaén acusado de paralizar las obras de la calle Martínez Molina

Actualizado 27/01/2006 6:53:40 CET

JAEN, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un portavoz de la plataforma vecinal acusada de paralizar las obras de remodelación de la calle Martínez Molina de Jaén será sometido hoy a un juicio de faltas en el juzgado de instrucción número uno de Jaén.

Según informó a Europa Press el acusado, Francisco Javier Fontecha, el proceso judicial se abrió tras la denuncia de la gerente del Plan Urban, Montserrat Blanco, por los acontecimientos ocurridos en la primera semana de octubre.

Fontecha está acusado de supuestas "coacciones y amenazas" para impedir el desarrollo de las obras municipales en la citada vía, si bien Fontecha manifestó a Europa Press cuando se interpuso la denuncia que tenía "la conciencia muy tranquila" porque los vecinos hicieron "lo que pensaban que era correcto". Además, aseguraba que la denuncia del Consistorio era "una sarta de mentiras".

Fontecha negó que se prohibiera el paso de los albañiles o que se profirieran insultos contra ellos. Asimismo, desmintió que "amenazáramos con tirarnos debajo de las máquinas" si éstas se movían, ya que, de ser así, "la Policía hubiese intervenido".

El portavoz vecinal subrayó entonces que "no paramos las obras en ningún momento" y que "simplemente pedíamos explicaciones" por el desarrollo de los trabajos. "Ni nos atamos con cadenas a las máquinas ni nada de nada", reiteró.

Fontecha consideró "vergonzoso" que el Ayuntamiento le lleve a los tribunales y admitió sentirse por ello "muy indignado". "Esto es lo que hace el Ayuntamiento en vez de dialogar con los vecinos; no son un ejemplo de personas dialogantes, sino de personas prepotentes", agregó en alusión a los responsables del equipo de Gobierno municipal.

El Ayuntamiento de Jaén presentó el 6 de octubre una denuncia por coacciones contra las personas que durante tres días consecutivos "han paralizado las obras de la calle Martínez Molina" de la capital.

Igualmente, el Consistorio informó de que exigiría daños y perjuicios a los implicados en este tema, ya que "la paralización tiene también una repercusión económica negativa para la administración local".

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