El juez del caso Invercaria impone 1,3 millones de fianza al exconsejero Martín Delgado

 

El juez del caso Invercaria impone 1,3 millones de fianza al exconsejero Martín Delgado

Actualizado 25/04/2017 13:06:07 CET

SEVILLA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juez de Sevilla que investiga las presuntas irregularidades en Invercaria ha abierto juicio oral y ha impuesto una fianza de 1.368.954,98 euros al exconsejero de Cultura de la Junta de Andalucía José María Martín Delgado por la ayuda a Operador Aéreo Andalus.

En un auto difundido por el TSJA, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, también abre juicio oral e impone esa misma fianza al expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, a la exconsejera de la agencia IDEA Isabel de Haro Aramberri, y a los accionistas de Operador Aéreo Andalus, los hermanos Fernando y Pedro José Guerrero Ros.

El magistrado requiere a los cinco acusados para que presten la fianza en el plazo de un día, advirtiéndoles de que, en caso de no prestar la fianza exigida, "se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".

El juez, que declara a la Audiencia Provincial de Sevilla órgano competente para enjuiciar esta pieza de Invercaria, abre juicio oral contra los cinco acusados por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado dos años y medio de cárcel para José María Martín Delgado por la ayuda de Invercaria a Operador Aéreo Andalus, de cuyo consejo de administración fue presidente, y que, según el juez, supuso un "quebranto" a las arcas públicas de 1.860.000 euros.

Asimismo, el Ministerio Público solicita seis años de cárcel para Tomás Pérez-Sauquillo y para Isabel de Haro Aramberri, mientras que pide dos años y medio de prisión para los accionistas de Operador Aéreo Andalus, los hermanos Fernando y Pedro José Guerrero Ros.

El juez ha concluido ya la instrucción de las cinco primeras piezas del caso por las ayudas a Fumapa, Servivation --donde la Fiscalía ha pedido seis años de cárcel para el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo--, Operador Aéreo Andalus, Lolita Canalla y la diseñadora Juana Martín.

OPERADOR AÉREO ANDALUS

En el caso de Operador Aéreo Andalus, el juez relata que se trata de una sociedad mercantil constituida en 28 de noviembre de 2007 y cuyo accionariado lo constituían José María Martín Delgado, los hermanos Pedro y Fernando Guerrero Ros y Antonio Valdés Cosentino.

El día 3 de noviembre de 2008 se otorgó escritura pública por la que Invercaria suscribió un total de 40.000 euros, pasando a formar parte del accionariado de Operador Aéreo Andalus por un montante del 4,60 por ciento, y al mismo tiempo formalizó un préstamo participativo por valor de 410.000 euros.

Según expone el juez, ambas operaciones fueron "directamente asumidas" por Pérez-Sauquillo, tras lo que el 9 de diciembre de 2008 se dio cuenta al consejo de administración de Invercaria de la mencionada operación.

En fecha 3 de noviembre de 2008, Fernando Guerrero Ros fue contratado por Operador Aéreo Andalus como director general de la misma con un sueldo anual de 125.000 euros más incentivos, y coincidiendo con esta operación Caja Granada acudió a la ampliación de capital aportando 120.000 euros y asumiendo así un 13,79 por ciento de la sociedad mercantil.

"IRREAL Y SIN DETALLE"

El juez añade que la mencionada operación se realizó sobre un Plan de Negocios "que posteriormente fue calificado de irreal y sin detalle", ya que "no permite anticipar las necesidades materiales, financieras y de recursos humanos que permitieran el arranque del proyecto y la viabilidad del mismo a medio y largo plazo" y "tampoco incluía un plan de contingencias ni medidas correctoras", lo que "supuso un incremento del riesgo financiero y la ruptura de la actividad".

Posteriormente, en fecha 29 de julio de 2009, Invercaria volvió a suscribir un préstamo participativo por importe de 700.000 euros, aunque en esta ocasión se contó con un nuevo plan de negocios "de las mismas características que el anterior", lo que se sometió a sesión del consejo de administración de Invercaria el 15 de julio de 2009 y fue ratificado por el Consejo Rector de IDEA el 28 de julio de 2009.

El consejo de administración de Invercaria estuvo formado por el presidente, Tomás Pérez-Sauquillo, y por Isabel de Haro, "que votaron de modo unánime".

El juez asevera que todo lo anterior se llevó a cabo "a pesar de que la entidad se encontraba en causa legal de disolución conforme a la legislación mercantil", circunstancia que se puso de manifiesto en la sesión del consejo de administración de Invercaria de 25 de marzo de 2009, en la que además se daba cuenta de un patrimonio neto negativo de 477.409 euros respecto de la sociedad Operador Aéreo Andalus.

LAS CUENTAS ANUALES DE 2009, "EN UN CUADERNILLO SIN FIRMAR"

Por otra parte, la operación se llevó a efecto "con contradicción de los contenidos de los informes internos de julio de 2009, días antes de conceder el segundo préstamo participativo", dirigidos a Pérez-Sauquillo y al consejo de administración de Invercaria, "en el que revelaba la existencia de un déficit y fondo de maniobra negativo a junio de ese año de cerca de un millón de euros" en Operador Aéreo Andalus, "que no se pagaba con regularidad a los trabajadores" de dicha sociedad "y que no pagaba los intereses de los préstamos de Caja Granada e Invercaria con un saldo deudor de 60.000 euros, entre otras dificultades".

En fecha 29 de junio de 2009, se celebró una Junta General de Accionistas de Operador Aéreo Andalus "donde además de ponerse de manifiesto todo lo anterior, se daba cuenta de dificultades de tesorería, y ello a pesar de las inyecciones de dinero público con los que la mercantil era beneficiada".

A partir del primer trimestre de 2011, "consta que Operador Aéreo Andalus carecía de director financiero, no se llevaba la contabilidad ordenada y vivía en un constante expolio de sus activos", de manera que "la falta de organización era tal, que las cuentas anuales de 2009 se recogieron en un cuadernillo sin firmar".

En total, el juez asevera que "el quebranto a las arcas públicas se puede cifrar provisionalmente en 1.860.000 euros".

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