SEVILLA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha abierto otra pieza separada por el ERE de Río Grande y ha incluido en la misma como investigadas a un total de seis personas, entre ellas el 'conseguidor' Juan Lanzas y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.
En un auto fechado el día 8 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada también incluye como investigados en esta pieza separada a la administradora de Río Grande, Carmen García Sánchez; a la 'intrusa' María del Carmen Fontela; al comercial de Vitalia Francisco González y al también ex director general de Trabajo Juan Márquez.
La instructora relata que fue el 15 de julio de 2005 cuando Carmen García presentó en la Delegación de Empleo en Sevilla un ERE que afectaba a 12 de los 33 trabajadores de esta empresa, alegando para instar el ERE causas "organizativas" y la existencia de unos resultados negativos, "especialmente" en el año 2004, aunque la juez asevera que estos datos "difieren enormemente" con los aportados por la Agencia Tributaria y declarados por Río Grande a través de su Impuesto de Sociedades, donde declaró unos beneficios de 1.250.594,42 euros.
"DOS POSIBLES 'INTRUSAS'"
A juicio de la instructora, existen "indicios suficientes" para considerar que Río Grande "no era una empresa en crisis", y es que la propia Carmen García manifestó que "hubiera solicitado el ERE igualmente sin ayuda de la Junta y que lo hubiera pagado" y dijo que no solicitó la ayuda a la Junta "porque consideraba que el ERE lo cofinanciaba la Junta", como le había informado Francisco González.
"Podría considerarse que Carmen García se beneficia de unas ayudas ahorrándose el pago a los trabajadores, a sabiendas de que no tiene derecho a ello y conociendo de la existencia de dos posibles 'intrusas'", asevera la juez, que añade que entre los 12 trabajadores afectados por el ERE se encontraban María José de la Rosa, "que fue contratada tres meses antes de cumplir la edad de jubilación, y ya jubilada cuando se solicita el ERE", y María del Carmen Fontela, la cual "nunca había sido trabajadora de la empresa".
Según expone la magistrada, la propietaria de la empresa tendría conocimiento al menos de la inclusión de María José de la Rosa --ya fallecida--, punto en el que recuerda que el hijo de esta posible 'intrusa' declaró ante la Policía que su madre "nunca trabajó" en Río Grande y que "era muy amiga" de la propietaria.
De su lado, Fontela declaró que Francisco González le pidió a su marido "que le haga el favor de abrir una cuenta a su nombre para que le ingresen unas cantidades que le deben", de forma que consultaron con un asesor fiscal, "quien les dice que todo es correcto siempre que declaren las cantidades".
Tras ello, abrió la cuenta, "en la cual se ingresa el dinero de la ayuda que retira mensualmente Francisco González", quien "se queda con parte y el resto se lo entrega" a Juan Lanzas, mientras que a la propia Carmen Fontela "le deja para el pago a Hacienda. En este punto, la juez recuerda que, según declaró Francisco González, la inclusión de Fontela fue "idea" del 'conseguidor' de los ERE.
El comercial de Vitalia señaló en su declaración policial, prestada el 21 de diciembre de 2010, que le comentó a Lanzas "que en un ERE se manejaban muchos millones de pesetas" y que él, en referencia al 'conseguidor', "estaba ganando mucho dinero", mientras que el propio Francisco González "no se estaba llevando nada".
EL PAPEL DE LANZAS
Según su declaración, Lanzas le respondió "tú no te preocupes, que en cuanto podamos, metemos a una persona de confianza en uno de estos ERES y tú te llevar una parte de esta prima", y es en este contexto donde aparece la figura de Carmen Fontela, cuya inclusión en el ERE "sería la forma de obtener un beneficio económico para Lanzas y González con cuatro pólizas, tres de ellas, las de capital diferido, como única beneficiaria Carmen Fontela, con una reversión del 100 por cien".
La juez concluye diciendo que "no consta en las actuaciones documento alguno en la agencia IDEA relacionado con esta ayuda" ni tampoco convenio o resolución alguna, tan sólo un escrito firmado el 23 de noviembre de 2005 por Guerrero "comprometiéndose al pago de dos primas por la cantidad total de 1.328.185,92 euros" y mostrando su conformidad para que se suscribiera una póliza para 13 extrabajadores de la empresa.
La empresa se hacía cargo de tres pagos por un importe total de 157.020 euros, pero "hasta la fecha Río Grande ha sido incapaz de justificar y/o aportar al procedimiento documento acreditativo de estos tres pagos".
