SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE irregulares, ha reclamado a la Secretaría de Estado de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que informe sobre el "número y cuantía" de las ayudas sociolaborales concedidas al amparo de la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada acepta de este modo la petición planteada por la defensa de la propietaria del restaurante sevillano Río Grande, Carmen García Sánchez, en el marco de la pieza separada abierta por las presuntas irregularidades en el ERE de esta empresa.
Inicialmente, la instructora rechazó la petición realizada por esta defensa al no considerar las pruebas solicitadas "necesarias con el objeto de la investigación, así como no guardando relación con dicho objeto", lo que fue recurrido por el letrado alegando que "lo que se pretende con las diligencias instadas es abordar la realidad de la existencia o inexistencia de un marco legal que sirva de amparo a las
ayudas socio laborales" investigadas.
El pasado mes de septiembre, además, la Fiscalía Anticorrupción evitó pronunciarse, tal y como habían solicitado una decena de imputados en el caso de los ERE, sobre la existencia de un marco legal estatal que otorgaba a la Junta la competencia para conceder las ayudas sociolaborales investigadas en este procedimiento, ya que ello "deberá realizarse particularmente en cada pieza separada una vez firme la decisión de partición acordada por la magistrada".
Tras ello, y por medio de un auto dictado el día 26 de octubre y consultado por Europa Press, la juez estima el recurso interpuesto por la representación de Carmen García Sánchez y de Río Grande y acuerda la práctica en esta pieza separada de las diligencias interesadas por medio del escrito presentado el 14 de marzo pasado.
De este modo, la magistrada pide al Ministerio de Empleo que emita "certificación comprensiva" sobre el "número y cuantía" de las ayudas sociolaborales concedidas al amparo de la Orden de 5 de abril de 1995, la edad media de los trabajadores beneficiarios de dichas ayudas, el porcentaje de fondos públicos aplicados en las ayudas en relación con el montante total del coste, y el órgano que concedió dichas ayudas.
La juez también reclama que informe sobre los casos en que la concesión de las ayudas fue sometida al Consejo de Ministros, sobre si en la concesión de las ayudas se respetaron los principios de publicidad y concurrencia; el número, y en su caso, fecha y detalle de las ayudas formalizadas a través de la formalización de pólizas de renta, y, en tal supuesto, "identificación de los mediadores y de las compañías aseguradoras".
Al hilo, la magistrada también pide al Ministerio de Empleo que informe sobre la forma, en el supuesto anterior, de elección de la compañía aseguradora, y sobre si las ayudas comprendían la prima neta y los gastos de adquisición.
De igual modo, acuerda libra oficio al Ministerio de Empleo a fin de que remita copia "auténtica" de los expedientes administrativos instruidos previos a la promulgación de la Orden Ministerial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 5 de octubre de 1994 y a la Orden de 1995, así como de los Reales Decretos 908/2013 de 22 de noviembre y 3/2014 de 10 de enero que actualizaron las referidas normas.
LA PETICIÓN
En noviembre de 2016, una decena de imputados en el caso de los ERE fraudulentos elevaron un escrito a la juez María Núñez Bolaños en el que le reclamaban una revisión "profunda" de los "cimientos jurídicos" en que "se asienta el edificio procesal construido con esta causa", desvelando en este sentido un Real Decreto de 1984 que otorga a la Junta la competencia para conceder las ayudas sociolaborales investigadas.
El escrito está suscrito por el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, el exparlamentario del PSOE Ramón Díaz, el exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet o el abogado Carlos Leal, quienes defienden, en este sentido, que sería la Orden Ministerial de 1995 la que regularía la concesión de dichas ayudas.
Los investigados referidos aluden así al Real Decreto 1035/1984, de 9 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ERE, para concluir que la región andaluza "tiene plena competencia para la gestión y abono con su propio presupuesto de las ayudas sociolaborales que se discuten en el presente procedimiento".
"Esta disposición nunca ha sido citada en el presente procedimiento, lo que es chocante, dado que con la misma se hubiera evitado casi toda esta instrucción", lamentan los firmantes del escrito, añadiendo que tal distribución competencial y delegación de competencias "no es privativa de Andalucía", ya que el resto de comunidades autónomas "tienen las mismas competencias de gasto".
"DAÑO"
Los investigados referidos lamentan el "daño" que el caso "ha hecho a tantas personas y entidades" y opinan que, "por un mínimo de sensibilidad jurídica, no puede seguir siendo construido sin dar una respuesta adecuada, y en Derecho, sin subterfugios ni cautelas que no obedezcan a la aplicación estricta de la ley".
En este sentido, reclaman a la juez que se pronuncie sobre la "aplicabilidad" de la Orden de 1995 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a las ayudas sociolaborales investigadas, "estableciendo si dicha Orden constituye el marco legal adecuado en el que se desenvuelven dichas ayudas".
"De ser cierta la tesis que mantenemos acerca de la aplicabilidad de la normativa analizada a las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta", solicitan que "tal corrección afecte de modo positivo al contenido de la imputación" efectuada a todos ellos "y a todos cuantos se hayan en su situación procesal".
Recientemente, y dentro de la pieza separada por las ayudas a la Faja Pirítica de Huelva, la juez tomó declaración como investigada a la ex directora general de Trabajo del Ministerio Soledad Cordova, que ocupó el cargo entre 1991 y 2004 y que corroboró el informe remitido recientemente a la magistrada por el director general de Empleo en el que se asegura que el Gobierno central concedió durante una década 220 ayudas extraordinarias sin concurso público, como ocurrió con la Junta en las ayudas de los ERE.
La juez le preguntó en concreto en esa declaración si consideraba que la actuación de la Administración pública andaluza y de la Administración estatal en la concesión de este tipo de subvenciones --sin ningún tipo de concurrencia pública y de manera excepcional-- incurría "en algún tipo de ilegalidad".
La respuesta de Soledad Cordova fue: "Para nada. Se han aplicado estrictamente los criterios de la Orden de 1995. Estas ayudas, que son de aplicación directa, estaban perfectamente encardinadas dentro de la ley de subvenciones", recoge la grabación de la declaración incorporada al sumario.
