La juez archiva la causa contra el exdiputado del Partido Socialista del País Vasco Antonio Aso al no existir indicios contra él
SEVILLA, 23 May. (EUROPA PRESS) -
La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha procesado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos a dos exaltos cargos de la Junta de Andalucía, al exfutbolista 'Pizo' Gómez y a otras dos personas por las ayudas a la empresa Centros para la Formación y Prevención Laboral (Cenforpre).
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez procesa al exconsejero de Empleo Antonio Fernández; al exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero; al exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín; al exdirector gerente de la empresa Miguel Errecalde Treviño, y a José Antonio Gómez Romón, conocido como 'Pizo' Gómez, que fuera trabajador de la empresa y exfutbolista del Osasuna y Atlético de Madrid.
Asimismo, la magistrada archiva la causa contra el exdiputado del Partido Socialista del País Vasco Antonio Aso al entender que, una vez finalizada la instrucción de esta pieza separada de los ERE, "no ha quedado acreditada la existencia de mínimos indicios de su participación dolosa" en los hechos investigados.
De este modo, la juez señala que la "hipótesis" inicial sostenida en esta pieza separada era que 'Pizo' Gómez, "prevaliéndose de la amistad que su jefe", Miguel Errecalde, tenía con Guerrero, "consiguió una póliza para éste bajo la apariencia de pago de un supuesto servicio, que no era real", una hipótesis que "ha sido absolutamente descartada tras la práctica de las diligencias desarrolladas".
No obstante, la instructora mantiene que, de dichas diligencias, "se desprende la existencia de indicios racionales de criminalidad que permiten, con la provisionalidad propia del momento procesal en que nos encontramos, determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos delictivos que para mayor claridad" expone en el auto.
PÓLIZAS
Así, la juez relata que, el 1 de agosto de 2007, Guerrero "otorgó como medio para el pago de unos servicios prestados" por Cenforpre una póliza de rentas de supervivencia y nueve pólizas de capital diferido, todas ellas en el mismo documento, figurando como tomadora la Dirección General de Trabajo y como beneficiario el exfutbolista 'Pizo' Gómez.
Según la juez, Cenforpre realizaba programas de formación para la Junta y venía cobrando dichos servicios mediante transferencias bancarias, pero, "al parecer, los últimos cursos realizados, concretamente un proyecto de divulgación de riesgos laborales (formación de graduados de colegios profesionales), iniciado en 2004 y finalizado en 2006, no podían pagarse por falta de presupuesto".
"Esta parece ser que fue la causa por la que Guerrero propone" al gerente de la empresa "pagar mediante una póliza de rentas", considera la juez, que agrega que, para ello, "era necesario que apareciera como beneficiario una persona física", por lo que Miguel Errecalde le propuso a un empleado, en concreto a Gómez Romón, que fuera él quien apareciera como beneficiario de la póliza "para cobrar los servicios".
MÉTODO "CONOCIDO" Y "CONSENTIDO"
Así, este trabajador aceptó la proposición realizada por su jefe y percibió entre septiembre de 2007 y agosto de 2008 en su propia cuenta corriente y "a sabiendas que ningún derecho tenía a recibir tales rentas" un total de 491.424,43 euros con los que pagó las cuotas de amortización de un préstamo de 500.000 euros que pidió a la Caja Rural de Navarra, "habiendo devuelto" el dueño de Cenforpre "unos 200.000 euros".
La juez afirma que, según declaró el propio Guerrero en sede policial, "la utilización de este sistema, uso de pólizas, para resolver estos asuntos, es un método conocido y consentido" por el exconsejero de Empleo, mientras que la intervención de Antonio Albarracín en estos hechos "queda limitada a la referida póliza individual en la que aparecía como beneficiario" Gómez Romón, "quien indiciariamente conocía de la irregularidad de la misma".
Asimismo, señala que el exdiputado del Partido Socialista del País Vasco Antonio Aso "era un técnico que gestionaba u organizaba la realización de estos cursos, que se realizaron, no existiendo indicios de participación alguna en el cobro de los mismos ni en la emisión de la póliza".
En el auto, la juez da traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas, como son el PP-A y la Junta de Andalucía, para que en el plazo común de diez días soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.
