La juez Núñez prorroga la complejidad de las piezas separadas de los ERE de Río Grande y Matadero de Fuente Obejuna

La juez María Núñez Bolaños
EUROPA PRESS - Archivo
Actualizado 07/04/2018 11:44:41 CET

SEVILLA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que investiga la causa por los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos concedidos por la Junta, ha acordado la prórroga de la complejidad de la instrucción de dos piezas separadas, en concreto, las abiertas por las ayudas sociolaborales a los empleados del restaurante sevillano Río Grande y por el ERE de Matadero de Fuente Obejuna (Córdoba), que recibió una ayuda de 2,5 millones de euros.

En dos autos, con fecha de 2 de abril de 2018 y a los que ha tenido acceso Europa Press, la juez instructora acuerdo prorrogar la declaración de especial complejidad de dos de las piezas separadas en el marco de la investigación de los ERE, tras recibir escrito del Ministerio Fiscal en éstas solicitando dicha prórroga.

En este sentido, la juez María Núñez señala que el nuevo artículo 324.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducido por la ley Orgánica 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la Agilización de la Justicia Penal y el Fortalecimiento de las Garantías Procesales, establece que si la instrucción es declarada compleja el plazo de duración de la misma será de 18 meses, que el juez instructor de la causa podrá prorrogar por igual plazo o uno inferior a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes.

Además, señala el citado artículo que la solicitud de prórroga deberá presentarse por escrito, al menos, tres días antes de la expiración del plazo máximo.

Igualmente, el articulado recoge que se considerará que la investigación es compleja cuando recaiga sobre grupos u organizaciones criminales; tenga por objeto numerosos hechos punibles; involucre a gran cantidad de investigados o víctimas; exija la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis; implique la realización de actuaciones en el extranjero; precise de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas, o se trate de un delito de terrorismo.

En este sentido, la juez indica en los autos que en las presentes causa se investigan numerosos hechos punibles, involucrando a gran cantidad de investigados que exige la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que implican el examen de abundante documentación precisando de la revisión de a la gestión de personas jurídico-públicas y privadas.

Por todo ello, considera "indudable" que procede acceder a la petición formulada por el Ministerio Público y acuerda declarar la prorroga de la complejidad de la instrucción de estas tres causas.

DECLARACIONES EN LA PIEZA DE RÍO GRANDE

Precisamente, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla ha señalado para este próximo jueves, 12 de abril, la declaración del director general de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Javier Thibault, en calidad de testigo en la pieza separada que investiga el ERE en el restaurante Río Grande.

Esta nueva citación se produce con motivo de la suspensión de la inicialmente fijada para el día 15 de febrero por la imposibilidad de realizar la declaración por videoconferencia, según comunicó el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid a la juez instructora.

En una nueva providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez Núñez señala para el día 12 de abril la declaración, por videoconferencia, de Javier Thibault, así como las del subdirector general de Programación y Actuación Administrativa del Ministerio, Juan Manuel Gutiérrez Hurtado, y la vicesecretaria general técnica, Raquel Peña Trigo, declaraciones que también fueron suspendidas en su momento.

Estas testificales se encuadran en la pieza del ERE de Río Grande. Cabe recordar que la instructora, en el auto por el que abrió esta pieza, relata que fue el 15 de julio de 2005 cuando Carmen García, administradora de la empresa, presentó en la Delegación de Empleo un ERE que afectaba a doce de los 33 trabajadores de la sociedad, alegando causas "organizativas" y la existencia de unos resultados negativos, "especialmente" en el año 2004, a pesar de que los datos aportados por la Agencia Tributaria y declarados por Río Grande a través de su Impuesto de Sociedades evidencian que la empresa declaró unos beneficios de 1.250.594,42 euros.