SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
La juez María Núñez Bolaños ha reabierto la causa contra una excargo de la Junta de Andalucía investigada en la pieza separada de los ERE fraudulentos relacionada con los 34 millones de euros en ayudas concedidos al entramado empresarial de la Sierra Norte de Sevilla vinculado a los ex concejales socialistas José Enrique Rosendo --ya fallecido-- y José María Sayago.
En un auto fechado el día 30 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla estima así el recurso de los abogados de la Junta de Andalucía contra su decisión de archivar la causa contra la ex asesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa.
La juez señala que, por parte de la Junta, "se alega la existencia de indicios que, más allá de la mera participación como técnico" de María José Rofa, "suponen una intervención directa en la ejecución y pago de las ayudas con conocimiento, al menos indiciariamente, de la ilegalidad de la concesión".
Al hilo de ello, la instructora dice que, una vez examinadas las actuaciones, "resulta procedente en este momento" estimar el recurso interpuesto por los letrados de La Junta de Andalucía "a fin de determinar la efectiva participación de Rofa más allá de lo que sería su gestión o labor como mero técnico en el ejercicio de sus funciones".
En un auto dictado el 17 de enero, la juez archivó la causa contra María José Rofa al entender que, "aunque como señala la Junta consta sin duda la participación" de Rofa en la gestión en los pagos de determinadas ayudas, "sin embargo no existen indicios de que dicha participación fuera dolosa y más allá de la mera actuación como técnico" de la Dirección de Trabajo.
En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, la Junta explica que en esta pieza se investigan los hechos relacionados con la concesión de ayudas a las empresas vinculadas a José Enrique Rosendo y José María Sayago, "algunas de las cuales fueron abonadas tiempo después de su concesión (cuando algunas de tales empresas habían pasado ya al grupo Barbadillo), siendo así que tales hechos podrían ser constitutivos, indiciariamente, de los delitos de prevaricación y malversación".
A juicio de la Junta, la participación de María José Rofa en los hechos investigados "se deduce claramente de las diligencias de investigación llevadas a cabo", en las cuales consta que, en la época en que Juan Márquez fue director general de Trabajo, "se suscribieron convenios para la materialización de ayudas a empresas radicadas en la Sierra Norte, entre ellas las vinculadas a Rosendo/Sayago, por importe de 549.500 euros".
"En dicha materialización, al menos indiciariamente, tuvo participación" la investigada, ya que, "como mano derecha del director general de Trabajo, se encargó personalmente de que el resultado, presuntamente, repetimos, delictivo, se produjese", asevera la Junta en el recurso de reforma.
"INTERLOCUTORA DE LA ADMINISTRACIÓN"
Asimismo, dice que en la propia documentación aportada por la defensa de Rofa consta que ésta "gestionó directamente los pagos de determinadas ayudas, constituyéndose en interlocutora de la Administración frente a los empresarios y en interlocutora frente al director general a nivel de gestión de los expedientes", por lo que "su intervención consistió en la realización de una parte necesaria de la ejecución del presunto delito, de forma que tuvo dominio funcional del hecho".
Para finalizar, la Junta señala que la decisión de archivar el procedimiento "sólo puede ser adoptada cuando las diligencias de prueba practicadas evidencien de forma objetiva y clara, sin necesidad de interpretaciones subjetivas, la inexistencia de los hechos objeto de la investigación o atipicidad de los que se demuestren existentes o que no aparezca suficientemente justificada su perpetración, debiendo, en consecuencia, carecer dichos hechos extrínsecamente de apariencia delictiva, lo que no ocurre" en este caso.
En el auto de 17 de enero, la juez archivó la causa contra María José Rofa y también contra el exdirector general de Finanzas del antiguo IFA Pablo Millán, aunque este último archivo no es recurrido por la Junta al considerarlo "ajustado a Derecho".
En este sentido, la instructora dice que "no hay indicios de la participación" de Pablo Millán, en su calidad de director de Finanzas de la agencia IDEA, "en la trama urdida para otorgar de manera sistemática ayudas" al grupo de empresas de José Enrique Rosendo y José María Sayago, "sitas mayoritariamente en la zona geográfica" de la Sierra Norte.
ANTICORRUPCIÓN APOYÓ EL ARCHIVO
La Fiscalía Anticorrupción, en un escrito consultado por Europa Press, no se opuso a archivar provisionalmente la causa contra Pablo Millán una vez analizada la documentación aportada por los letrados de la Junta de Andalucía relativa al pago de 100.000 euros a la empresa Sodelp.
En el caso de María José Rofa, tampoco se opuso alegando que, en esta fase inicial de la investigación, "no hay indicios de su dolosa participación en su condición de técnico de la Dirección General de Trabajo en la concesión sistemática de las ayudas al grupo de empresas antes reseñado y las decisiones posteriores sobre los pagos pendientes".
Esta pieza separada fue abierta el 14 de abril de 2016 por la juez María Núñez y va dirigida contra 16 personas, entre ellas los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas, y Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del ex presidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla.
