SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía ha cerrado un acuerdo con el Gobierno de la Nación para introducir cambios en la Ley del Deporte que permiten evitar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) al dar por "solventadas" las "discrepancias" expresadas por el Ejecutivo central sobre varios preceptos de la citada norma.
El acuerdo ha sido alcanzado en un grupo de trabajo creado en la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía y fue suscrito el pasado 21 de abril por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Públicas, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios.
Dicho acuerdo, consultado por Europa Press, da por "solventadas" las "discrepancias manifestadas" por el Gobierno de la Nación en relación con la redacción dada a 28 artículos, cinco disposiciones adicionales, tres transitorias y dos finales de la Ley del Deporte de Andalucía aprobada a principios de julio de 2016 por unanimidad de los cinco grupos del Parlamento andaluz.
DISCREPANCIAS SOBRE LICENCIAS Y ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
Entre los apartados de la nueva norma que cuestionaba el Gobierno figuraban los relativos a la regulación autonómica sobre ordenación de las profesiones del deporte; licencias deportivas y títulos habilitantes; asistencia sanitaria y seguro de responsabilidad civil; entrenadores, directores y monitores deportivos; o formación y enseñanzas deportivas.
La administración central también discrepaba de toda la regulación de la Junta sobre el "ejercicio profesional del deporte", los títulos "homologados, reconocidos y equivalentes" y la habilitación tanto para "ejercer las profesiones del deporte" como para el "reconocimiento de la formación complementaria y experiencia laboral".
El acuerdo alcanzado prevé, entre otros aspectos, que la Junta introduzca una nueva disposición adicional que precise la exigencia de grados de formación en competencias para ejercer una profesión relativa a formación o enseñanzas deportivas y se comprometa al desarrollo reglamentario de la norma conforme a la Ley General de Salud Pública, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el Real Decreto Legislativo de garantía de la unidad de mercado.
