SEVILLA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha remitido este pasado martes una carta a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para pedir una reunión bilateral donde conseguir que se corrijan la situación "desventajosa" para Andalucía en cuanto al reparto de los fondos destinados a políticas activas de empleo, ya que la comunidad es "la única que ve mermada la inversión para estas políticas en 2017, a pesar de ser la segunda comunidad con la mayor tasa de paro".
La misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha sido enviada por el consejero una vez celebrada la última Conferencia Sectorial de Empleo y Políticas Laborales, en la que se acordó la distribución de estos fondos. Sánchez Maldonado apunta, en la misma, que Andalucía dispondrá del 18 por ciento del total de los fondos pese a contar con el 26 por ciento del total de parados, según la Encuesta de Población Activa (EPA), o el 23 por ciento, según el paro registrado.
El consejero pide que no se valore como criterio la realización de los cursos de formación profesional para el empleo en Andalucía teniendo en cuenta que desde 2012 se vio paralizada durante varios años. "Si no hubo cursos, el grado de cumplimiento de objetivos basados en la realización de estos cursos no puede ser una variable de medición a la hora de asignar las cantidades a Andalucía". Además, apunta que la reducción se produce "justo en el año en el que se han retomado y reactivado las convocatorias, con lo que al final se acaba penalizando a las personas que más necesitan de esta política".
En la carta, Sánchez Maldonado recuerda que este caso judicial está concluyendo "con el reproche jurídico a los denunciantes y todos los procedimientos favorables a la Administración de la Junta de Andalucía, quedando los hechos en reproches puramente de presuntas irregularidades administrativas, en las que habrían incurrido las entidades a las que fueron otorgados los cursos".
Asimismo, señala que el Parlamento andaluz ha desarrollado durante más de un año una comisión de investigación que ha concluido "sin que existan menoscabo de fondos ni malversación de los caudales destinados a la formación profesional para el empleo".
El consejero también alega en la carta para corregir la distribución de estos fondos que, por mandado del Parlamento andaluz, se acordó que la Administración andaluza "no iba a privatizar ninguno de los servicios prestados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), incluidas las agencias privadas de colocación. "Por tanto, los fondos asignados (más de 20 millones de euros) no se han ejecutado al no existir convenios específicos con dichas agencias privadas.
De igual manera, ha reprochado que la partida destinada a políticas de empleo para parados mayores de 45 años les fue notificada "a finales del mes de diciembre de 2016", haciendo efectivo su pago "en enero de 2017". "Esta circunstancia hizo imposible su ejecución por parte de la Comunidad Autónoma, habida cuenta de que en esas fechas estaba prácticamente cerrado el ejercicio presupuestario", subraya.
Sánchez Maldonado también ha criticado el sistema adoptado para la realización del reparto, ya que, a su juicio, "no recoge el esfuerzo real y de administración que se hace de los fondos de empleo en los servicios públicos de empleo". En este punto, destaca que Andalucía contaba en 2016 "realmente con 76 millones de euros destinados al fomento del empleo y de estos se han ejecutado el 93,3 por ciento, es decir, 71 millones de euros, lo que no tiene reflejo real en el reparto final".
Además, el consejero ha considerado que la partida de modernización de los servicios públicos de empleo no encuentra "un reflejo fiel en el resultado final", ya que, aunque es uno de los ejes del Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE), su valoración apenas supone el cinco por ciento del total del sistema de ponderación. De esta manera, insiste en que, aunque se haya ejecutado el 75 por ciento de estos fondos, su peso es "escaso" en el sistema total.
SOLUCIONES
En la carta, el consejero del ramo señala una serie de posibles soluciones para la situación que atraviesa Andalucía. En concreto, reclama un plan específico de empleo que venga a corregir "las deficiencias de un sistema de evaluación que no prevé elementos de decisión y contexto". "No se trata de aplicar un sistema diferencial para Andalucía al margen del establecido para todas las comunidades autónomas, sino de reconocer y abordar las diferencias", subraya.
También pide un proceso "transparente y participado" de evaluación y reflexión sobre los elementos de planificación y evaluación de las políticas activas de empleo, que se ajuste e incorpore la gestión y el esfuerzo que realizan los servicios públicos.
