Las ayudas, cuya solicitud se deben presentar en un plazo de tres meses, podrán ascender hasta un máximo de 30.000 euros
SEVILLA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Junta consignará tres millones de euros en ayudas para los ayuntamientos, entidades locales y organismos supramunicipales con el objetivo de agilizar la puesta en marcha de los registros municipales de demandantes de vivienda protegida, según se contempla en la orden de subvenciones aprobada por el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, y publicada hoy en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), donde se apunta que las solicitudes deberán presentarse en el plazo de tres meses.
Según indicó la Junta en una nota, actualmente casi 500 ayuntamientos andaluces han aprobado la constitución de estas bases de datos en sus respectivos plenos.
Según esta orden que regula la concesión de subvenciones para constituir los registros, la cuantía máxima de las ayudas se ha establecido en función de la población de las localidades, aunque ésta podrá alcanzar hasta los 30.000 euros en el caso de los municipios de más de 300.000 habitantes.
Según la orden, consultada por Europa Press, en el caso de los municipios hasta 20.000 habitantes, el importe máximo de la ayuda serán 10.000 euros; entre 20.000 y 100.000 habitantes, el máximo será de 15.000 euros; y para los municipios de entre 100.000 y 300.000 habitantes, el importe máximo será de 20.000 euros.
Las entidades beneficiarias de esta subvención recibirán el 50 por ciento del gasto total que implique la constitución y puesta en funcionamiento de los registros.
Esta ayuda se podrá emplear para costear tanto los gastos materiales como de personal necesarios en la puesta en funcionamiento de esta figura, tales como obras para adaptación del local, arrendamiento del mismo, gastos de publicidad, adquisición de material de oficina e informático, remuneración del personal o cualquier otro gasto análogo.
El cálculo del coste de la implantación de estas bases de datos se ha efectuado gracias a las experiencias piloto llevadas a cabo en municipios de diferentes poblaciones y características a lo largo de los últimos meses.
Tras el pago de estas ayudas, los ayuntamientos estarán obligados a constituir y poner en funcionamiento los registros municipales de demandantes de vivienda en un plazo máximo de seis meses desde el pago del 75 por ciento de la subvención concedida.
Esas subvenciones se suman al desembolso económico que ha tenido que realizar previamente la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio tanto para desarrollar la herramienta informática que gestionará la base de datos de los registros, como para formar al personal municipal que la utilizará.
Este programa informático permite cruzar datos de distintas administraciones (Ministerio de Interior, Hacienda, Catastro) para comprobar que el aspirante a tener una VPO cumple efectivamente los requisitos. Además, posibilita la tramitación telemática de las solicitudes de inclusión en el registro y el envío de mensajes de texto a los ciudadanos indicándoles si tienen que renovar su inscripción --que tiene una validez de tres años prorrogables-- o si han resultado adjudicatarios de una vivienda protegida.
Asimismo, la Junta ha asumido, en colaboración con la Asociación de Promotores Públicos de Vivienda Protegida (AVS), la confección de un modelo de ordenanza municipal de regulación de los registros que pueden aplicar los ayuntamientos a sus respectivos municipios.
Los beneficiarios de las subvenciones serán los ayuntamientos, o en su defecto las entidades locales u organismos supramunicipales que vayan a gestionar los registros.
Según la orden, consultada por Europa Press, inicialmente se paga el 75 por ciento de la ayuda y el 25 por ciento restante cuando se justifiquen la aplicación del presupuesto y la puesta en funcionamiento del registro, aunque cuando la solicitud de ayuda se presente por ayuntamientos donde ya este constituido el registro municipal, el importe de la subvención se abonará "en firme y en un solo pago".
Asimismo, no podrán obtener la condición de beneficio de las ayudas las entidades que han sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de posibilidad de obtener ayudas públicas o no hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Además, si la entidad beneficiaria tuviere que realizar un contrato de suministro o prestación de servicio cuyo coste supere los 12.000 euros, deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores y realizar la selección de la oferta conforme a criterios de eficiencia y economía.
PAPEL DE LOS REGISTROS
Los registros municipales de demandantes de VPO, recogidos en la Ley de Derecho a la Vivienda, permiten "conocer las necesidades de VPO en cada municipio de la comunidad y ajustar consecuentemente la oferta". Además, no sólo incluirán cuántos ciudadanos tienen derecho a una vivienda en cada localidad, sino también qué tipo de vivienda necesitan o quieren, si será en régimen de venta o alquiler, con unas determinadas dimensiones de acuerdo con su situación familiar.
Asimismo, permitirán que los ciudadanos soliciten una VPO hasta en tres municipios distintos, consignando si lo desean cuál es su localidad de preferencia.
En estas bases de datos podrán inscribirse todos los ciudadanos que demanden una VPO o un alojamiento protegido y que cumplan los requisitos legales para acceder a uno. Con esta información contrastada y sistematizada se elaborarán los planes municipales de vivienda de una forma mucho más ajustada a las necesidades.
Los 498 ayuntamientos que han aprobado en Pleno las ordenanzas de sus registros suponen el 65 por ciento del total de la Comunidad. Asimismo, en estos momentos otros 149 municipios ya han manifestado su voluntad de dar luz verde a sus bases a lo largo de este mes de diciembre, con lo cual a final de año serán 647 municipios los que tendrán sus registros. Estas localidades concentran al 80 por ciento de la población andaluza y entre ellas se encuentra el 95 por ciento de las ciudades grandes y medianas de Andalucía.
