SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha culpado al Gobierno del hecho de que no haya podido ejecutar los fondos de las ayudas al alquiler y rehabilitación de los retrasos en las diversas convocatorias, toda vez que, según ha lamentado, el Gobierno ha suscrito "tarde" el convenio de colaboración para la ejecución de la prórroga del Plan de Fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016.
En una comparecencia en comisión parlamentaria, López, quien ha asegurado que "la mayor parte de la política de vivienda se financia con recursos propios", ha aseverado que "si la política de vivienda se ciñera a la financiación y planificación del plan estatal, estaríamos en unos niveles de acción que estarían muy por debajo de lo que hace el Gobierno andaluz".
Sobre este convenio suscrito entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Fomento, ha apuntado que éste era necesario para que el programa de ayudas a fomento del alquiler y rehabilitación "surtiera efectos de forma plena".
Así, ha explicado que "el 11 de enero nos dirigimos al Ministerio de Fomento apuntando la imperiosa necesidad de dicha prórroga, pero hasta el 15 de marzo de 2017 no recibimos el convenio para su firma", de manera que "la firma se produjo el 25 de julio de 2017, siete meses después de la publicación del Real decreto que establecía la prórroga del plan".
Por tanto, considera que "es imposible que en tres meses, de agosto a octubre, pudiéramos lanzar nuevas convocatorias de ayudas en concurrencia competitiva, y actuaciones tan complejas", de forma que, según ha asegurado, "la fecha tan tardía en que se suscribió el convenio de colaboración ha sido la única razón para que no se ejecutaran los fondos asignados".
No obstante, el consejero ha indicado que la Junta "se anticipó con ayudas en régimen de concurrencia competitiva, aun a riesgo de que hubiera retrasos por parte del Ministerio", y convocó esas ayudas.
De esta forma, actualmente "la convocatoria de ayudas a los inquilinos está en fase de subsanación y en el caso de rehabilitación edificatoria ya se han publicado la lista de beneficiarios y suplentes".
Ha asegurado que "de las obligaciones contraídas con la prórroga del plan, sólo el 12,8 por ciento de lo ejecutado corresponde al Estado, mientras que el resto es esfuerzo presupuestario de la Junta".
El consejero ha indicado que estas ayudas en materia de vivienda tendrán su continuación en 2018.
López ha instado al PP a que "interceda ante el Ministerio para que le dé la máxima agilidad posible, pues el Gobierno no cumple ninguna planificación razonable" y ha insistido en que "son escasos los recursos financiados por el Gobierno central, y el resto es esfuerzo de la Junta".
"Pedimos al Gobierno que los límites temporales no nos constriñan y que haya más recursos y más apuesta pro la vivienda protegida, y que a nivel nacional se incorporen programas como la adecuación funcional básica, que ya hacemos en Andalucía, que se aumente en un 75 por ciento las subvenciones para cofinanciar los ascensores", ha pedido López al Gobierno central, y considera que "el Gobierno debe ampliar la base de cooperación financiera con las comunidades autónomas y no hacer trampas al solitario, pues con los actuales plazos constreñidos es imposible".
No obstante, ha insistido en que "el Gobierno andaluz esta cumpliendo y está articulando ayudas a la entrada o al tipo de interés en 2016, 2017 y 2018 con fondos del plan autonómico", por lo que espera que a nivel nacional "haya mayor nivel de simplificación con vistas a ser lo más eficientes posibles".
"LA MISMA PRÓRROGA PARA TODOS, DISTINTA EJECUCIÓN"
Por su parte, la diputada del PP Alicia Martínez, quien ha pedido "mayor transparencia" a la Consejería "y así poder consultar datos en la web", le ha dejado claro al consejero que "el plazo de la prórroga fue el mismo plazo que tuvieron otras comunidades autónomas, todas tuvieron las mismas circunstancias, pero la ejecución de Andalucía ha sido diferente".
"Aquí el consejero no se puede escudar en una supuesta infrafinanciación, pues Andalucía ha sido la comunidad que más financiación ha recibido para políticas de vivienda con un 16 por ciento", ha aseverado Martínez, quien ha apuntado que el convenio se alcanzó en 2014 y se prorrogó en 2017, de manera que "lo que fue tarde fue el Plan Andaluz de Vivienda, pues hubo una legislatura entera sin plan, de 2012 a 2016".
Ha precisado que el convenio con el Ministerio ha supuesto "137 millones que han venido a Andalucía mediante diversos programas, además de 270 millones que viene directamente a las cuentas de los préstamos hipotecarios", de manera que, según asegura la diputada del PP, "por cada diez euros que pone el Gobierno, la Junta sólo pone un acuerdo tras ese convenio de prorroga, eso es la teoría".
Ha añadido que "en la práctica la comunidad ha ejecutado en los ejercicios 2014, 2015 y 2016 un total de 85 millones, casi la mitad de ejecución", de forma que "sólo cuatro comunidades ejecutaron menor porcentaje que Andalucía", mientras que "la media en otras comunidades ha sido diez puntos por encima y algunas llegan al cien por cien de ejecución, cuando las condiciones han sido las mismas para todas las comunidades".
"El Gobierno ha puesto a disposición de Andalucía casi 546 millones de euros, lo cual es una cifra muy importante para hacer política de vivienda, y de esa cifra, 300 millones han sido para subsidiación de préstamos", ha precisado Martínez, quien ha apuntado que "se han dejado de gastar 81 millones en programas de ayudas al alquiler, rehabilitación edificatoria y edificación urbana", de manera que "hay niveles de ejecución muy bajos de los diversos programas".
Martínez ha criticado que el consejero "pone excusas de quien suspende otra asignatura, pues otras comunidades han tenido los mismos plazos y la misma concurrencia competitiva", de forma que "existe una mala ejecución y una gestión inadecuada".
"El plan estatal suplió el vacío del plan andaluz durante varios años", ha añadido Martínez, quien ha asegurado que "durante varios años el cien por cien de la financiación en Andalucía ha sido estatal". Asimismo, ha apuntado que "la propia Junta reconoce su fracaso social en los barrios y en políticas de rehabilitación integral o erradicación de la infravivienda", mientras que "las ayudas del alquiler han llegado tarde, pues se han resuelto en 2017 y se tenían que haber pagado en 2016, y además muchos solicitantes han quedado fuera".
En cuanto a las ayudas de rehabilitación edificatoria, ha criticado que la Junta "no ha atendido a todos los propietarios que han presentado proyectos y no se le han concedido más ayudas", por lo que le ha pedido que "sea más autocrítico y más autoexigentes".
