La Junta urge a cambiar las reválidas por un sistema "lo más parecido al anterior"

 
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La Junta urge a cambiar las reválidas por un sistema "lo más parecido al anterior"

Antonio Ramírez de Arellano, consejero de Economía, en rueda de prensa
EUROPA PRESS/JUNTA DE ANDALUCÍA
Actualizado 08/11/2016 12:35:17 CET

SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, espera que el Gobierno central cambien "lo más pronto posible" el sistema de 'reválidas' y demanda que se vuelva a un sistema "que sea lo más parecido a lo que existía anteriormente".

El consejero, quien precisa que será la Consejería de Educación la que acuda a las reuniones y grupos de trabajo, aunque el área de universidades "estamos especialmente preocupados por que esta materia se dilucide y se aclare lo más rápido posible", ha precisado que actualmente la Junta "sólo tiene algunas indicaciones preliminares", por lo que no conoce en profundidad cuál va a ser la propuesta del Gobierno, de forma que estará pendiente del resultado de esas reuniones técnicas.

"Llevamos meses de trabajo, y si nos hubieran hecho caso desde el primer día estaríamos más tranquilos, pero bienvenida la rectificación si se produce", ha añadido.

Ha explicado que el Gobierno "quiere volver a lo que ya teníamos antes, volver a las pruebas de acceso a la universidad sea con la perspectiva que sea".

Arellano ha lamentado que el Gobierno central "por cuestiones no tenían nada que ver con el acceso a la universidad, sino por el empecinamiento de poner en marcha una ley ajena al debate y a todo análisis con el sector y con las comunidades autónomas, puso en marcha la reválida y su efecto sobre la universidad ha estado en cuestión en todo momento".

El consejero ha defendido el sistema que hasta aquel momento tenía España, "un sistema funcional, operativo y óptimo para garantizar la igualdad de oportunidades, el mérito y la libertad de elección en el acceso a las universidades", pero que el Gobierno ha decidido "cambiarlo sin ninguna razón de fondo, por coyunturas que rodeaban a las reválidas", y ha añadido que "tras años de incertidumbre vuelve a plantear lo que había funcionado muy bien".

Considera que "hace falta que estos cambios se hagan muy rápido para volver lo más rápido posible a la antigua prueba de acceso a la universidad", para así "poder dar seguridad jurídica y académica a miles de jóvenes y sus familias".

Para el consejero, "no hay precipitarse ni apresurarse, hay que hacerlo pronto pero hay que hacerlo muy bien", y ha recordado que "se deberá modificar pero sin cambiar la ley orgánica". "El Gobierno debe revivir la prueba de acceso a la universidad, pero se trata de una ley orgánica, por lo que hay que buscar una fórmula para volver a lo que hacía antes de manera más segura posible sin tener que cambiar la ley orgánica".

Ha explicado que el Gobierno "se ha impuesto como fecha limite el 30 de noviembre para emitir la orden que regule esas pruebas", ante lo que ha criticado el Gobierno "cada vez que ha sacado una norma se ha impuesto un calendario de implantación, como ha pasado en la Lomce y en su decreto de desarrollo; es algo sorprendente que una ley tenga un calendario inflexible de adaptación, pues se trata de una ley orgánica y modificarla no es fácil".

Así, ha explicado que el Gobierno "debe desarrollar su propuesta, plantearla a las comunidades autónomas, y que ésta sea operativa, realista y que se pueda implementar de manera segura, algo que ya teníamos antes, pero que el Gobierno ha desmontado", aunque insiste en que todavía no se conoce en detalle el documento.

En ese sentido, sí considera que las pruebas de acceso "deben cambiar en su contenido", ya que los estudiantes que van a acceder a la Universidad han hecho el Bachillerato y Secundaria de la Lomce, por lo que "tiene que cambiar porque sus estudios son estructuralmente distintos".

Ha añadido en ese punto que "cambie como cambie la fórmula, lo importante es que conceptualmente sea igual o sea lo mas parecido posible al sistema anterior y que se establezca pronto".

PRUEBAS "CARÍSIMAS"

Arellano ha explicado que anteriormente "las universidades eran las encargadas de confeccionar la prueba y de ejecutarla, pues tienen instalaciones y recursos para hacerlo". Ha añadido que además se había puesto en cuestión de donde iban a salir los recursos para ello, toda vez que "se habla de con qué recursos contaba el Ministerio para poder implantar esta prueba que es carísima de desarrollar".

Así, ha explicado que "las universidades se tenían que gastar 30 millones, lo financiaban con una tasa que cobraban a estudiantes, pero cuando se trataba de una prueba obligatoria para sacar el Bachillerato ya no podía cobrarse, por lo que alguna institución debe pagar esa prueba", a lo que ha añadido el hecho de que, "si por ejemplo se enviaban equipos de examinadores a cada instituto, costaría cientos de millones; todo eso alguien lo debería haber pensado con tiempo".

De esta forma, lamentaba que con ese sistema "además de un problema político, había un problema económico y organizativo de fondo".

Ha explicado que el Gobierno "quiere que siga siendo una prueba que se haga desde la perspectiva del Bachillerato" y que la Consejería puede encargar a las universidades que la hagan, con vistas a "garantizar igualdad de oportunidades, el mérito y la libertad de estudio".

"Esto requiere de una clarificación lo más urgente posible porque esto afecta a millones de personas, no es una broma, afecta a muchas familias y a los planes de muchos jóvenes y nos hemos metido en un callejón innecesario", ha aseverado el consejero, quien recuerda que "nuestras universidades están abiertas a mas de 200.000 jóvenes andaluces, y cada año entran más de 40.000 a través de esta prueba, que "permite graduar el mérito, poner en práctica efectiva la libertad de estudio, compatible con la igualdad de oportunidades y compatible con que elija primero quien tiene mejor nota".

"Era un sistema que funcionaba muy bien, anónimo, con distrito único nacional y sin problemas y ahora esto se ha roto y hay que reconstruirlo desde cero, pues el Gobierno ha derogado un sistema que funcionaba y ahora debe ver cómo lo reactiva de manera que se garantice la seguridad jurídica y académica", ha aseverado.

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