Junta espera que no haya sorpresas con entregas a cuentas como el déficit y techo de gasto, que "imponen doble ajuste"

 

Junta espera que no haya sorpresas con entregas a cuentas como el déficit y techo de gasto, que "imponen doble ajuste"

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La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero
EUROPA PRESS
Publicado 04/07/2017 15:02:10CET

Montero dice que volverá a hablar con Cs del impuesto de sucesiones cuando conozca las entregas a cuenta

SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha dicho que espera que no haya "sorpresas" con las entregas a cuenta como las que ha habido con el objetivo de déficit que ha "impuesto" el Gobierno central o con el techo de gasto aprobado, decisiones que "someten a Andalucía a un doble ajuste presupuestario, suponen un durísimo golpe a sus oportunidades de desarrollo y no trasladan la recuperación económica a las familias". Así, ha dicho confiar en que el Ejecutivo central "compense" con las entregas a cuenta a las comunidades tras haber "metido la pata con el déficit".

Montero, que ha presentado al Consejo de Gobierno un informe sobre la última reunión del CPFF, ha asegurado en la rueda de prensa posterior que la Junta defenderá "con uñas y dientes que no se atropelle a Andalucía" y que mantendrá una actitud de "rebeldía democrática" frente al déficit pero nunca será una rebeldía "legal". "Pondremos toda la artillería democrática para exigir que se reprograme el déficit pero cumpliremos la ley", ha garantizado.

Y es que, como ha explicado, la reducción del objetivo de déficit del 0,6 por ciento al 0,3 por ciento del PIB impuesto para el 2018, "exigirá un ajuste de 450 millones de euros en el próximo presupuesto de la comunidad". Asimismo, ha señalado la senda de consolidación aprobada en el CPFF "supondrá para Andalucía un nuevo ajuste de otros 450 millones de euros". "Ello suma un total de 900 millones en los dos próximos ejercicios", ha advertido.

Respecto a los efectos para Andalucía del techo de gasto no financiero de los PGE para 2018, Montero ha augurado que "de nuevo impedirá inversiones estratégicas para la comunidad". A juicio de la consejera, el incremento del 1,3 por ciento es una previsión "raquítica e insuficiente".

Con todo, Montero ha denunciado que en el CPFF, el Ministerio de Hacienda estableció "unilateralmente" los objetivos de déficit "pese a el voto en contra de la mayoría de las comunidades autónomas", pues el sistema de votación otorga a la Administración central la misma representación que al conjunto de las regiones.

Según ha explicado, la Junta reclamaba que en 2018 este límite se mantuviera estable en el 0,6 por ciento, de forma similar a como ya ocurrió entre 2015 y 2016, años en los que quedó fijado en el 0,7 por ciento, pero, ha lamentado, en el CPFF "no hubo capacidad de negociación a pesar de que nuestra propuesta era más justa e equitativa".

Además, ha criticado la "opacidad" del ministro del ramo, Cristóbal Montoro, porque "no ha aclarado cuál ha sido la metodología empleada para determinar la distribución del déficit entre administraciones".

En este sentido, ha defendido la aplicación de criterios objetivos que consideren el porcentaje de gasto que representa cada administración, ya que "lo importante es definir qué políticas deben preservarse y protegerse, al margen de quién tenga las competencias".

EFECTOS SOBRE EL PIB REGIONAL

Así las cosas, la consejera ha incidido en que las comunidades autónomas representan el 32 por ciento del gasto público "y solo tienen el 19 por ciento del margen de déficit del conjunto de las administraciones".

"Si se repartieran los objetivos de déficit en función de la participación en el gasto público, al Estado le correspondería el 0,4 por ciento (por debajo del 0,7% asignado), mientras que a las administraciones territoriales les correspondería el 0,6 por ciento que reclamaba Andalucía, frente al 0,3 por ciento impuesto", ha criticado Montero, que ha avisado de que esta "desequilibrada" aplicación del déficit provoca que Andalucía "deje de disponer de 11.292 millones de euros entre 2012 y 2020, lo que se traduce en una reducción media del PIB regional del 1,8 por ciento anual".

No obstante, ha aseverado que la Junta está comprometida con la estabilidad y ha cumplido con el objetivo de déficit en 2016, mientras ha subrayado que el Estado "lo incumple y además se asigna el superávit registrado por los ayuntamientos, a los que no ha permitido destinar estos recursos adicionales a incrementar su gasto".

La titular de Hacienda también ha aludido a los ingresos que llegan a la comunidad a través del modelo de financiación y que permiten a las comunidades hacer frente a las competencias transferidas desde el Estado. Caducado desde 2013, ha criticado su "nefasta y discrecional" aplicación por parte del Gobierno central, "con una merma para Andalucía de 4.672 millones de euros dejados de recibir en los últimos seis años".

Como ha indicado, "ello supone un ajuste anual de 700 millones de euros que se suman a los 450 millones del déficit" y que, a juicio de Montero, "constituye un lastre para afrontar el salto de calidad que necesitan los servicios públicos".

Estas restricciones se suman al impacto del techo de gasto, ha advertido Montero antes de apuntar que la subida del 1,3 por ciento, con solo 1.497 millones de euros más, "es raquítica e insuficiente, además de estar desvinculada de las propias previsiones económicas del Gobierno central". "Entre 2015 y 2017 se ha rebajado en 14.922 millones de euros a pesar de que la economía se ha recuperado con incrementos superiores al 3 por ciento del PIB", ha sostenido.

Montero ha indicado que el techo de gasto es ahora 30.000 millones inferior al que había en 2011 (30.222), "con una reducción acumulada hasta 2018 superior a los 180.000 millones de euros".

A juicio de la consejera, "se trata de una continuación de la estrategia de reducción del peso de gasto público que el Gobierno central ha comprometido con Bruselas y que exige que el gasto en sanidad se reduzca en un 0,5 por ciento, en educación baje un 0,34 por ciento y en protección social caiga el 1 por ciento". "Así, si el gasto público sobre el PIB era del 45,8 por ciento en 2011 y del 42,4 por ciento en 2016, bajará otros tres puntos hasta 2020", ha concluido.

CRÍTICAS AL PP-A

Con todo, Montero ha rechazado la postura que está adoptando el PP-A y su líder, Juanma Moreno, ante esta situación, pues le ve "cómplice del agravio", y ha criticado que su "único mantra" al ser preguntado por este asunto es acusar a la Junta de dejar recursos sin ejecutar, algo que hace "mintiendo y engordando las cifras".

Ha explicado que los fondos que no se ejecutan y llegan de Europa o del Estado, salvo los de políticas activas de empleo, "se pueden volver a programar hasta que termine el programa marco", de manera que ha señalado que solo se pueden achacar a inejecución "técnica" unos 2.900 millones, no los más de 10.000 de los que habla Moreno, que son "una trampa", ha aclarado.

IMPUESTO DE SUCESIONES

De otro lado, y preguntada por si este escenario permitirá reformar el impuesto de sucesiones como plantea Cs, Montero ha señalado que hasta que no se conozcan las entregas a cuenta "no podemos hacer un boceto de cómo se va a comportar el Presupuesto del 2018 y los encajes a plantear en términos de impuestos" y siempre garantizando el mantenimiento de los servicios públicos.

No obstante, sí ha advertido que ya se parte de una situación de reducción en "450 millones" y que habrá que ver cómo se remonta esa cantidad para que no baje el gasto respecto al presente ejercicio pues "no sería explicable hacer unos presupuestos restrictivos".

Precisamente, no ha querido avanzar si las cuentas andaluzas del próximo ejercicio serán expansivas o restrictivas al no conocer aún la entregas a cuenta.

Del mismo modo, ha criticado la "irresponsabilidad" del PP-A al hacer una "campaña de deslegitimización" sobre este impuesto, a la par que ha puesto en cuestión que el Gobierno central no se haya pronunciado sobre este tributo y la reclamación de los populares andaluces. Así, ha acusado a Moreno de usar la fiscalidad como "arma política".

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