La Junta pide 11 años de cárcel para Guerrero por contrataciones 'fantasma' con Umax

 
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La Junta pide 11 años de cárcel para Guerrero por contrataciones 'fantasma' con Umax

Francisco Javier Guerrero
EUROPA PRESS
Actualizado 02/11/2016 8:35:01 CET

SEVILLA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha solicitado 11 años de cárcel y 30 de inhabilitación para el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero por los pagos realizados entre 2003 y 2010 por la Consejería de Empleo a la empresa Umax Informática y Consultoría, entre otras sociedades, por la contratación de 44 trabajadores, "la mayor parte de las cuales pertenecía a círculos de su proximidad (vecindad o amistad)".

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Junta pide para Guerrero siete años de prisión y 17 de inhabilitación por un delito continuado de malversación; cuatro años de cárcel y de inhabilitación y el pago de una multa de 9.000 euros por un delito continuado de falsedad en documento oficial, así como nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

Asimismo, solicita siete años de prisión, 23 años de inhabilitación y el pago de una multa de 4.500 euros para el también ex director de Trabajo Juan Márquez a cuenta de los mismos delitos atribuidos a Guerrero, mientras que al administrador de Umax, Ulpiano Cuadrado, le pide 16 años de cárcel, cerca de 800.000 euros de multa y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante 12 años.

De igual modo, y en este escrito consultado por Europa Press, la Junta reclama que Guerrero indemnice a la Junta con 467.106,142 euros y que Márquez lo haga en la cantidad de 434.393,75 euros, en ambos casos de forma solidaria con el administrador de la empresa.

En el escrito de acusación elevado al Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, la Junta no acusa a otros ex altos cargos procesados por la juez, como son el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera y los ex secretarios generales técnicos de la Consejería Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo.

La Junta relata que Guerrero, como director general de Trabajo, creó a partir de 2003 tanto en su Dirección General como en los servicios de su Dirección General en las delegaciones provinciales de la Consejería de Empleo una estructura administrativa de personal "al margen" de las previsiones contenidas en la relación de puestos de trabajo vigente para las mismas "mediante la contratación de, al menos, 44 personas, la mayor parte de las cuales pertenecía a círculos de su proximidad (vecindad o amistad)".

Según indica, esta mecánica continuó en el tiempo una vez se produjo el cese de Guerrero y el nombramiento de Márquez, quien "continuó abonando facturas a las entidades vinculadas" con Ulpiano Cuadrado " y proponiendo la contratación por éstas, para desarrollar trabajos en la Dirección General, de personas de su círculo de confianza".

Para llevar a cabo tal propósito, y "obviando las posibilidades ofrecidas" por la entonces vigente Ley de Contratos del Estado, Guerrero (y posteriormente Juan Márquez) acordó con Ulpiano Cuadrado "un mecanismo en virtud del cual empresas vinculadas a este último contratarían a las personas que indicase" Guerrero "para que desarrollasen su labor" en la sede de la Dirección General de Trabajo o en alguno de sus servicios asociados en las delegaciones provinciales de Empleo.

La Junta asevera que, "dado que el acuerdo" entre Guerrero, Márquez y el administrador de Umax "se realizó al margen del procedimiento de contratación reglado", los pagos derivados de los compromisos contraídos por la Dirección de Trabajo con las sociedades de Ulpiano Cuadrado "se realizaron acudiendo o bien a procedimientos negociados sin publicidad o bien a expedientes de contratación menor" en virtud de los que, "de forma repetida y periódica, se giraban facturas por dichas sociedades que respondían a servicios en realidad inexistentes y que tenían por único objeto contraprestar la contratación de personal por Cuadrado con el único fin de ponerlos a disposición de la Dirección General".

"FACTURAS FALSAS"

En este punto, asevera que el uso de la contratación menor y del procedimiento negociado sin publicidad, de acuerdo con la normativa vigente en materia de contratación administrativa, "posibilitaban la exención de las normas que exigen la publicidad y la concurrencia en materia de contratación y, en consecuencia, aseguraba que la prestación fuera realizada sin objeción alguna sólo por las empresas" vinculadas a Cuadrado "y el pago inmediato de la retribución convenida atendida la escasa sujeción a las formas que imponía la legislación para los contratos administrativos" aludidos.

De este modo, "bastaba una memoria descriptiva de la prestación a ejecutar (elaborada por el propio director general de Trabajo) y la presentación de la factura con un concepto falso para proceder al pago (en el caso de la contratación menor) o la negociación de los términos del contrato (con un objeto igualmente falso) con la entidad adjudicataria (en el caso del procedimiento negociado sin publicidad)".

La Junta precisa que las mercantiles "que participaban en la contratación por procedimiento negociado sin publicidad o que giraban las facturas falsas (contratos menores) para su cobro estaban todas vinculadas" a Ulpiano Cuadrado, tratándose de Umax Informática y Consultoría, Inaria Consultores, Square Inversiones y Ultra Informática.

Al hilo, la Junta pone de manifiesto que la "contraprestación" a recibir por las empresas vinculadas a Ulpiano Cuadrado, como él mismo reconoció en el escrito dirigido a la Consejería de Empleo para reclamar determinadas cantidades adeudadas de 2008 en adelante, consistía en el importe bruto de las retribuciones y cotizaciones sociales de los trabajadores contratados para prestar sus servicios en la Dirección de Trabajo más un porcentaje no inferior al 20 por ciento de dicho importe, porcentaje "que constituía la retribución" del empresario "por la única labor de formalizar los contratos de trabajo y dar de alta en la Seguridad Social a las personas que indicaba" Guerrero.

"CONTRATACIÓN FICTICIA"

De este modo, los pagos efectuados a las sociedades vinculadas a Ulpiano Cuadrado "provenían, en virtud de las relatadas fórmulas de contratación ficticia", tanto de la Dirección de Trabajo como, "por instrucciones de ésta", de las delegaciones provinciales de Empleo, el SAE, y de la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe), ya extinguida e integrada actualmente en el SAE.

Finalmente, "al margen de los fraudulentos expedientes de contratación administrativa", se concedieron a las empresas de Cuadrado tres subvenciones en cuyos expedientes "las condiciones para obtener la subvención fueron falseadas", ya que los trabajadores contratados en virtud de los compromisos de contratación inherentes a tales subvenciones "venían ya prestando sus servicios" en la Dirección de Trabajo "previo concierto" con Guerrero y Márquez, de modo que tales expedientes de subvención "fueron empleados de modo fraudulento para retribuir la actividad" del empresario acusado.

La Junta concluye afirmando que las cantidades abonadas "mediante el uso de la contratación fraudulenta" a las sociedades de Ulpiano Cuadrado tanto en los servicios centrales de la Dirección de Trabajo como, "por orden de ésta", en las delegaciones provinciales de Empleo, en el SAE y en la Faffe, ascendieron a un total de 4,4 millones de euros.

Asimismo, las cantidades abonadas a las sociedades de Cuadrado "en virtud de las subvenciones concedidas con falseamiento de los presupuestos necesarios para su otorgamiento" ascendieron a la cantidad de 390.257 euros.

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