La Junta pide una reunión a Báñez para que corrija su "doble castigo" a Andalucía en empleo

Fátima Báñez y José Sánchez Maldonado
EUROPA PRESS
Actualizado 18/04/2017 13:51:49 CET

SEVILLA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La Junta de Andalucía ha solicitado una reunión a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ante el "doble castigo" que ha recibido Andalucía por parte del Gobierno central en las dos últimas semanas en materia de empleo, por un lado por no concederle un plan de empleo especial en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2017, y por otro por el "recorte" en los fondos para la política activa empleo. "Andalucía no puede ser la única comunidad que pierde fondos por deseo expreso del PP", ha apostillado.

   Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, donde ha explicado que dicha solicitud se hará efectiva este mismo martes por escrito por parte del consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado.

   Vázquez ha tildado de "atropello" las últimas decisiones del Ejecutivo central en este sentido que afectan a Andalucía, a la par que ha considerado que las decisiones que se adoptan en el Consejo de Ministros responden a "mercadeo político". Con todo, ha confiado en que dicha reunión "sea atendida y no haya demora porque el empleo es el principal problema de los andaluces", antes de criticar que el Gobierno de Rajoy "se desentiende del problema del paro en Andalucía".

   Respecto al "doble castigo" que Andalucía ha recibido en materia de empleo, según ha expuesto el portavoz, el primero se refiere al hecho de que los Presupuestos Generales del Estado de este año no se incluya un plan especial de empleo para la comunidad, que sí se concede, en cambio a otros territorios.

   Ha indicado que antes de la llegada del PP a la Moncloa, Andalucía era una de las comunidades, junto a Extremadura, Canarias y Castilla-La Mancha, que tenía consignados fondos especiales para planes integrales de empleo, si bien, a partir del año 2012, el Ejecutivo de Mariano Rajoy eliminó el plan especial de empleo para Andalucía y lo dejó solo para Canarias y Castilla-La Mancha. En la actualidad, según ha apuntado el portavoz, sólo lo deja para Canarias, excluyendo a Extremadura porque esta comunidad está ahora gobernada por el PSOE y no por el PP, como ocurría en 2012.       

   "El reparto de los planes especiales de empleo está en función del capricho político del Gobierno y de una decisión con intencionalidad política", ha denunciado Vázquez, quien ha advertido de que la Junta no va a parar reivindicar que se trate a Andalucía como se merece.

SEGUNDO "ATROPELLO" EN EMPLEO: LAS PAE

   En cuanto al segundo de los "atropellos", según el portavoz, se refiere al reparto "arbitrario de los fondos de políticas activas de empleo", de manera que el consejero andaluz tiene intención de exigir a la ministra una rectificación, porque Andalucía es la única comunidad que "pierde fondos, por el deseo expreso del Partido Popular".

   En este sentido, el Gobierno andaluz ha acordado reclamar al Ejecutivo central la convocatoria urgente de una reunión bilateral para replantear las asignaciones de los fondos de Políticas Activas de Empleo 2017 a la comunidad, tras la distribución "discriminatoria" que se realizó en la última Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales el pasado 11 de abril.

   Según el Ejecutivo, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social anunció en este foro un recorte de 13,3 millones de euros respecto a 2016, con una asignación 324,41 millones que supone un 3,95 por ciento menos, y Andalucía es la única región a la que se le han recortado fondos en este año.

   Junto a esta cantidad para políticas activas de empleo, Andalucía recibirá otros 33,8 millones de euros para el programa específico de atención a parados de larga duración. Incluyendo esta iniciativa, la cuantía total asciende a 358,2 millones de euros, 11 millones menos que el pasado ejercicio, según el portavoz del Ejecutivo andaluz, quien ha apuntado que, desde que llegó Mariano Rajoy a la Moncloa, el Gobierno ha "escamoteado" a Andalucía casi 2.200 millones en políticas activas de empleo.

   La Junta de Andalucía ha instado también al Gobierno de España para planificar la nueva Estrategia de Activación del Empleo 2017-2020, dado que la anterior finalizó en 2016 y aún no se ha diseñado una nueva.

   Asimismo, el Ejecutivo andaluz reclama mayor transparencia a la hora de evaluar a las comunidades autónomas en la ejecución de los fondos de políticas activas de empleo y censura que se desconozca el resultado global de las evaluaciones que realiza el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, cuyos datos son esenciales para el reparto, así como que los criterios de las mismas se modifiquen año a año sin mayor explicación.

   En este sentido, el Consejo de Gobierno considera que la evaluación sobre ejecución llevada a cabo en Andalucía en dos de las partidas no debería tener ningún efecto en los criterios de distribución, ya que ninguna de ellas se ha llevado a cabo.

   La primera de ellas se refiere a los fondos de Formación Profesional para el Empleo, cuyas convocatorias fueron paralizadas por la Junta a partir de 2012 tras la campaña de "judicialización" que sufrió esta área, un proceso que está a punto de concluir en los tribunales con el reproche jurídico a los denunciantes y todos los procedimientos favorables a la Administración de la Junta. El Ejecutivo autonómico subraya que, si no hubo cursos, el grado de cumplimiento de objetivos no puede ser una variable para disminuir las cantidades asignadas.

   "El tiempo ha venido a dar la razón a la Junta y ha demostrado que esa gran farsa que había montado el Gobierno del PP sobre la formación ha sido desmontada por el poder judicial y ha dejado en evidencia a los dos actores, al Gobierno y el PP", según Miguel Ángel Vázquez, que ha exigido a ambos una "disculpa pública por desgastar gratuitamente la imagen de Andalucía y atacar con motivos espurios al Gobierno andaluz".

   En segundo lugar, la Junta recuerda que, por mandato del Parlamento de Andalucía, en 2012 se acordó que no se privatizara ninguno de los servicios prestados por el Servicio Andaluz de Empleo y que no se derivaran a las agencias privadas de colocación. Añade que los 20,6 millones de euros asignados el pasado año para estas entidades no se han ejecutado en Andalucía al no existir convenios específicos con las mismas, por lo que tampoco pueden ser tenidos en cuenta en los criterios de evaluación.

   Finalmente, la Junta señala que la partida de fondos de 2016 destinada a políticas de empleo para parados mayores de 45 años se notificó por parte del Gobierno central a finales del pasado mes de diciembre. El pago, según añade, se hizo efectivo en enero de 2017, lo que hizo imposible su ejecución por parte de la comunidad, habida cuenta de que ya estaba prácticamente cerrado el ejercicio presupuestario. La Junta considera que tampoco en este caso procede tomar en cuenta el criterio de evaluación para la distribución de fondos en 2017.

   Como respuesta al "recorte" que ha sufrido la comunidad, la Junta reclama al Gobierno central las cantidades correspondientes a los fondos de formación que ha dejado de ingresar desde 2012 por la paralización de las convocatorias de cursos de FP para el Empleo.   

   Vázquez ha indicado que a los dos "atropellos" que Andalucía ha recibido en relación con el empleo, se une un "hachazo" del 36,6 por ciento en la partida de inversiones recogida en los Presupuestos Generales del Estado de este año. Andalucía, según ha agregado, recibirá el 13,5 por ciento de la inversión total del Estado, un porcentaje alejado de su nivel de población, que es del 18 por ciento.

Rafael Catalá

Rafael Catalá

Ministro de Justicia

28/11/2017

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