En función de la respuesta que se obtenga del Gobierno, el gabinete jurídico autonómico definirá las posibles acciones judiciales
SEVILLA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Junta ha presentado ante la Delegación del Gobierno en Andalucía un requerimiento de carácter administrativo dirigido a la titular del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para que, en base a informes técnicos de entidades como el Instituto Geológico Minero o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), deje sin efecto y revoque su rechazo a la solicitud de la administración autonómica para paralizar las actuaciones de cara a la instalación de un proyecto de almacenamiento y explotación de gas natural en el subsuelo del espacio natural de Doñana.
Esta actuación, según ha manifestado a Europa Press el consejero andaluz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, concluye el estudio de la "ingente" información sobre el asunto por parte del gabinete jurídico, después de que el mismo haya propiciado, al margen de las resoluciones técnicas reseñadas, otras procedentes de instituciones como el Defensor del Pueblo.
Al respecto, Fiscal ha recordado la intención de la Junta de reiniciar el proyecto de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en base a una modificación de las condiciones a tenor de los informes hechos públicos. Así, también se reclama, una vez que, si procede, se acuerdo el cambio en la EIA, que se inste al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, competente en el asunto, a detener la ejecución del subproyecto de Marismas Occidental, el único en marcha.
"Entendemos que no se dan las condiciones de garantía a tenor de estos informes, que no son de cualquier institución, y que debe darse una evaluación --sobre todo en lo que se refiere al riesgo sismológico, principal punto de fricción-- conjunta y no por subproyectos, y mientras, que se paralicen las obras", ha abundado el consejero.
Y es que, a juicio de Fiscal, dicha evaluación conjunta probablemente habría arrojado unos resultados "muy distintos". Hasta ahora, añade, el Gobierno de España "se ha cerrado en banda contra todos y no ha adoptado ninguna medida: por responsabilidad, debería pararse el proyecto y averiguar si es verdad lo que dicen los informes".
Este requerimiento administrativo, apostilla el titular andaluz de Medio Ambiente, se ha llevado a cabo en cumplimiento del procedimiento preceptivo previo dirigido a, si llegara el caso, judicializar el asunto. A la espera de respuesta ministerial, y en función de la misma, el gabinete jurídico decidirá exactamente las acciones a seguir.
