Junta recalca que el 99% de resoluciones de desamparo son ratificadas judicialmente frente a críticas de "uso abusivo"

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Sánchez Rubio en el Pleno del Parlamento
JUNTA DE ANDALUCÍA
Publicado 15/02/2018 14:34:11CET

Sánchez Rubio informa en el Parlamento sobre la atención y las actuaciones dirigidas a los menores que están bajo la tutela autonómica

SEVILLA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha señalado que el 99 por ciento de las resoluciones de declaración de desamparo son ratificadas en sede judicial, frente a las críticas de Podemos, que, en una pregunta en el Pleno del Parlamento andaluz, ha incidido en el "uso abusivo y descontrolado" que por parte del Ejecutivo autonómico considera que se hace de esta figura.

En su respuesta para informar sobre las políticas dirigidas a los menores que están bajo la tutela de la Junta, Sánchez Rubio ha dejado claro que "la inmensa mayoría de los menores están a salvo del desamparo", porque desde la Junta se ha apostado por las políticas preventivas para intentar mantener a los menores en su entorno familiar con el trabajo de los equipos de tratamiento familiar, que son los encargados de explorar y analizar la situación de los menores y de corregir los factores de riesgo que puedan afectar a su bienestar: no se declara el desamparo hasta que se descarta la posibilidad de que el menor siga en su entorno familiar, ha matizado.

La consejera ha querido resaltar que para la Junta "la familia es el ámbito preferente, el medio natural para lograr el adecuado desarrollo de los menores". Ha recordado que así lo ponen también de manifiesto los estudios y trabajos de las personas profesionales que recomiendan un entorno familiar como el núcleo donde mejor se adquiere y fomenta el vinculo afectivo, necesario para el desarrollo emocional y social del menor sobre todo en los de corta edad (0 a 6 años).

Dicha preferencia constituye un principio de actuación de las políticas dirigidas a la infancia y a las familias en Andalucía, ha puntualizado. En total, se han destinado 27 millones a ayudas económicas para evitar el desamparo y se ha atendido a 42.398 menores.

Ha recordado también el II Plan de Infancia y Adolescencia en Andalucía, que incluye entre sus objetivos que en 2020 no haya ningún menor de 12 años en centros de protección sino con familias acogedoras. La consejería de Igualdad y Políticas Sociales destina al acogimiento 15 millones de euros al año.

No obstante, para los menores que no han sido acogidos por una familia extensa o ajena, la Junta cuenta con el Programa +18 para atender a los jóvenes una vez que han alcanzado la mayoría de edad. La consejera ha recordado que ésta es una iniciativa pionera en su momento, que se puso en marcha para prestar apoyo y acompañamiento a aquellos jóvenes que han estado tutelados por la Junta y que han salido del sistema al alcanzar la mayoría de edad pero que necesitan un apoyo y seguimiento hasta completar sus posibilidades de vida autónoma. Con esta finalidad, a través del programa se les garantiza la atención por parte de profesionales que les orienten y acompañen en sus primeras experiencias laborales o el acceso de la vivienda.

En concreto, en 2017 se ha atendido a 1.848 jóvenes, de los que más del 91 por ciento están realizando itinerarios de inserción, más del 64 por ciento recibe formación y el 50 por ciento tiene alguna experiencia laboral. Asimismo, más del 53 por ciento de los jóvenes que han salido del recurso el año pasado tienen una autonomía alta. Estas cifras revelan "la eficacia y eficiencia del programa, su optimización y rentabilidad social a lo largo de todos estos años", ha apostillado la consejera.

El programa es de carácter voluntario y se desarrolla a través de diferentes recursos como los pisos de autonomía y centros de día donde reciben asesoramiento, apoyo, cursos y orientación sociolaboral para facilitar la emancipación, evitando situaciones de exclusión social.

Respecto de los centros de protección, ha recordado que son gestionados por entidades sin ánimo de lucro mediante conciertos, con un presupuesto de 57,1 millones de euros en 2017 para la contratación y gestión de los mismos. Ha indicado que la Junta está estudiando un mapa de centros que estén especializados en las nuevas necesidades de los menores que están llegando al sistema de protección.

Para cerrar su intervención, Sánchez Rubio ha señalado que "aunque debemos mejor la atención a las necesidades emocionales y afectivas de los menores que están protegidos por el sistema, no hay día que la Junta no dedique todos los esfuerzos necesarios para mejorar su vida y su día a día".

TRABAJAR CON LAS FAMILIAS DE ORIGEN

Por su parte, la parlamentaria de Podemos Esperanza Gómez Corona ha calificado de "fallida" la protección autonómica de menores y que podría llegarse a resultados más fructíferos si el trabajo se centrara en las familias de origen "para que no se produzcan las disfunciones".

"Sucede una cosa terrible, como es que muchos menores en desamparo y en los centros de protección cuando cumplen 18 años no tienen sitio al que volver y regresan con familias con las que no se ha trabajado", ha lamentado Gómez Corona, que indica que las políticas de fomento del acogimiento familiar "van en teoría muy bien, pero no están funcionando".