La consejera de Igualdad expone en el Parlamento la atención legal del colectivo para luchar contra las situaciones de discriminación
SEVILLA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha subrayado el compromiso por la igualdad real que promueve la ley andaluza para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas Lgtbi (gais, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales). Sánchez Rubio ha abordado en el Parlamento la atención al colectivo, donde ha destacado como principal novedad de la ley la inclusión de las familias en su ámbito de aplicación, especialmente las homoparentales.
Sánchez Rubio ha tomado como punto de partida el lema del Día del Orgullo Gay 'Conquistando la igualdad, transformando la sociedad' para desgranar el contenido de una norma legal "que nos acerca a la igualdad real y que se caracteriza por su transversalidad". En este orden de cosas ha resaltado el refuerzo de la planificación y transversalidad de las políticas públicas y la elaboración de un Plan de Acción Interdepartamental para la Igualdad y no Discriminación LGTBI.
En su intervención, la consejera ha recordado que la ley de diciembre de 2017 abarca distintos ámbitos como el educativo en el que se impulsarán medidas para detectar, prevenir y proteger de acciones de discriminación o de acoso, así como evitar la impartición de contenidos discriminatorios hacia las personas Lgtbi y los menores que forman parte de familias homoparentales.
Además, no se podrán realizar conciertos administrativos con los centros que promuevan en su ideario algún tipo de discriminación hacia el alumnado por razón de orientación sexual, identidad de género o por pertenecer a una familia homoparental.
Por su parte, en materia sanitaria, en el marco del Proceso Asistencial Integrado de la Consejería de Salud, se contempla el derecho de las personas menores transexuales a recibir tratamiento de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad. Por otra parte, la ley garantiza también los derechos de las personas jóvenes, mayores, con discapacidad, migrantes y refugiadas y establece medidas de protección a las víctimas de violencia intragénero a través de los Servicios de Asistencia a las Víctimas (SAVA).
También los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad deberán implantar un protocolo de atención a las víctimas Lgtbi en las Policías Locales y en la Unidad de Policía Adscrita.
En el área de la publicidad, por ejemplo, el Consejo Audiovisual de Andalucía podrá solicitar de los anunciantes y empresas audiovisuales, por iniciativa propia o a instancia de las partes interesadas, el cese o la rectificación de la publicidad ilícita o prohibida.
La consejera se ha referido también al ámbito de la cooperación en el que se promueve el impulso de proyectos que propicien y defiendan el derecho a la vida, la igualdad, la libertad y la no discriminación de las personas Lgtbi en aquellos países en los que estos derechos son negados o dificultados, así como la protección de personas frente a las persecuciones y represalias.
ÓRGANO DE CONSULTA
Asimismo ha destacado la creación del Consejo Andaluz de Participación del colectivo Lgtbi, en fase de revisión legislativa, como órgano de consulta en materia de derechos y políticas públicas del colectivo y contra la Lgtbifobia, y la elaboración de un informe estadístico anual, por parte de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en el que se incluirán las agresiones y discriminaciones contra personas del colectivo y los casos de delitos odio.
Del mismo modo, por decreto del Consejo de Gobierno, se ha regulado la elaboración de un informe bienal sobre actuaciones en identidad de género que se remitirá al Parlamento de Andalucía. Este informe refleja las acciones desarrolladas por la Junta entre 2014, fecha de entrada en vigor de la anterior ley que regulaba parcialmente los derechos del colectivo, y 2016, con un balance de 1.271 personas asesoradas sobre cambio de sexo, entre otros datos.
Además de asesoramiento, se han concedido más de 170.000 euros en subvenciones a las asociaciones representativas de las personas transexuales y sus familias, de las que se han beneficiado 2.400 personas y a iniciativas de formación y contra la transfobia promovidas por el Instituto Andaluz de la Juventud.
Sánchez Rubio ha recordado que la ley contiene un régimen sancionador con multas desde 6.000 euros para las infracciones leves hasta 120.000 euros para las muy graves, además de sanciones accesorias de cierre del servicio o actividad, inhabilitación temporal, prohibición de ayudas públicas, y otras por un periodo de hasta cinco años en los casos más graves.
Para cerrar su intervención la consejera ha reiterado el compromiso del Gobierno andaluz de "seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria, más justa y más realista, que acepte con normalidad a todas las personas".
