Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 08/04/2010 06:00
La Audiencia Provincial de Sevilla juzgará hoy jueves a dos personas, identificadas como F.M.C. y F.J.C., para las que la Fiscalía solicita siete años de prisión por pagar una serie de servicios con pagarés sin fondos por valor de más de 30.000 euros.
Este juicio tenía prevista su celebración el pasado día 3 de marzo en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, pero finalmente tuvo que ser suspendido tras renunciar uno de los imputados a su abogado de oficio.
Según relata el Ministerio Público en su escrito de acusación, consultado por Europa Press, F.J.C. fue entre 2000 y 2002 administrador único de una empresa radicada en Dos Hermanas, la cual mantenía relaciones profesionales con otras tres empresas.
En virtud de dichas relaciones, el 8 de mayo de 2001 el acusado extendió a favor de T.G.P. un total de siete pagarés con un valor total de 8.764,75 euros, mientras que también libró 16 pagarés por valor de 14.424,29 euros a favor de J.A.T.. Además, entre diciembre de 2000 y julio de 2001 solicitó los servicios de una asesoría, los cuales le generaron una deuda de 6.693 euros.
El fiscal añade que todas estas obligaciones "fueron sistemáticamente desatendidas, de modo que los diferentes pagarés fueron devueltos a sus beneficiarios por falta de fondos, y las cantidades reclamadas por la asesoría completamente ignoradas, todo ello pese a las reclamaciones que le fueron dirigidas por los distintos acreedores".
Agrega que, en todos los casos, el acusado "asumió las obligaciones siendo consciente de que no les haría frente", e indica que, "viendo las deudas impagadas y la posibilidad de que pudiera ser acordado y ejecutado el embargo de los bienes de la sociedad, el acusado procedió a la venta de dos fincas, aunque en ninguno de los casos ingresó el dinero en el haber de su empresa, de modo que con ello se pudiera proceder al pago de los créditos reclamados".
De esta forma, añade que en ambos casos el comprador fue el también acusado F.M.C., unas operaciones que "se llevaron a cabo entre comprador y vendedor a fin de salvar los bienes de la sociedad de futuras reclamaciones, lo que sin duda alguna consiguieron".
Por estos hechos, el Ministerio Público pide para F.J.C. dos años de prisión por un delito de insolvencia punible y otros tres años por estafa, mientras que para F.M.C. solicita dos años de cárcel por el delito de insolvencia punible.