Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 10/11/2009 16:45
La Junta de Andalucía dio este martes un "último plazo" o 'ultimatum' a los propietarios de los astilleros de Sevilla y Huelva para que acepten el plan propuesto por la Administración e introduzcan las modificaciones "de forma" que quieran hacer al documento del Gobierno andaluz, ya que, de lo contrario, la Junta "entenderá que no se va firmar ningún acuerdo y actuará conforme a su criterio", esto es, buscando empresas que se instalen en las zonas navales de ambas ciudades para solventar "problemas de empleo que se irían generando".
Según confirmaron a Europa Press fuentes de la Junta, en la reunión celebrada este martes en Sevilla "no ha habido finalmente acuerdo entre la Junta y los propietarios", de forma que la Junta ha abierto un último plazo de 48 horas para que la dirección de la empresa presente otra alternativa o acepte los contenidos importantes del plan presentado por la Junta y aporte las modificaciones "de forma" que estime oportunas a dicho documento, cuestiones que se habían comprometido a hacer llegar este martes.
De esta forma, fuentes cercanas a la negociación indicaron a Europa Press que, si pasadas esas 48 horas, los empresarios no emitieran ninguna declaración al respecto, la Junta entenderá que "no se va a firmar nada y actuará conforme a su criterio, sin contar con la colaboración de la dirección de la empresa".
Las fuentes apuntaron que la empresa había apostado por "mantener la actividad en Huelva y vender la planta de Sevilla para reflotar la onubense", algo "poco viable", según las fuentes consultadas, teniendo en cuenta la "situación límite" en la que se encuentran las factorías. De hecho, la dirección de la empresa planteó a la Junta que le dijera "qué inversores están dispuestos a comprar la planta de Sevilla para invertirlo en reflotar Huelva", frente a lo que las fuentes recordaron que "existen inversores, no compradores".
De esta forma, en el caso de que en 48 horas la empresa no emitiera ninguna respuesta ni ninguna "modificación formal, no sustancial" al plan de la Junta, el Gobierno andaluz "entenderá que no hay acuerdo y deberá actuar en el sentido de intentar garantizar la actividad industrial pero sin la colaboración de la empresa".
Así, la Junta "empezaría a buscar empresarios interesados para que se vayan instalando en la zona para dar solución a los problemas de empleo que se irán generando en el caso de que mantenga la situación tal cual".
Las fuentes aseguraron que "existen inversores privados interesados en entrar en la planta de Sevilla y en la de Huelva", aunque cree que la empresa no va a replantearse sus posicionamientos actuales ni va dar "marcha atrás" porque "no se plantea cerrar la planta de Huelva como una opción".
LOS TRABAJADORES, A FAVOR DE LA JUNTA
Por otro lado, fuentes sindicales mostraron su apoyo a los planteamientos de la Junta, puesto que, según manifestaron a Europa Press, "a estas alturas no es posible la continuidad de la actividad ni en Huelva ni en Sevilla si no es sobre la base inicial del acuerdo con la Junta", aunque pidieron a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa que aporte más información y más detalles sobre sus planteamientos y alternativas y sobre los posibles inversores y empresas interesadas.
Los trabajadores consideraron que "nadie se puede quedar sin hacer nada" y consideraron el planteamiento de la Junta como "el más acertado, ya que la empresa prefiere seguir como hasta ahora, lo cual generaría una situación de incertidumbre".