JAÉN, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Subdelegación del Gobierno en Jaén tiene previsto imponer "sanciones económicas" contra los vecinos que protagonizaron manifestaciones en Castellar sin comunicarlo "en tiempo y forma" a dicha instancia en el marco de los incidentes registrados entre varias familias el pasado mes de agosto en dicho municipio.
Así lo ha avanzado este martes el subdelegado, Juan Lillo, quien a preguntas de los periodistas ha confirmado que el asunto que originó esos altercados "está resuelto" y actualmente "la cosa está tranquila" en el municipio.
Además, ha querido resaltar que los incidentes se produjeron "entre varias personas de nacionalidad española y residencia en Castellar", sin mencionar ni destacar el origen gitano de las mismas. "No voy a hacer más distinción que esa", ha apostillado en esta línea antes de recordar que la Administración central intervino en este conflicto a través de la Guardia Civil para "mantener el orden público".
De esta manera, la Benemérita "se ha ocupado de que hubiera fuerza permanente y de forma suficiente para que no se produjese ningún tipo de altercado", según ha abundado Lillo, que ha añadido que "a partir de ahí todo está en manos del juzgado, que ya ha hablado y ha impuesto una serie de sanciones y condicionamientos".
El subdelegado ha aludido así al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Villacarrillo, donde se plantearon diligencias urgentes y tuvo lugar finalmente un juicio rápido y se dictó sentencia, en la que se consideró probado que seis personas se dirigieron sobre las 21,00 horas del 19 de agosto al domicilio de un vecino "comenzando a causar destrozos en la vivienda y en tres vehículos" por valor de 8.229,85 euros.
Además, agredieron y "causaron lesiones" al propietario de la vivienda y a su hija "precisando ambos primera asistencia, tardando en curar dos días no impeditivos", así como a la esposa del hombre, aunque "sin llegar a causarle lesión".
Al entender que se había producido un delito de daños, dos faltas de lesiones y una falta de maltrato, el juzgado impuso a cada uno de los seis hombres una multa de 1.440 euros, así como, por cada una de las tres faltas, 20 días de multa con una cuota diaria de seis euros. Además, les prohíbe comunicarse por cualquier medio así como de aproximarse a las tres víctimas y a su domicilio en un radio de 50 metros durante seis meses.
En relación a esa última prohibición, el subdelegado ha indicado que desde entonces, y en una ocasión, una de las personas a las que se le ha impuesto ésta "fue a tomar café y rompió esa distancia", pero sin que hubiera "más incidencia". "Ahora mismo la cosa está tranquila, hay convivencia y espero que reine la paz social en Castellar", ha insistido.
Por último, y después de que organizaciones como la Fundación Secretariado Gitano (FSG) criticara las "manifestaciones vecinales no autorizadas, convocadas a través de teléfonos móviles y redes sociales, pidiendo que varias familias gitanas se marcharan del pueblo, al considerarlas problemáticas", Lillo ha señalado que desde la Subdelegación "se han levantado las correspondientes actas de sanción" contra las personas que se han manifestado sin realizar "la comunicación correspondiente en tiempo y forma" a la Subdelegación, de modo que esta cuestión "acabará lógicamente en una sanción económica, como no puede ser de otra manera".
