Maeztu pide "cerrar filas" ante el salario social y aboga por su regulación transitoria hasta aprobar la renta básica

 

Maeztu pide "cerrar filas" ante el salario social y aboga por su regulación transitoria hasta aprobar la renta básica

Jesús Maeztu
EUROPA PRESS/PARLAMENTO/ARCHIVO
Publicado 05/04/2017 17:00:18CET

SEVILLA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha pedido este miércoles en el Parlamento "cerrar filas" ante el programa de solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad de emergencia (el llamado salario social) para "garantizar su continuidad" y ha recomendado la aprobación de una regulación transitoria hasta que esta ayuda sea de facto un derecho subjetivo, como recoge la reciente ley de Servicios Sociales, o bien se apruebe una ayuda de estas características en todo el territorio nacional.

Durante la presentación en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales del informe especial elaborado por la institución sobre los '25 años del programa de solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad en las actuaciones del Defensor del Pueblo andaluz', el Defensor ha insistido en la necesidad de una derogación del programa actual y su sustitución por otro que supere las principales deficiencias detectadas en la investigación.

Entre las deficiencias en la aplicación del programa de solidaridad, que "se dan desde el primer decreto en 1990 y que lamentablemente perduran hasta la actualidad", apunta Maeztu, está "la excesiva lentitud en el procedimiento administrativo y desigualdades territoriales en la gestión, las dificultades presupuestarias, la temporalidad de seis meses de la ayuda o que el programa renuncia a sus objetivos de lograr la reinserción social"

Para el Defensor, el cambio en el perfil de los solicitantes o los retrasos en los pagos del salario social dejan "obsoleto" el programa, por lo que urge su modificación. En este sentido, Jesús Maeztu ha reconocido la voluntad de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de proceder a la modificación del programa y ha destacado la acogida que han recibido las propuestas emitidas por la institución.

En este informe, el Defensor del Pueblo andaluz reúne una serie de recomendaciones y conclusiones para, entre otras cuestiones, redefinir y mejorar la regulación de las personas beneficiarias, así como aclarar el concepto de unidad familiar de acuerdo a las actuales circunstancias sociales y mejorar los recursos destinados a las familias, así como su determinación y valoración.

Desde el PP, Amelia Palacios ha dicho que la primera conclusión que se extrae de este informe es que "el principal problema de los andaluces sigue siendo la pobreza persistente", porque "hace 40 años Andalucía era la gran enferma, y las cuatro décadas del PSOE no ha servido para llevar a planta al enfermo, que continúa en la UCI". Además, señala que el salario social surgió al principio de los 90 para atajar situaciones de peligro de exclusión social, pero "fue ya un reflejo del fracaso de la gestión d la Junta", y lo que "debería haber sido un solución temporal, se ha convertido en un parche que a duras penas puede resolver las cada vez más acuciantes necesidades".

Por su parte, Marta Bosquet de Ciudadanos ha asegurado que el programa de solidaridad "no viene a solventar la situación", y muestra su acuerdo con este informe en cuanto a lo "inaplazable de su derogación y la necesidad de una nueva regulación". Además, dice que "llama la atención" que en los 25 años de este programa "haya muchas cuestiones que no se hayan solventado", por lo que pide poner al frente de la gestión "a personas válidas y capaces".

Jesús Romero de Podemos ha señalado que desde 1990 "se han detectado diferentes faltas de concreción e irregularidades" en el desarrollo de este programa de solidaridad, y recomendaciones emitidas que "no han sido tomadas en cuenta por parte de los gobiernos", un extremo que ve "significativo con arreglo a la sensibilidad que este Gobierno muestra ante la situación de pobreza", manifiesta. "Tenemos que coger el toro por los cuernos y hacer todo lo posible porque la situación de desigualdad de la población andaluza se ha intensificado".

Soledad Pérez del PSOE ha destacado que la Ley de Servicios Sociales garantiza en su artículo 42 las prestaciones de este tipo, y tacha de "curiosa" la intervención de otros comparecientes, cuando desde el PSOE "se lleva mucho tiempo reivindicando un sistema estatal de ingresos mínimos que sea ambicioso". En este sentido, señala que Andalucía "no ha reducido ni un solo euro en estos años, y no llegamos porque estamos solos en su defensa". "Estamos en un discurso perverso desde los grupos políticos", concluye.

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