Magistrado emérito del TS pide "no criminalizar" el referéndum en Cataluña

 
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Magistrado emérito del TS pide "no criminalizar" el referéndum en Cataluña

El exfiscal y magistrado emérito del TS José Antonio Martín Pallín en el centro
EUROPA PRESS
Publicado 07/10/2016 13:57:03CET

CÓRDOBA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jurista español, exfiscal del Tribunal Supremo (TS) y magistrado emérito del mismo José Antonio Martín Pallín ha pedido este viernes "no criminalizar" la celebración del referéndum de independencia aprobado este jueves por el Parlamento catalán, que sea vinculante como "muy tarde" en septiembre de 2017 y que apuesta por convocarlo con o sin el aval del Estado.

Durante su participación en 'Los desayunos de Córdoba', organizados por 'Diario Córdoba', donde ha ofrecido la conferencia titulada 'Poder judicial y constitución en la España actual', el ahora letrado ha comentado que la consulta anterior "movilizó a varios millones de personas", pero "no produjo ningún efecto" en la práctica, por lo que "ahí se agota una simple manifestación de voluntad".

Por tanto, ante la nueva fecha que se baraja, ha asegurado que "no tendría ningún obstáculo en que se celebre", pero "sin ir a las vías de hecho" en este caso. Además, ha dicho que "llama la atención" hechos como que el Tribunal Constitucional (TC) haya pedido a la Fiscalía que estudie proceder contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por permitir en julio de este año la votación sobre las conclusiones de la Comisión de estudio del proceso constituyente.

Al respecto, considera que "está en peligro la división de poderes", dado que ante cualquier decisión que provenga de un Parlamento, sea "buena o mala", "la solución tiene que ser política", de manera que "no se puede criminalizar la actividad de los Parlamentos sin grave riesgo de la democracia".

Es más, según ha agregado, ello "contribuye a debilitar la confianza de los ciudadanos en los jueces" al actuar "en contra de la decisiones parlamentarias", cuando, según ha resaltado, "la confianza de los ciudadanos es esencial para el mantenimiento de los valores democráticos". Y es que, "toda cuestión que pase por un parlamento, que tiene la legitimidad de la soberanía popular, es un conflicto político que no puede ser criminalizado, sino que hay que buscar otras salidas" y "no pretender acusar de desobediencia".

'GÜRTEL' Y TARJETAS BLACK'

Por otra parte, el exfiscal del Tribunal Supremo cree que "no es una buena imagen" que solo los jueces Baltasar Garzón y Elpidio Silva sean hasta ahora los condenados por los casos 'Gürtel' y 'tarjetas black', respectivamente, al tiempo que ha dicho que le "preocupa el retraso" en ambos procesos.

Mientras, ha aseverado que no entiende cómo los políticos dicen que hay que hacer un gran pacto contra la corrupción, "como si la corrupción fuera una cosa que se puede cometer impunemente", ha señalado el juez, quien ha recordado que "desde 1848 existen en el Código Penal instrumentos más que suficientes para castigar conductas corruptas".

De igual modo, ha lamentado "el espectáculo" en el que se han convertido los "macroprocesos, donde las salas son equiparables casi a un estadio de fútbol", con la cantidad de abogados, acusados, periodistas y personas que están en la sala.

Igualmente, ha advertido del "abuso del ejercicio de la judialización en la política", al tiempo que ha negado "la politización de la justicia", puesto que "los jueces están en sus despachos y se pueden encontrar con una denuncia por lesiones, homicidio y hay alguien que les lleva un asunto con relevancia política que pasa a las primeras páginas". En este caso, ha puntualizado que los jueces no son los lo que han buscado el asunto.

Asimismo, ha apuntado a "algo que en este país va a costar mucho aceptar", precisando que el artículo 117 de la Constitución Española "prohíbe la afiliación política de los jueces", mientras que en otros países, como Italia y Alemania, "militan en partidos políticos", y "en ninguno de esos países se les ha ocurrido pensar que un juez por militar en un partido le inhabilite para ser juez, que pierda su independencia, ética y dignidad", de modo que lo ve como algo "intolerable y una patología de una sociedad que no es capaz de asimilar lo que es real".

AFORAMIENTOS E INDULTOS

En cuanto a los aforamientos, ha explicado que "en muchos países" solo se encuentran en dicha situación el rey y el presidente, mientras que "en este país se habla exageradamente de 7.000 aforados", cifra de la que ha discrepado, porque "se incluye indebidamente a jueces y magistrados, que no lo están", al tiempo que ha afirmado que el aforamiento de parlamentarios "no debe permanecer", porque "lo que garantiza su actividad es la existencia del suplicatorio", ha apostillado.

Y sobre la figura de los indultos, ha aludido a la regulación por "una ley de 1870", cuando "las circunstancias sociales, económicas y culturales han cambiado y ha llegado el momento de regular el indulto", al que no se opone, porque "puede servir para corregir excepcionalmente algunas situaciones", pero "no se puede aplicar con criterios de monarquía absoluta", ha remarcado.

"LA INDEPENDENCIA JUDICIAL"

En otro orden de cosas, el magistrado emérito del Alto Tribunal ha apuntado que "la independencia judicial está suficientemente garantizada por la Constitución Española y las leyes orgánicas del poder judicial", de modo que ha subrayado que si hay jueces que "no son independientes", será "porque no quieren", dado que "tienen todos los instrumentos a su alcance" para ello.

Al hilo de ello, ha advertido de "la tentación de un juez de controlar la actividad de otros poderes", señalando que "el activismo judicial es perjudicial para la independencia y la separación de poderes".

Entre otros temas que ha tratado, se encuentra "la selección de los jueces", donde ha indicado que "España es el único país en el que se seleccionan los jueces por un sistema memorístico", algo "inusual en cualquier otro sistema", donde "determina la selección la práctica y no la memoria", ha aclarado.

Igualmente, ha manifestado que "no se puede consentir el abuso del derecho con la acción popular"; es "falso" que solo hay justicia para quien puede pagarse un abogado", y ha cuestionado que "el derecho está al alcance de todos los tertulianos" a la hora de hablar en distintos medios de comunicación, algo que ha calificado como "una osadía".

Entre los asistentes a la conferencia están la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafi Crespín; el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco de Paula Sánchez Zamorano; el director general de CajaSur, Francisco Rapún; el vicepresidente cuarto de la Diputación, Salvador Blanco; el rector de la Universidad Loyola, Gabriel Pérez Alcalá; el decano del Colegio de Abogados, José Luis Garrido, y distintas autoridades políticas e institucionales.

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