Investigador privado de la fosa de Alfacar exige a la Junta que le retire el expediente

Actualizado 29/12/2009 13:29:36 CET

Amenaza con no realizar "ni una prospección" más en el ámbito de la memoria histórica

GRANADA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El investigador Luis Avial considera "absurdo y arbitrario" el expediente que le ha abierto la Junta de Andalucía para esclarecer el modo en que realizó una prospección privada en el parque de Alfacar (Granada), donde se creía enterrado el poeta Federico García Lorca, y ha instado por escrito a la administración a retirar este procedimiento.

En una carta remitida por correo electrónico al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y a la que tuvo acceso Europa Press, Avial advierte de que la investigación que realizó en la tarde del pasado 25 de septiembre en el parque de Alfacar fue "exactamente idéntica" a la que hizo ese mismo día por la mañana en Aguilar de la Frontera por encargo de la Consejería de Justicia para buscar a una mujer, llamada Ángeles Zurera.

Ante esta situación, el investigador se pregunta "¿por qué la Junta de Andalucía no me ha solicitado ninguna autorización previa para buscar a Ángeles Zurera y sí se me la exige para buscar a otra persona?". "¿Es que en Andalucía las leyes se aplican todavía según el apellido?", añade.

En este sentido opina que tiene "suficientes razones" para pensar que con este expediente la Junta le "quiere convertir en chivo expiatorio de la exhumación fallida en busca de los restos del poeta García Lorca".

NO COLABORARÁ CON LA MEMORIA

Avial recuerda en su carta que ha realizado "con gran entusiasmo" 93 búsquedas de fosas de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, de ambos bandos, y para toda clase de instituciones públicas y privadas, como gobiernos autonómicos y asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica.

A parte de estas 93 fosas relacionadas con la memoria histórica, la empresa de Avial también ha realizado "desinteresadamente" dos prospecciones para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con tutela judicial y gubernativa, localizando victimas de crímenes enterradas clandestinamente.

"En ninguna de estas 95 prospecciones realizadas a lo largo de toda la geografía nacional se ha precisado permiso previo específico, dado que ninguna ha sido realizada en espacios protegidos como yacimientos arqueológicos o bienes de interés cultural", aseguró el investigador, quien advirtió de que en caso de que no se le retire el expediente no colaborará con ninguna institución o fuerza de seguridad en este trabajo.

Así, finaliza su escrito solicitando a Griñán "comprensión para un ciudadano que sólo ha intentado arrojar luz donde había sombra, ayudando a muchos familiares de desaparecidos a enterrar con dignidad a sus deudos" y afirma que si finalmente la Junta le impone una multa administrativa la interpretará "como el precio que hay que pagar todavía en España para intentar localizar desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura".

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